Atribuido A - Marcelo Soza - Ex Fiscal Del Caso Rózsa “El Gobierno calla y permite que se me persiga como un delincuente”

Estoy fuera del país y comunico con pesar que he solicitado asilo político a Brasil. Soy el boliviano con el Nº 747 que lo solicita, hecho que demuestra la crisis estructural del sistema de justicia de nuestro país.

Tomé esta decisión luego de valorar cuidadosamente los riesgos de una verdadera persecución política a la que he sido sometido por el hecho de haber servido a mi país siendo fiscal de materia en La Paz.

(...) El Gobierno hace oídos sordos y permite que se me persiga como un vulgar delincuente. El mismo Gobierno que durante años alentó mi acción investigativa en el caso terrorismo I y me pedía hacer una serie de acciones, hoy me hostiga y permite que se me persiga ilegalmente desde el Ministerio de Gobierno. Mi vida en cualquier cárcel de Bolivia corre riesgo.

(...) Autoridades del Gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos, a lo que siempre me opuse. También me pedían que incluya en esta investigación a líderes cruceños sobre los que no tenían ninguna prueba, y más bien se mostraban complacientes con otras autoridades de oposición con lo que habían logrado un acuerdo.

Estas autoridades que hoy callan ayer me pedían que colabore con sus fines políticos para lograr ciertos resultados. Esas acciones fueron las que consiguieron que se desnaturalizara la investigación.

Actualmente soy perseguido por varios juicios injustos, todos por el único hecho de haber dirigido la investigación penal del caso terrorismo. La senadora Carmen Eva Gonzales no ha dejado un solo día sin perseguirme, pidiendo mi detención. Todas las fuerzas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional se unían para atacarme. Durante los últimos 12 meses he sido perseguido como si fuera un vulgar delincuente. Siento que algunos funcionarios del Gobierno se han unido a la oposición para buscar mi detención.

¿Este es el pago que recibo? Usarme vilmente para sus intereses políticos y luego abandonarme en manos de la derecha, cuyo único fin fue destruirme. De la misma forma, fui grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para que la oposición hiciera uso indiscriminado de esa grabación, para desprestigiarme.

Fui acusado de haber extorsionado a mucha gente, mi nombre fue utilizado por otras personas que se han aprovechado de esta investigación para enriquecerse, tal es el caso de Luis Norberto Clavijo, ministros y asesores del Gobierno. Así también como de abogados inescrupulosos de los propios investigados, este es el caso del Dr. Carlos Subirana Suárez. Ya llegará el momento para aclarar la verdad.

Finalmente digo al país que he intentado cumplir con mi misión como fiscal. (...) Todos los excesos que se han cometido no son de mi responsabilidad, como el operativo en el hotel Las Américas, donde murieron tres ciudadanos europeos. Esa es responsabilidad de las autoridades que llevaron adelante el operativo, quienes nunca me consultaron estas acciones. Yo me encontraba en La Paz.

Basé mi investigación en los informes de medicina forense elevados por el Dr. Torres Balanza, de balística y en los demás a los que tuve que someterme. Si existe alguna falsedad en esos informes es responsabilidad de quienes los hicieron.

El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos realizado por Carlos Núñez del Prado no fue mi responsabilidad, tampoco lo es el manejo de las pruebas en los operativos de Las Américas y el atentado en el domicilio del cardenal. Estas acciones fueron dirigidas por autoridades del Ministerio de Gobierno. Existieron otras acciones que fueron decididas en el nivel político, sobre las que yo no tenía ninguna responsabilidad (...) Finalmente, pido a mis colegas del Ministerio Público y a los jueces del tribunal de sentencia, que pueda reconducir el mismo por los fueros de la justicia, la verdad y la legalidad. Bolivia necesita conocer la verdad de estos sucesos sin que medie ninguna forma de intervención, presión, engaño, derivado de los intereses políticos que intentan hacer de este proceso un instrumento de confrontación