COMPATRIOTAS en ‘Guantánamos’ españoles

Informe de La Razon
\\ Casi no se le entiende porque habla con voz ronca y profunda. Respira con dificultad. Después toma aire y dispara claro y fuerte: “Los odio, los odio y hasta a veces desearía matarlos, no aguanto eso”. Wilson se dobla, pero sigue en pie. No le sale ni una lágrima, solamente siente rabia.

A mediados de enero fue llevado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Estuvo retenido cincuenta y pico días. Al final olvidó sacar las cuentas de su encierro y también le gustaría arrinconar los malos recuerdos que le dejó aquel sitio de la capital española. Allí estuvo a punto de morir, tras la golpiza que le propinaron los policías. Cuenta que lo patearon cual si fuera una pelota de fútbol.

Sobrevivió y evitó su deportación a Bolivia. Tuvo suerte. Más de la mitad de los inmigrantes que ingresa a los CIE está en la antesala de la expulsión de la nación ibérica. Según datos proveídos a Informe La Razón por el Defensor del Pueblo de España, el año pasado hubo 59.575 extranjeros detenidos y de éstos, 11.325 fueron internados en los CIE (10.562 varones y 763 mujeres): 5.924 resultaron desterrados (52%) y los restantes 5.401 fueron liberados (48%).

Hasta junio de 2012 existían ocho CIE, en Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife, Valencia y Málaga. Sin embargo, éste último cerró por denuncias de abusos sexuales a las internas; el juicio contra los uniformados acusados se ventilará en octubre. Al respecto, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes criticó el ambiente carcelario que rige en estas dependencias y tras la inspección de sus representantes a los CIE de Barcelona y Madrid, recabó quejas contra los policías por golpes e insultos con tintes racistas, entre los principales atropellos.

Activistas en España entrevistados por Informe La Razón revelan que los bolivianos se encuentran entre las poblaciones más numerosas de estos lugares de confinamiento. Por ejemplo, el documento Atrapados tras las rejas, del Centro Pueblos Unidos, señala que el año pasado “el grupo nacional más numeroso en nuestras visitas al CIE de Madrid ha sido de ciudadanos de Bolivia”. Y complementa: “Las personas internadas procedían de 57 países diferentes. Las nacionalidades más frecuentes en el CIE de Madrid son, por este orden, Bolivia, Ecuador, Argelia, Marruecos, Senegal, Colombia, Guinea, Nigeria, Ghana, Pakistán, Malí y Camerún”. Eso no es todo, en el CIE de Valencia, devela la organización de acción humanitaria Psicólogos Sinfronteras, los internos bolivianos conformaban la tercera agrupación más numerosa en 2012.

La Unidad de Prensa del Ministerio del Interior de España señala que no hay un reporte exacto de la cifra y la nacionalidad de los detenidos, “porque el número de internos puede variar de un día a otro o de una hora a otra”. Precisamente uno de esos aprehendidos fue el cruceño Wilson, de 29 años, quien padeció su infierno en un barrio madrileño llamado Carabanchel.

Allí todos los estantes se conocen, juegan fulbito, hacen yoga, compran en la tienda de un chino que vende chucherías y se reúnen para oír conciertos y poesía revolucionaria. Hay casas okupa, como se denomina a aquellas tomadas por personas sin hogar, y vecinos pintaron una parte del parque con colores de la República, como afrenta al sistema español monárquico.

En medio de aquel ambiente se levanta un edificio chato, amarillo, que no tiene ningún letrero que lo identifique. Pocos saben que es el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Wilson llegó allí tras ser detenido el jueves 17 de enero, mientras visitaba a un amigo. Aquel día, en su ruta, se interpusieron dos policías y le pidieron sus documentos de identidad y residencia.

Calabozo. No tenía sus papeles. Fue llevado al calabozo y un juez dictaminó su arresto el 19 de enero. Lo primero que perdió al llegar al CIE fue su nombre: dejó de ser Wilson y se llamó 185. La libertad fue lo segundo que perdió. “Ese sitio es peor que una cárcel, los guardias te despiertan y te mandan a desayunar en grupos. Tienes media hora y después te sacan del comedor escoltado. Todo el tiempo andas escoltado”.

El boliviano es soltero. Hubo activistas que lo frecuentaban y le ponían al tanto de lo que pasaba. Éstos le comentaron que su futuro se partía en dos: podía ser liberado o deportado. “No entendía nada, porque no cometí ningún delito y estaba encerrado”, lamenta el mecánico que abandonó su Santa Cruz de la Sierra cuando tenía 22 años.

La “injusticia” es moneda corriente. Patricia Orejudo, docente de la Universidad Complutense y miembro de la red de apoyo para inmigrantes Ferrocarril Clandestino, explica que la mayoría de las personas que llega a los CIE no realizó ninguna falta a la legislación española. Afirma que la ausencia de documentos de identidad es una contravención administrativa que no debe ser castigada con privación de libertad.

Los CIE no son nuevos. Su creación data de 1985 y se encuentran reconocidos en la Ley de Extranjería, que los define como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario (…) el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada”.

Para los activistas entrevistados, nada de lo anterior se cumple y el funcionamiento de estos centros se resume en tres palabras: “cacería de inmigrantes”. Algo que ha recrudecido con el endurecimiento de la Ley de Extranjería y la política inmigratoria europea, “que son injustas porque niegan los derechos fundamentales a quienes inmigran y les colocan en situaciones de extrema vulnerabilidad”, critica la página electrónica de Ferrocarril Clandestino.

Los CIE no funcionan únicamente en España, están en 25 países del Viejo Continente. Pero en la nación ibérica operan casi camuflados. En Madrid y en Valencia no tienen un letrero que los identifique; el de Barcelona está alejado del centro urbano. Así, estas construcciones de cemento, con celdas y baños comunes (más datos de su infraestructura en el dibujo de la siguiente página) pasan casi inadvertidas.

Tras medio mes de estancia en el CIE de Aluche, Wilson recibió una mala noticia: las autoridades habían firmado su deportación. Su pasaje de vuelta era para el jueves 7 de febrero, pero tenía un as oculto bajo la manga. Cuando lo llevaron al aeropuerto de Barajas y lo acomodaron en un asiento del avión, poco antes de despegar, empezó a gritar y armó un escándalo. Y el capitán ordenó que baje junto a sus dos custodios.

Antes de retornar a Carabanchel, Wilson fue golpeado brutalmente por los agentes que habían fallado en su misión de devolverlo a Bolivia. Los días pasaron y las heridas del cruceño sanaron. Eso sí, no consiguió su libertad, sólo retrasó su expulsión. Dos semanas después fue obligado a embarcarse en otra aeronave. Esta vez, los uniformados lo golpearon 20 minutos antes de su partida. Pero volvió a organizar otro zafarrancho y fue retirado del avión.

Wilson recuerda: “Casi siempre te meten como un costal de papas, te patean, te suben, te amarran la boca, los pies y te llevan a tu país. Las manos, todo, te amarran. Te golpean en todo lado, menos en el rostro. Yo tuve que aguantar”. En los dos periplos fallidos, él no se dejó atar, hasta que llegó el lunes 4 de marzo, cuando volvió a Barajas acompañado de dos escoltas, que, nuevamente, lo agredieron antes de subir a la aeronave. Cansado de la paliza, prometió que no iba a hacer ningún alboroto. Pero por tercera vez se armó de valor y con sus gritos alarmó a los pasajeros. Y el capitán pidió que lo retiren.

Bajó del avión. Fue al CIE de Aluche, donde lo golpearon con tanta saña que fue enviado al nosocomio madrileño 12 de Octubre. Tenía las costillas destrozadas. El resto de su estancia en el CIE sobrevivió con dolores que se le clavaron en la memoria. “Si estás mal, te dan una cita médica, te dan tabletas y pastillas. Recuerdo que había un doctor cubano a quien le dije que me dolía la cabeza y que las tabletas que me daba no me hacían nada. Me mandó al hospital enmanillado y escoltado como si fuera un ladrón. Mi único error fue que no saqué mis documentos el día de mi detención”.

Wilson fue liberado a mediados de marzo y volvió a su casa cargando un equipaje de odio y con ganas de matar a los que le hicieron la vida imposible en aquel edificio amarillo de Carabanchel. Después de todo, lo único que no le pudieron arrebatar fueron sus ganas de quedarse en España. Sigue trabajando como mecánico en la capital española, aunque el laburo ha disminuido bastante por la crisis económica que afecta a esa parte del planeta. No piensa retornar a Bolivia. Ni siquiera a golpes. España es el segundo país receptor de bolivianos. De acuerdo con el censo del año pasado, 562.461 connacionales emigraron de Bolivia, de los cuales 113.628 lo hicieron a suelo español. Esta cifra sólo se encuentra por debajo de los 228.082 que radican en Argentina. No obstante, la embajadora boliviana en España, María del Carmen Almendras, basada en informes del Instituto Nacional de Estadísticas de España, informa que hasta 2012 habían 186.018 compatriotas en ese Estado europeo y 147.466 contaban con certificado de registro o tarjeta de residencia, lo que equivale a 85%.

Paralelamente, se nota una disminución sostenida de esta población inmigrante en España en los últimos cinco años. Por ejemplo, en 2008 se tenía a 242.496 bolivianos registrados; guarismo que declinó un año después a 230.703; en 2010 a 213.169; en 2011 a 199.080, y el año pasado a 186.018. Incluso, en lo que va de este 2013, el número cayó a 172.412. Sin embargo, pese a este fenómeno, los connacionales que viven en territorio ibérico son el motor de las remesas enviadas hacia Bolivia: 45% de los $us 475,4 millones hasta mayo de este año, reporta el Banco Central de Bolivia.

Aquellos extranjeros que no caminen con sus papeles por España, o no los tengan en regla, o sea, que estén irregularmente, son los potenciales habitantes de los CIE. Cristina Manzanedo, integrante del Centro Pueblos Unidos, cita los “atropellos” más comunes en estos sitios: falta de mecanismos rápidos y confidenciales para presentar quejas al juez de control; prohibición de ingreso a organizaciones no gubernamentales; ausencia de información para los internos sobre su situación jurídica y gestiones que realiza la Policía durante su estancia; inexistencia de traductores, intérpretes y de atención social; deficiencia en la atención médica y en las instalaciones; fuertes medidas de seguridad y restricciones para comunicarse con el exterior, lo que implica no tener acceso a teléfonos móviles, fax, computadoras; las charlas con familiares son a través de mamparas de cristal; trato vejatorio e, inclusive, agresiones policiales.

Betty Roca extraña su Santa Cruz, aunque trabaja en España. Es parte de Psicólogos Sinfronteras y ayuda a quienes han caído en los CIE. Mientras camina, agarrando su bicicleta por cercanías del CIE de Valencia, cuenta que en estos centros hay situaciones que no pasan ni siquiera en una cárcel. Y agrega que lo peor es que los aprehendidos no han cometido delito alguno. “Hay cosas fuertes; por ejemplo, una mujer en periodo menstrual debe pedir compresas a los uniformados, que las dan de tres en tres, y si ella tiene un sangrado más abundante debe explicarle al policía que necesita más. Entregan dos litros diarios de agua para cuatro personas y hay maquinitas para comprar más bebidas; lo único que no está mal son las maquinitas”.

Cristina Fernández, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, nota semejanzas claras entre las penitenciarías y estos centros españoles. “El CIE de Barcelona se halla en un polígono industrial cerca del aeropuerto, alejado del centro. Fue abierto en 2006 y reproduce características carcelarias: celdas con barrotes y de aislamiento, comunicación con familiares a través de mamparas, medidas de seguridad y más”.

La Unidad de Prensa del Ministerio del Interior aclara que las denuncias no tienen asidero y que en los CIE se cumple un proceso judicial acorde con la legislación. Además, el documento Balance 2012 de lucha contra la inmigración irregular, publicado por esta dependencia en enero de este año, señala que 87% de las expulsiones de inmigrantes en 2012 fueron “cualificadas”, concepto policial que se aplica a “delincuentes”, es decir, “extranjeros con numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad que supone una amenaza para la seguridad pública”.

Deportación. El Centro Pueblos Unidos subraya que lo anterior hace ver a los CIE como instrumentos de lucha contra la criminalidad, no contra la inmigración irregular. Para refutar al Ministerio del Interior, subraya que la mayoría de las personas visitadas el año pasado en el CIE de Madrid, estaban por estancia irregular, no por antecedentes penales, y si los tienen, “suelen ser por delitos menores vinculados con la pobreza y muy pocos presentan un perfil de peligrosidad social”. En consonancia, la doctora Orejudo, de Ferrocarril Clandestino, arguye que las pruebas demuestran que en los CIE se atenta contra los derechos humanos. “Los ejemplos de abusos sobran”.

Otra historia incumbe a una pareja de bolivianos, cuyo caso fue atendido por Psicólogos Sinfronteras. Hace un año, Mariela trabajaba como empleada; no salía de casa de sus patrones de lunes a sábado, inclusive domingos, si éstos se lo ordenaban. Su esposo, Luis, se quedaba en el departamento cuidando a sus tres hijos, hasta que consiguió un empleo. Pero cuando caminaba por la playa Malvarrosa, en Valencia, fue abordado por dos policías “paisanos” (sin uniforme) que le pidieron sus documentos. No los tenía. Y fue remitido al calabozo.

Un juez dictaminó su retención en el CIE de Valencia. Mariela tuvo miedo de visitarlo porque, junto a sus dos retoños mayores (de 11 y siete años), no tenían nacionalidad española y sus papeles de residencia no estaban en orden. Hasta que tomó coraje. Se asomó al recinto y un agente le amenazó: “Te voy a dejar sola cinco minutos para que corras porque me lo estás dejando muy fácil”. Con esta frase, le dejó claro que podía ser atrapada. Las visitas son un tema aparte en los CIE. Orejudo ha visto hechos críticos: “En el CIE de Madrid dan tres segundos para un contacto físico”.

Mientras Luis se encontraba encerrado, en las afueras del CIE hubo marchas de protesta porque él no había cometido ningún delito. Cuando los activistas creían que se venía su liberación, le anoticiaron de su deportación. Fue remitido a Madrid y, en el aeropuerto de Barajas, armó tal alboroto antes del despegue del avión —al igual que Wilson, el cruceño con el que inicia este reportaje—, que su viaje fue pospuesto. Sus escoltas lo golpearon y lo llevaron a Valencia.

Jornadas más tarde se le notificó que sería expulsado. La última noche pudo ver a sus hijos. El día del destierro fue nuevamente agredido por sus vigilantes. Sus familiares no llegaron a tiempo para despedirse y entregarle algo de dinero y ropa. Así, Luis fue enviado a Santa Cruz, desde donde se trasladó a su natal Yacuiba, en el Chaco tarijeño. El informe de Psicólogos Sinfronteras señala que, posteriormente, Mariela y sus retoños fueron a Argentina para reunirse con él; aunque no se sabe si lo consiguieron.

Denuncias. La embajadora Almendras explica que los funcionarios consulares visitan periódicamente a los bolivianos detenidos en los CIE, para atender sus requerimientos y prestarles la colaboración que necesiten, y remarca que la embajada tramita “el traslado de detenidos, a solicitud de éstos, para que cumplan sus penas en Bolivia”. Aparte, sostiene que los atropellos contra compatriotas en estos centros no es una “situación recurrente” y que su entidad no ha recibido ninguna denuncia formal.

La autoridad subraya que, “sin embargo, la detención privativa de libertad por una infracción administrativa, no delictiva, conlleva una situación compleja para cualquier ciudadano”. Al respecto, el cónsul boliviano en Valencia, Jorge Olguín, se declara en contra del CIE de esa ciudad y critica que este lugar para inmigrantes irregulares opere más como prisión; pero tampoco conoce de abusos contra connacionales.

Betty Roca, de Psicólogos Sinfronteras, comenta que la mayor parte de los que pisaron los CIE no eleva quejas por vergüenza y por temor a represalias, sobre todo si legalizan su permanencia en territorio español. Para ella, “los CIE son los Guantánamos españoles”, en alusión al campo de concentración de Estados Unidos en la bahía cubana, donde se denunció torturas y violación de derechos humanos.

Más todavía, la activista cruceña se apena por aquellos que viajaron a España para trabajar y ayudar económicamente a sus familiares en Bolivia, ciudadanos que extrañan su país y lidian con la crisis. Unos vuelven voluntariamente a Bolivia o por las malas, como pasa con los que se tropiezan con los policías que alimentan a los CIE; otros son como Wilson, prefieren vivir y morir lejos.