Ante la Resolución de la Asamblea de la Cruceñidad definida la noche del viernes en el Comité pro Santa Cruz sobre los resultados del Censo, surgieron posiciones encontradas de sectores y representantes políticos. Entre las disposiciones principales está la exigencia de una encuesta departamental el 2014, un nuevo Censo el 2015 y una auditoría técnica.
Medidas políticas. Para el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Fabriles de Santa Cruz, Jaime Ávila, las medidas del Comité son políticas y buscan apetitos personales. "Son resoluciones tibias y debería exigir que de inmediato se vuelva a realizar un nuevo Censo y no dejarlo para el 2015", afirmó el dirigente obrero. Remarcó que los cívicos no luchan de manera conjunta en beneficio de la región y el país, por ese motivo es que su gremio decidió no participar de este tipo de asamblea.
Traición al pueblo. Bajo esa línea, la diputada y candidata presidencial Adriana Gil sindicó a los cívicos de haber traicionado al pueblo con medidas extemporáneas que no van a incidir en la aplicación de los resultados censales.
Remarcó que tomar medidas el 2014 y 2015 son cálculos políticos de corporaciones empresariales que están incrustadas en el Comité Cívico que buscan negociar los intereses regionales con el Gobierno central. "Por ello siempre estuve en contra de que los empresarios accedan al poder, porque joden al pueblo", puntualizó la parlamentaria.
Resolución inteligente. Por su parte, el vocero de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Fernando Rosso, aclaró que la resolución cívica fue una decisión inteligente. Justifica su postura porque tomar medidas extremas sería provocar al Gobierno para suspender el Censo y no se incrementen los recursos a los 56 gobiernos municipales, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y menos se aumente los curules parlamentarios.
MAS resalta madurez. Por su parte, el concejal del MAS Saúl Ávalos resaltó el hecho de que los cívicos no hayan tomado acciones radicales como el bloqueo o paro, que hubiera sido un extremo innecesario. Aseveró que es factible una auditoría del proceso censal como ya lo anunció el jefe de Estado. Indicó que es inviable la realización de un nuevo Censo nacional como departamental, ya que es el INE la única institución autorizada. El presidente del Comité Cívico, Fernando Castedo, indicó que las acciones serán encaradas con seriedad y en caso de que el Gobierno no acepte los pedidos, las decisiones serán asumidas en la Asamblea de la Cruceñidad.
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