Y no terminan los casos de acoso político. Cecilia Gutiérrez fue presionada a renunciar al cargo de concejala por el municipio de Tinguipaya en el departamento de Potosí, pese a la vigencia de la Ley contra el Acoso y Violencia Política a las Mujeres.
“A una compañera ( Gutiérrez) que es de Tinguipaya ya le han sacado los varones, eso es acoso político; ya tenemos la ley pero sigue actuando el machismo”, relató la concejala por ese ayuntamiento potosino Antonia Largo.
Página Siete intentó sin éxito un contacto con la víctima.
En la Asociación de Concejalas de Bolivia se informó que había presiones de las organizaciones para evitar que se consolide la renuncia de la edil.
“A la fuerza le han hecho firmar en un ampliado a puerta cerrada”, dijo Largo, que precisó que pese a la normativa que sanciona el amedrentamiento, hostigamiento y violencia, se siguen suscitando estos hechos contra las mujeres.
La ex directora de la Acobol María Eugenia Rojas explicó dos razones por las que la ley no ha frenado las presiones contra las munícipes electas: el desconocimiento de los alcances de la norma y la falta de mecanismos institucionales para hacerla efectiva.
“No contamos con instancias competentes ni competencias claras que deben existir a nivel de Gobierno, entonces eso limita mucho la aplicabilidad y operabilidad de la misma ley”, dijo.
En mayo de 2012 fue promulgada la mencionada norma, aunque hasta la fecha la reglamentación no fue aprobada, éste sería otro de los obstáculos para aplicar la normativa, para proteger a las mujeres de los diferentes mecanismos de presión a las autoridades femeninas.
“Hay varios casos de presión”, informó Rojas al ejemplificar que en un municipio del departamento de Cochabamba “he escuchado denuncias sobre la alternancia ilegal, es decir que tras cumplir dos años y medio las concejalas deben rotar y ceder el turno a los varones. Y eso no es legal”, comentó.
Algunos casos no se quedan sólo en las amenazas o la descalificación, sino llegan hasta la violencia e incluso la muerte. Es el caso de la concejala Juana Quispe Apaza, cuyo cuerpo fue encontrado el 14 de marzo; fue cruelmente asesinada. A poco más de un año del hecho, la Fiscalía imputó a tres presuntos involucrados en el asesinato.
Ante el permanente acoso, Quispe recurrió a dos amparos constitucionales contra el alcalde y los concejales del municipio de Ancoraimes en el departamento de La Paz, que fueron procedentes, pese a ello no le permitieron ejercer sus funciones.
La concejala Largo hizo un llamado a sus congéneres porque en su criterio en muchas situaciones las mujeres se colocan del lado de los hombres y se suman a las acciones en contra de otras mujeres, sean dirigentes o autoridades. “Siempre he dicho a las compañeras que hay que valorar nuestros derechos, porque nadie lo hará”, remarcó.
Medio centenar de casos en 2012
Durante 2012, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) recibió más de medio centenar de denuncias sobre violencia política contra mujeres en cargos municipales.
Página Siete elaboró un reportaje en el que refleja cómo estos casos se mantienen en la impunidad y las concejalas siguen en situación de peligro, pese a la vigencia de la Ley contra la Violencia Política hacia las Mujeres.
La investigación reveló que el 64% de los casos de amenazas, intimidaciones y presiones hacia concejalas no es denunciado y no se investiga.
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