El MAS busca que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declare si, además de denunciar, se puede “demandar” ante tribunales internacionales aquellos tratados que son contrarios a la Constitución como es el caso del de 1904.
La consulta está contenida en el proyecto de ley de “aplicación normativa”, que fue enviada por la Cámara de Senadores al TCP.
La Carta Magna, en su artículo 267, señala que el Estado boliviano declara su “derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” y que la “solución efectiva” al diferendo marítimo será a través de “medios pacíficos”.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, René Martínez, explicó ayer que los tratados no deben contradecir la Constitución Política y tampoco causar daño económico al Estado, como podría ser el tratado de 1904, firmado bajo presión y de forma injusta, y que dejó a Bolivia en el enclaustramiento.
El tratado firmado en octubre de 1904 entre los gobiernos de Bolivia y Chile puso fin al estado de guerra que mantenían ambos países, pero también dejó al país sin acceso al océano Pacífico, después de que en 1879 tropas militares chilenas invadieron el territorio boliviano.
“La reivindicación marítima hoy está en la Constitución como un hecho irrenunciable, esto nos permitirá saber si a futuro no sólo podemos denunciar porque van en contra de los intereses del país, sino demandar ante instancias internacionales”, dijo.
El senador David Sánchez (MAS) señaló que la consulta realizada al TCP es para todos los tratados, pero en particular para el de 1904. Muchos perdieron vigencia y concordancia con la Carta Magna y que corresponde su revisión, modificación o en su caso “tomar otras decisiones”.
En 2011, el Gobierno anunció que acudirá a tribunales internacionales para demandar a Chile para lograr una salida soberana al mar y encargó a Diremar elaborar la querella, que según se conoce tiene un amplio avance.
La Carta Magna da un plazo de cuatro años desde la elección de las autoridades del Ejecutivo para “denunciar” o “renegociar” los tratados. Este plazo se cumplirá en diciembre de 2013.
En relación con el tema el senador Adolfo Mendoza explicó que la consulta pretende definir si el plazo está referido, además de los tratados multilaterales, también a los tratados bilaterales. “Tenemos la intención de denunciar algunos tratados que son lesivos”.
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