Pamela Fernández, hija del exprefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, quien aún se encuentra cumpliendo detención preventiva por el caso Porvenir desde hace más de cuatro años, manifestó que la salud de su padre empeoró desde que fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, por lo que pide que él se pueda defender bajo detención domiciliaria.
Entre tanto, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Javier Leigue, solicitó que se respeten los derechos humanos de Fernández, recordando su avanzada edad. A su vez, el oficialismo, recalcó que sólo se siguen las normas establecidas en el Código Penal y que no existen “preferencias” para nadie, descartando una salida del penal de San Pedro.
La hija de Fernández, manifestó que luego de la detención de su padre, nadie en Pando lo sindicó que sea él el autor intelectual del enfrentamiento en Porvenir, por lo que cree que ese es el motivo por el cual el Gobierno estaría evitando llegar a la sentencia del exprefecto. Asimismo, recordó que su padre, tiene 60 años y dos enfermedades, una infección en los riñones y otra de la próstata, las mismas que habrían avanzado desde que estuvo preso en el penal de Chonchocoro, cuando se trata de un detenido preventivo.
Los resultados del tratamiento iniciado a Fernández se conocerán hoy, y se necesitaría una operación de urgencia, explicó su hija.
En ese sentido, el diputado Javier Leigue, luego de recordar que la detención de Leopoldo Fernández fue un “trofeo de guerra” para el Gobierno, donde también se implicó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pidió que se respeten los derechos humanos del exprefecto, por su estado de salud y por la edad que tiene, asegurando que cualquier persona que no comparte la ideología del MAS “no goza” del respeto a sus derechos humanos.
Por su parte, el diputado del MAS, Franklin Guarvizú, indicó que no se le puede echar la culpa la Gobierno por la detención de Leopoldo Fernández, y que si hasta hoy se encuentra detenido es “por culpa” de sus abogados, por lo que le sugirió al exprefecto, que los cambie. A su vez, aclaró que la justicia boliviana no tiene privilegios con nadie, por lo que el proceso se lleva a cabo mediante el Código de Procedimiento Penal.
La abogada de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco, aseguró a su vez, que en el proceso de la detención de la exautoridad no se violó sus derechos, porque esta no sería la primera vez que es asistido a una clínica, puesto que en otras oportunidades se le concedió el permiso médico.
Sobre los cuatro años y cuatro meses de detención preventiva de Fernández, la abogada dijo que esa es una estrategia de la defensa a la cual habrían acudido los acusados, por lo que le pidió a la hija del exprefecto, que no “malinforme” a la población.
El jueves 11 de septiembre de 2008, aproximadamente mil campesinos de comunidades de Puerto Rico, Madre de Dios y el Palmar marchaban hacia la ciudad de Cobija para participar en un ampliado del sector, fue cuando se llevó a cabo un enfrentamiento con funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la Prefectura y activistas cívicos, donde se conoció que fallecieron más de 12 personas, entre civiles e indígenas.
Las investigaciones fueron llevadas lentamente por el Ministerio Público, mientras que el Gobierno apeló a convocar a una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), conformada por gobiernos aliados al régimen de Evo Morales, que determinó que hubo una “masacre”, pero no citaron a los civiles muertos.
Varios videos han circulado desde entonces, algunos con evidentes montajes y otros que siembran dudas sobre la labor de personeros del Gobierno para generar enfrentamientos, aunque la versión “oficial” se limita al informe de Unasur.
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