30 diciembre 2012

Evo nacionaliza distribuidoras de energía de La Paz y Oruro

El presidente Evo Morales decretó ayer la nacionalización de Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO S.A.), Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y Empresa de Servicios Eléctricos (Edeser), cuyo principal accionista era el consorcio español Iberdrola.

Cerca de las 10:00, en Palacio de Gobierno, el Mandatario leyó el Decreto Supremo 1448 que dispone “la nacionalización total de las acciones que posee la sociedad Iberbolivia S.A. de las empresas Electropaz, ELFEO, CADEB y Edeser, debiéndose transferir y registrar las acciones” en favor del Estado de Bolivia, bajo la titularidad de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Minutos más tarde, el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, y otras autoridades realizaron un acto de toma de las oficinas centrales de Electropaz en el centro de La Paz.

Entretanto que en Oruro la ocupación estatal de las oficinas de ELFEO fue encabezada por el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Álvaro Arnez.

Morales argumentó que Electropaz y ELFEO centralizaron su operación a distribuir energía en áreas urbanas, lo que obligó a crear pequeñas empresas, “asociaciones y cooperativas de distribución de energía eléctrica en el área rural”, que a su vez provocó un servicio “deficiente, desigual y con tarifas mayores a la urbana”.

El Mandatario comparó que, por ejemplo en el departamento de La Paz, los consumidores del área urbana pagan un promedio de 0,60 bolivianos por cada kilovatio por hora (kw/h), mientras que en el área rural el aporte es de 1,59 bolivianos por kw/h.

Iberdrola

La medida fue lamentada por el Gobierno español y un portavoz de la empresa Iberdrola dijo que la compañía espera que Bolivia pague “el valor real” de las cuatro filiales del grupo energético nacionalizadas.

“Esperamos obtener el valor real de nuestra participación” en las compañías expropiadas, declaró a la AFP un portavoz de Iberdrola, precisando que el grupo no hizo aún ninguna estimación. Citando a fuentes del mercado, la prensa española situaba el valor de dicha participación en unos 100 millones de dólares.

Sosa informó ayer que las utilidades de Electropaz están entre “diez y 11 millones de dólares”.



Tarifas

La viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, aseguró ante los medios de comunicación que a partir de que ENDE se haga cargo del manejo de las empresas distribuidoras, sus servicios se extenderán al campo y se podrá “tener tarifas equitativas en todo el departamento”, además de que el Gobierno prevé que éstas “pueden llegar a reducir hasta en un 50%” en el área rural.

Descartó, sin embargo, que se hagan estudios tarifarios en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, puesto que allí son empresas departamentales las que ofrecen el servicio “y tienen tarifas supervisadas”.

Hasta el momento, el servicio de electricidad a varias provincias de La Paz era brindado por la Empresa Rural de Electrificación de La Paz (Emprelpaz), que fue intervenida por el Gobierno a mediados de septiembre.

Las estatizaciones
Mayo de 2006 Se nacionaliza los recursos hidrocarburíferos, que estaban en manos de 12 empresas petroleras; sus contratos pasaron a ser sólo de operaciones.


Febrero de 2007 Expropian la Empresa Metalúrgica Vinto de la firma suiza Glencore; y en mayo de 2010 su planta fundidora de antimonio en Vinto.


Julio de 2007 Se decreta la nacionalización de la mina Posokoni, explotada por grupos mineros privados locales.


Noviembre de 2007 Expropian 180 mil hectáreas al sureste del país de latifundistas en favor de indígenas.


Mayo de 2008 Se aprueba la estatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que desde la privatización era administrada por la italiana EuroTelecom.


Junio de 2008 Se retira de manos de Shell y de Ashmore a la transportadora de gas Transredes. También la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), de Oiltan King Graña y Montero.


Enero de 2009 Pasa a manos del Estado la petrolera Chaco, de la argentina Panamerican Energy.


Mayo de 2009 La distribuidora de gasolina de aviación AirBP, de la British Petroleum, pasa al manejo de YPFB.


Mayo de 2010 Se estatiza las generadoras de electricidad Inversiones Econergy Bolivia SA, de la francesa GDF Suez; Guaracachi, de la británica Rurelec PLC; y Valle Hermoso, de Bolivian Generating Group.


Septiembre de 2010 Expropian acciones de Soboce en la cementera Fancesa.


Enero de 2012 Se expropian las acciones de la firma argentina-británica Panamerican Energy (PAE) en el bloque de gas Caipipendi.


Mayo de 2012 Se estatizan las acciones de Red Eléctrica de España en la Transportadora de Electricidad.


Diciembre 2012 Se nacionalizan Electropaz y Elfeo, de la española Iberdrola.



Gobierno español lamenta y pide indemnización justa


El Gobierno español lamentó ayer la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia y ha reclamado una “justa indemnización” para los propietarios de esas compañías, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

También recordó la necesidad de mantener “la seguridad jurídica”, “exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia”.

El Gobierno reclamó además la conveniencia de que las relaciones entre España y Bolivia estén guiadas “por la colaboración y franqueza en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común”.

En el comunicado, además de lamentar la expropiación anunciada ayer por el presidente boliviano, Evo Morales, el Ejecutivo español ha precisado que las cuatro empresas nacionalizadas “tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas”.

También ha recordado que la expropiación “recae sobre unas compañías que prestaban el servicio público de distribución de electricidad y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano”.

Respecto a la indemnización, el Gobierno español ha indicado que “espera que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias”. (EFE/Madrid)

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