La Asamblea Legislativa no logró a lo largo de este año consensuar con el Comando General de la Policía, las Fuerzas Armadas (FFAA), los ministerios de Gobierno y de Defensa la aprobación del proyecto de Ley de Armas y Explosivos, que permita normar el manejo y uso de armamento para seguridad personal, cacería deportiva y seguridad nacional, por lo cual esa norma tramitada en el parlamento habría sido descartada.
Ante esta situación el Gobierno anunció, en meses pasados, la elaboración de un nuevo proyecto de ley que no habría llegado aún al Legislativo.
El proyecto de Ley de Armas y Explosivos se encuentra pendiente desde el año 2006, gestión del presidente Evo Morales, debido a la falta de consenso entre las FFAA y la Policía referente a qué institución otorgará autorizaciones para el manejo de armas, por lo que fracasaron tres intentos para elaborar y aprobada esa esperada norma.
De momento la autorización para que particulares porten armas de fuego la emite la Policía Nacional, a través de la Dirección de Matrículas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El Gobierno nacional no cuenta con datos que den una idea sobre la cantidad de armas de fuego que pueda estar en manos de particulares.
Se prevé que la nueva norma establezca el uso estricto de las armas sólo para la Policía y las Fuerzas Armadas, aunque también se permitirá en algunas actividades específicas, como la cacería deportiva. El ministro de Gobierno Carlos Romero sugirió, en alguna oportunidad, que el proyecto de ley contemple la necesidad de hacer una campaña de recolección de aquellas armas que estén en manos de civiles.
"Para asegurar el éxito de esta campaña, sería comprar las armas, pagar a quienes voluntariamente las depositen y entreguen", manifestó referente a la estructuración de la norma.
El Gobierno del MAS aplicó el año 2008 un plan de desarme de civiles, luego de que el grupo de indígenas aimaras del altiplano andino conocido como los "Ponchos Rojos" participara en un desfile exhibiendo antiguos fusiles Mauser.
Esas armas, que provienen de la Guerra del Chaco (1932-1935) que enfrentó a Bolivia y Paraguay, estaban en poder de los campesinos desde la revolución de 1952 y algunas fueron devueltas hace dos años al Estado.
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