Las bases policiales amotinadas desconocieron el acuerdo al que llegaron sus dirigentes con el Gobierno esta madrugada de domingo 24 de junio, justo cuando la Policía Nacional cumple 186 años de su creación.
En horas de la madrugada, a las 4:10, autoridades del Gobierno y representantes de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), de la Federación Nacional Única de Esposas de Policías y del Alto Mando policial firmaron un acuerdo de ocho puntos que debía poner fin a esta movilización.
Apenas los policías sublevados conocieron de este acuerdo, en la sede tomada de la Unidad Táctica Operativa de la Policía (UTOP) a pocos metros de Plaza Murillo, desconocieron el mismo e incluso rompieron una copia del documento.
De la misma forma, desconocieron a los dirigentes que firmaron el documento y anunciaron que designarán a otros representantes a nivel nacional, por lo tanto esperarán que en las siguientes horas cada ciudad de Bolivia donde los policías se amotinaron elijan a un delegado que deberá llegar hasta la sede de Gobierno para continuar la negociación con el Ejecutivo.
“A mí me obligaron a firmar, me dijeron que si iba a correr sangre entre policías y militares sería mi culpa. Fuimos obligados a firmar”, arguyó Cárdenas, en entrevista con la red televisiva RTP.
Policías amotinados de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, al menos, hicieron conocer su rechazo a este acuerdo, pues nunca fueron consultados por sus dirigentes y anunciaron que podrían tomar nuevas medidas de presión. En La Paz, la Unidad Operativa de Bomberos advirtió que se replegarán totalmente y no brindarán servicios en caso de emergencia, como hasta el momento lo habían hecho.
El documento había sido firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero; la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales; el ministro de Economía, Luis Arce; el viceministro de Producción, Martin Bazurco y el Viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez. De parte de los policías movilizados rubricaron, Edgar Ramos, presidente del Consejo Ejecutivo de Anssclapol; Guadalupe Cárdenas, presidenta de las esposas de policías, el Comandante General, Víctor Maldonado, además de otros representantes de los sublevados como Jorge Monzón, Mario Choque y Emilio López. También aparece la rúbrica, como parte facilitadora, de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Teresa Subieta.
El acuerdo establecía una nivelación salarial 2.020 bolivianos, retroactivo al mes de enero de 2012. Un incremento que se aplicaría a los siguientes grados: Policías, Cabos, Sargentos, Sub Oficiales, hasta Oficiales en el grado de Sub Tenientes.
También se había acordado la conformación de una comisión para ver reformas a la Ley 101, de Régimen Disciplinario; la creación de la Defensoría del Policía que debería estar incluida en la Ley 101 y la jubilación con el 100% del haber mensual. Finalmente, se acordaba cambiar la razón social de Covipol a Fondo de Compensación Social; dotar de una doble ración seca por año; mejorar condiciones de la Policía y no tomar represalias contra policías sublevados.
Luego de la firma del acuerdo, el ministro Romero dijo: “Queremos extender nuestro saludo y abrazo cálido a todos los miembros de la Policía, a sus familias en este 186 aniversario. Hemos rendido un homenaje a la institución habiendo arribado a estos consensos”. Por su parte, el suboficial Edgar Ramos pidió a sus amaradas movilizados en todo el país restablecer todos los servicios. “Debemos restablecer, como un compromiso más para nuestra sociedad de prestar un servicio, que debemos proteger con profesionalismo. Ese es el compromiso”, señaló, según la agencia gubernamental ABI.
Cuando las bases policiales desconocieron el acuerdo, la ministra Dávila volvió a ratificar lo que dijo ayer sábado, sobre la existencia de serios indicios de un intento de Golpe de Estado de parte de los policías sublevados.
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