El fiscal anticorrupción Harry Suaznábar, que dirige la investigación del citado caso, sobre el uso de gastos reservados, señaló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió un informe que señala la existencia de diferentes movimientos sospechosos respecto a cuentas bancarias que habría manejado el exviceministro y luego ministro de Gobierno, Saúl Lara Torrico.
Las diligencias que sigue el Ministerio Público en este caso se enmarcan en el periodo 1997-2005. Lara se alejó de funciones públicas entre los años 2001 y 2002; sin embargo, tiene que establecerse de dónde provinieron esos movimientos económicos.
La exautoridad, de la gestión de Carlos Mesa, ya había comparecido en anteriores oportunidades ante el fiscal Suaznábar. En marzo de 2011, por ejemplo, dijo que administró Bs 120 millones de la partida de gastos reservados entre 2004 y 2005, montos aprobados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y que tuvieron su descargo ante la Contraloría General.
Por año, el PGN tenía aprobado Bs 60 millones para temas de seguridad del Estado y el procedimiento implicaba la destrucción de los informes.
Elementos. El miércoles, tras el informe de la UIF, Lara prestó nuevamente declaraciones ante el fiscal. “Tenemos movimientos sospechosos como las cuentas (bancarias) del señor Lara, en las que se manejaron casi $us 700.000, que él señala que fueron dineros particulares y dinero del MBL (Movimiento Bolivia Libre)”, indicó Suaznábar. Lo que llama la atención, según dijo, es que ese dinero, que incluso provenía del Estado y era para financiar a los partidos políticos, “iba a cuentas particulares”.
En su descargo, la exautoridad habría asegurado que ese dinero también salió de su cuenta, aunque no llegó a desvirtuar que el dinero le llegó. La investigación, empero, no quedó ahí, sino que también permitió establecer que se recurrió a las alianzas políticas de ese entonces para manejar esos fondos de modo irregular.
“Tenemos también información de que por pactos políticos, por ejemplo con el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), existieron préstamos de sumas de dinero para el MBL, que no fueron al MBL, sino más bien a la empresa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Comsur”, añadió.
Esos movimientos no pudieron ser justificados por el exministro Lara, de acuerdo con el fiscal del caso. En la investigación, también se hizo referencia a otros movimientos bancarios que fueron catalogados como ‘sospechosos’ y que han sido justificados por Lara, por lo que el Ministerio Público ahora analiza la documentación que le remitieron, a efecto de tomar una determinación en el caso.
Este diario intentó comunicarse con la exautoridad de gobierno para conocer su versión sobre estos hechos, pero no contestó el teléfono móvil. En agosto de 2011, sostuvo que la investigación de la Fiscalía sobre gastos reservados tiene un tinte político contra exservidores públicos y que, a pesar de ello, iba a cumplir con su deber de cooperar en la investigación como exfuncionario público.
“Nadie maneja $us 700.000 en una cuenta durante tres o cuatro años sin tener un poder económico fuerte y que, además, no pueda respaldar o solventar de dónde provienen”, adujo el fiscal, quien anteriormente imputó a los exministros de Hacienda Javier Comboni y Rubén Ferrufino por los manejos “discrecionales” de dinero en las jornadas de octubre de 2003, cuando algunas personas “vaciaron las arcas del Banco Central de Bolivia.
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Política
Hasta 2008, el Estado cubría la asignación de recursos económicos para la propaganda de partidos políticos, en relación al porcentaje de votos logrados, para que con ellos encaren sus futuras elecciones.
Investigación de Gastos Reservados I, en fase final
El director funcional del caso Gastos Reservados I, Harry Suaznábar, dijo que las investigaciones sobre el destino de estos dineros del Estado está en su fase final, y que la emisión de la resolución que corresponda será en breve. “La investigación ya ha avanzado bastante, y se va a determinar la culminación de ésta o si existe la posibilidad de investigar a alguna persona más”, indicó.
Las investigaciones del caso Gastos Reservados I abarcan los manejos de esos fondos entre 1997 y 2005. Sólo en un día, en octubre de 2003, se llegó a sacar de las bóvedas del Banco Central de Bolivia Bs 13 millones.
El responsable de ese retiro fue el entonces ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, quien se benefició con un procedimiento abreviado y luego con una pena “muy suave e ínfima” en relación a los delitos cometidos, según Suaznábar.
Debido a la amplitud de las pesquisas, además, en julio de 2011 se abrió la segunda fase del caso, en la que se incluyó a excolaboradores de Gonzalo Sánchez de Lozada y gente que habría recibido “pluses” de Bs 68.000 a Bs 386.000. En esta fase se incluye los desembolsos desde 1985, cuando se originaron estos gastos.
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