Poco después del anuncio de que el Acuerdo Marco entre Bolivia y Estados Unidos ya es una ley promulgada, parlamentarios del oficialismo dijeron que, en vista del incidente diplomático estallado el martes en Beni, habrá que ver si el convenio bilateral será reafirmado dentro de seis meses, lo que quiere decir que este jueves se abrió un periodo de prueba de 180 días.
Dos días después de que el Ejecutivo denunció que interceptó una vagoneta perteneciente a EEUU transportando cuatro armas de fuego y más de dos mil cartuchos, el canciller boliviano David Choquehuanca anunció este jueves que el presidente Evo Morales promulgó la ley de ratificación del acuerdo marco.
“Estamos haciendo conocer que el presidente Evo Morales ha promulgado en rango de ley la ratificación de este Acuerdo Marco que sienta las bases para construir una relación de respeto sin intromisiones", declaró el Ministro.
Aseguró que el acuerdo bilateral suscrito en noviembre de 2011 fue firmado en el marco del respeto mutuo de Estado a Estado, indicando que deberían dejarse de lado las “viejas prácticas”.
Evaluación permanente
El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de Comisión de Gobierno, Carlos Aparicio, explicó que la ratificación del convenio bilateral es parte de una posición soberana: Bolivia no busca romper relaciones bilaterales con ningún país, pero exige respeto a su soberanía y que cuando haya alguna vulneración, se asumirán las medidas que correspondan.
“Se tiene que evaluar las señales que nos envía EEUU, esas señales serán las que determinen el futuro de nuestra relación en el ámbito diplomático. Este tema debe tocarlo la Cancillería para que se pueda avanzar o en todo caso frustrar la posibilidad de poder acercarnos a los EEUU”, dijo Aparicio quien enfatizó la vigencia del artículo IX del acuerdo Marco.
El Artículo IX, titulado Entrada en Vigencia, Terminación y modificación, señala los límites del acuerdo: "El presente Convenio Marco podrá ser terminado por cualquiera de las partes después de transcurridos seis meses a partir de una notificación escrita. En caso de terminación, los programas y proyectos de cooperación existente continuarán hasta su conclusión a menos que cualquiera de las Partes informe a través de los canales diplomáticos que un programa o proyecto específico debería ser concluido", señala el documento suscrito en Washington en noviembre de 2011.
En la misma línea, el diputado oficialista Antonio Molina sostuvo que si Bolivia rompe relaciones con países en desarrollo podría traer consecuencias; sin embargo opinó que si EEUU vuelve a infringir normativas deben ser sancionadas.
"(Queremos) una relación respetando la legislación nacional. Esta (la promulgación de la ley) es una muestra del pueblo boliviano de construir una relación, pero de respeto sin intromisiones ni injerencias, transparente y sincera”, dijo el jefe de la diplomacia boliviana que no se encontraba en Bolivia, cuando estalló el caso de la vagoneta con armamento.
Por su parte, el diputado jefe de bancada del MAS, Roberto Rojas, explicó que la ratificación al Acuerdo Marco es una señal para EEUU en el fortalecimiento de la confianza mutua.
¿Suma de casos?
El anterior impasse con EEUU se dio en agosto de 2011 cuando la Embajada de EEUU habría mantenido contactos con la movilización de indígenas que impedían al Gobierno ejecutar megaproyectos en la región Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Protesta que logró desgastar políticamente al gobierno de Evo Morales.
El 28 de febrero, se realizó la primera reunión de la Comisión Conjunta de Alto Nivel de Bolivia y Estados Unidos. El encuentro incorporó en su agenda la voluntad de tratar la agilización de mecanismos de la cooperación judicial como las de la extradición.
Recientemente, este martes por la madrugada, el Gobierno boliviano detuvo una vagoneta mediante un operativo de la Fiscalía de Distrito del Beni, en las instalaciones de Umopar Beni. La vagoneta de color plateado, marca Nissan con matrícula 27-MI-30, fue identificada como propiedad de la Oficina estadounidense de Asuntos Antinarcóticos (NAS). El Gobierno aseguró que no tenía permiso alguno y que se trataba de un tema delicado de seguridad de Estado.
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