"Acerca de la orden, hay dos versiones: una, del ex vicemisnitro Farfán, que dice que no la impartió y que ya sea que el general Muñoz haya actuado por su cuenta o haya recibido una instrucción de La Paz, y la versión del general Muñoz, que dice que la instrucción la evacuó Farfán. Yo me presentaré oportunamente ante el Ministerio Público para informar todo lo que conozco, pero reiteró que la instrucción no partió ni del presidente ni del ministro y que hubo una ruptura en la cadena de mando", manifestó Llorenti en una conferencia de prensa realizada en su casa del barrio de Sopocachi.
Llorenti subrayó tres aspectos de la itervención: "uno, el carácter violento que había manifestado la marcha; segundo, el hecho de que no se impartió una orden para iniciar ningún operativo, y tercero que, por supuesto, jamás hubo una instrucción de vejar y maniatar a las personas".
Consultado si la policía habría actuado al calor del mometo, respondió que fueron "algunos policías, porque imagínense, ver las imágenes del maltrato es inadmisible".
Según el informe del general Oscar Muñoz Colodro, citado por la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana intervino en el operativo cumpliendo órdenes de sus niveles superiores, vale decir del Comandante General de la Policía Boliviana, general Jorge Santiesteban Claure, y del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Dichas instrucciones, según el mismo testimonio, fueron presentadas y coordinadas por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, y ejecutadas por una orden superior impartida directamente desde La Paz".
La ex autoridad acusó a la Defensoría del Pueblo de usurpar funciones y explicó que esa institución "no tiene ninguna atribución para determinar la responsabilidad de una persona sobre ningún hecho; puede hacer recomendaciones, pero no individualizar; eso le compete al Órgano Judicial en el marco de un debido proceso".
El informe Defensorial cita una lista de al menos 18 personas como presuntos responsables de la de la violación de derechos humanos, pero, según Sacha LLorenti, "en ningún momento se ha escuchado a varias de esas personas". "Yo conversé con alguna de esas personas y me dicen que jamás fueron convocadas. Es un informe mentiroso, habla de que yo habría presentado un informe oral ante la Defensoría el 26 de septiembre, un día después de los sucesos. Falso. Yo lo he convocado al Defensor a intercambiar criterios sobre lo que había sucedido y manifestar nuestra condena a los hechos de violencia", declaró Llorenti.
Asimismo, criticó que en el informe se haya minimizado las supuestas acciones violentas de los marchistas, como la toma como "rehén" del canciller, y las "agresiones" que dejaron lesionados a varios policías. "Nosotros teníamos la obligación de evitar que haya un enfrentamiento y por eso la policía tenía que estar lista para cualquier circunstancia".
Llorenti recordó que durante su gestión hubo cambios profundos y estructurales en la policía en materia de derechos humanos, modernización y lucha contra la corrupción que "afectó intereses", se "corto las uñas", como separar a la policía de la administración de identificaciones y licencias. "Se cortó la corrupción de millones de dólares", dijo.
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