El fiscal General del Estado, Mario Uribe, confía en que el gobierno del Perú, presidido por Ollanta Humala, expulse a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada: Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres para que sean sometidos a un juicio de responsabilidades.
Entre tanto, el anuncio de una sentencia para las próximas en el caso Octubre Negro crea expectativa en los familiares de las víctimas y el círculo político del país.
Uribe señaló que el Ministerio Público demostró con abundante prueba y testimonios sus acusaciones contra el gobierno de Sánchez de Lozada y la violencia extrema que se ejecutó en septiembre y octubre de 2003, que acabó con la vida de 64 personas y dejó a 450 con lesiones leves, graves y muy graves.
En ese marco dijo que la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo una sentencia condenatoria máxima, prevista en el artículo 138 del Código Penal, de 10 a 20 años de cárcel, “condena que puede ser ampliada hasta 25 años”.
“Vanos fueron los esfuerzos por extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berinduague y Guido Añez Moscoso, que están en EEUU y con los acusados que están en el Perú y en España, algunos con asilo y otros con refugio. Esperamos que el hermano país del Perú pueda expulsar a estas personas para ponerlas a disposición de la justicia y sean procesados en un juicio de responsabilidades”, dijo.
Los acusados por el caso octubre negro son 17, de las que el exministro de Gobierno, Yerko Kukoc, falleció. Siete están presentes en el proceso: los generales Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Véliz Herrera, el almirante Luis Alberto Granados y José Osvaldo Piola Mendoza, además de los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara. Y Existen diez ausentes.
Para el jefe de Bancada adjunto de PPB-Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados, Mauricio Muñoz, la Corte Suprema de Justicia no juzgó a los principales responsables de las luctuosas jornadas de septiembre y octubre de 2003, lamentó que dos “exministros periféricos”, ajenos a la extrema violencia y que no escaparon del país esperen su condena.
“El juicio por octubre negro está incompleto porque ninguno de los actores principales está en el proceso. ¿Se está juzgando a Gonzalo Sánchez de Lozada o a Carlos Sánchez Berzain, por ejemplo?”, se preguntó Muñoz. “Se está engañando al pueblo boliviano pretendiendo condenar al exministro de Desarrollo Sostenible y de Trabajo, que no tuvieron ninguna gravitación política ni mucho menos militar ni policial en las jornadas de octubre”, añadió.
Por su parte, el abogado defensor de ambos exministros, César Coronado, manifestó que tanto Adalberto Kuajara como Erick Reyes Villa no fueron parte del entorno de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada ni del exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, quienes habrían planificado y ejecutado las operaciones para desbloquear la ciudad de El Alto en octubre de 2003.
“El Decreto Supremo 27209 (que ordenaba el uso de la fuerza militar para desbloquear la ciudad de El Alto el 12 de octubre de 2003) no fue firmado ni discutido en gabinete ministerial”, dijo el abogado Coronado, en referencia a las decisiones que se tomaron para enfrentar la crisis que desató la denominada “guerra del gas”, con lo cual, Kuajara y Reyes Villa habrían firmado por formalidad el citado documento.
Este Decreto emitido el 12 de octubre de 2003 es uno de los principales argumentos del Ministerio Público para respaldar su acusación en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, pues esa norma habría desatado los luctuosos hechos de octubre negro, según la acusación.
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