La decisión del fiscal Marcelo Soza de alejarse del caso de presunto terrorismo y separatismo duró menos de 24 horas. La Fiscalía General del Estado determinó que su carta es una renuncia y no una excusa legal; por tanto, a través de una nota, devolvió el caso y en La Paz la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, confirmó que se conformará una comisión de fiscales que acompañará el trabajo del fiscal renunciante.
“Mientras él (Soza) sea funcionario del Ministerio Público y ejerza la labor de fiscal de materia, está sujeto no a su voluntad sino a la voluntad de la ley”, afirmó el fiscal general Mario Uribe, en Sucre.
“Si hay algún hecho que presione al fiscal, no sería la primera vez que ocurre. Los fiscales de materia, desde el suscrito fiscal general, estamos sujetos a diversas presiones de carácter psicológico que tienen los mensajes por celulares, llamadas telefónicas. Es un efecto de carácter subjetivo que no corresponde tratarlo en el caso presente”, argumentó Uribe.
A tiempo de desestimar la dimisión, el fiscal general ratificó la confianza del Ministerio Público en Soza. “Bajo el principio de presunción de inocencia, él (por el fiscal renunciante) goza de absoluta confianza del suscrito”, manifestó la autoridad.
En La Paz, la fiscal de Distrito adelantó que habrá una comisión de fiscales que acompañará el trabajo de Soza; anteriormente ya había otros dos fiscales que fueron designados desde Sucre; pero Soza se negó a compartir información con sus colegas, los que terminaron por apartarse.
Ayer, el juez Noveno de Instrucción en lo Penal, Rolando Sarmiento, confirmó que la audiencia conclusiva del caso se realizará el 16 de mayo en La Paz, fecha fijada inicialmente para notificar a las partes.
“(La audiencia) está señalada para el 16 de mayo, pero sujeta a que previamente se cumplan las formalidades de ley, notificaciones, órdenes instruidas a los que están en el interior, publicaciones y edictos para los que están declarados rebeldes", informó el juez.
De acuerdo con lo explicado, la audiencia conclusiva se realizará en la ciudad de La Paz, aunque la fecha puede llegar a ser modificada, de acuerdo con las contingencias que puedan presentarse, ya que de no cumplirse a cabalidad las formalidades de ley, se postergaría la fecha de reanudación de la audiencia conclusiva del caso terrorismo.
Por su lado, el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, confirmó que tanto su despacho como la Fiscalía ya subsanaron las observaciones de forma que se habían presentado hace más de una semana en la audiencia que se realizó en Cochabamba.
En rueda de prensa, el presidente Evo Morales aseguró que se vio sorprendido por la renuncia de Soza. “Me ha sorprendido la renuncia a su cargo del fiscal (Marcelo Soza), pero esto es de responsabilidad del órgano Judicial, no del Poder Ejecutivo. Como cualquier boliviano, nuestro deseo es que se esclarezca el caso terrorismo”, dijo el mandatario, sin ingresar a detalles.
El presidente de la Cámara de Senadores, el masista René Martínez, y su colega oficialista Fidel Surco manifestaron que la investigación y el proceso legal en el caso terrorismo no deben detenerse porque se trata de un tema de interés nacional.
Soza renunció al caso el lunes, luego de denunciar amenazas contra su persona y su familia, y de acusar a los medios de tergiversar la información del caso.
Cívicos visitarán a detenidos en La Paz
Los presidentes cívicos de Pando, Beni, Tarija, Cochabamba y La Paz, además de los dos vicepresidentes del Comité pro Santa Cruz, se reúnen hoy, en la sede de Gobierno, para sostener encuentros con los representantes en Bolivia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Enrique Reina García, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, como también con la Coordinadora General de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa.
Durante su estadía visitarán a los “presos políticos” que se encuentran en las cárceles de San Pedro y Chonchocoro de La Paz.
El vicepresidente cívico cruceño, Nicolás Ribera, dijo que las reuniones programadas con los representantes de los organismos internacionales y la visita a los presos políticos forman parte de una agenda de trabajo de la Alianza Cívica Nacional, que determinó continuar con las acciones iniciadas contra el Gobierno boliviano, ante las instancias internacionales y los organismos de defensa de los derechos humanos sobre los abusos y vejámenes del poder político en contra de los dirigentes cívicos autonomistas del país.
Piden que el fiscal sea apartado
El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que la renuncia de Marcelo Soza a la investigación del caso Rózsa demuestra la incapacidad del fiscal paceño para demostrar en los estrados judiciales la existencia del presunto grupo terrorista y pidió al fiscal general del Estado, Mario Uribe, que aparte a la autoridad cuestionada de la investigación por su “negligencia comprobada”.
“Se ha podido reconfirmar que Soza es un incapaz, que cuando tiene que ir a juicio, cuando tiene que demostrar ante un tribunal las pruebas, hace lo más fácil, que es victimarse y renunciar al cargo. Hemos pedido dos veces la separación de Soza por haber acusado, por haber humillado la dignidad de varias personas, entre ellas el gobernador de Santa Cruz”, dijo Peña.
A su turno, el ex dirigente cívico de Beni Alberto Melgar, que se encuentra recluido en el penal de Mocoví,dijo que Soza actuó “sin un mínimo de ética” en la investigación del caso y que todo se trata de un show montado por el Gobierno con el fin de involucrar a ciudadanos que son contrarios a sus ideas políticas.
Melgar agregó que Soza lo acusó de participar de una reunión con Rózsa en el balneario El Tapacaré y como no pudo probar el extremo, luego dijo que envió a su hermano.
Por su parte, el diputado cruceño de Convergencia Nacional Luis Felipe Dorado afirmó que el fiscal Soza debe ser procesado por haber confesado que se destruyeron las pruebas del caso terrorismo y anunció denuncias ante diferentes instituciones de Derechos Humanos. “El destruir pruebas es obstrucción en la investigación y es un delito penal que debe ser sancionado”, afirmó Dorado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario