A 21 días de iniciada la nueva gestión, más de un centenar de gobiernos municipales tiene problemas. Cuentas congeladas, falta de reconocimientos de firmas, dificultades en el proceso de transición y suspensión de autoridades son algunas dificultades.
Un informe sobre el estado de cuentas de los gobiernos municipales del Ministerio de Economía y Finanzas revela que hasta el 14 de junio, de los 337 municipios, 100 tienen las cuentas congeladas. Los datos de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM) difieren levemente de los del ministerio.
La entidad informa que 98 alcaldías son las que tienen las cuentas paralizadas, la mayoría por no haber presentado informes de ejecución presupuestaria.
Hay más problemas. El analista y ex viceministro de Participación Popular, Iván Arias, considera que además hay otras 100 alcaldías que no tienen las firmas autorizadas para utilizar sus recursos debido a dificultades en el proceso de transición. “Medio país está paralizado”, asegura.
El director ejecutivo de la FAM, Dino Palacios, menciona que al menos son tres los factores que perjudican a las alcaldías.
“El tiempo de transición que se ha vivido en el país”, por la elección de nuevas autoridades; las “debilidades de orden institucional vinculadas a capacidades”, es decir falta de conocimiento técnico, y “problemas de gobernabilidad”.
Congelamiento. La viceministra de Autonomías, Claudia Peña, explica que hay casos en los que se congelaron cuentas por el manejo “oscuro” de las alcaldías.
“Por ejemplo, las autoridades del municipio de Corocoro (La Paz) no presentaron información presupuestaria del 2009 y de ningún mes del 2010. Es decir, hay indisciplina y oscuridad en esa administración, no se sabe en qué están gastando los recursos públicos”.
La Paz tiene la mayor cantidad de municipios con cuentas paralizadas. Según Peña, son 43 alcaldías; al otro extremo está Cochabamba con tres. La viceministra, sin embargo, aclara que en pocos casos se han congelado el total de las cuentas.
El senador opositor Luis Pedraza, del Plan Progreso para Bolivia (PPB), denuncia que además las cuentas se han congelado por factores políticos.
“Se ha utilizado este instrumento que nació como una medida para precautelar el buen uso de los recursos públicos para limitar el accionar de alcaldes opositores al Gobierno”.
Firmas. No hay un dato oficial de cuántos gobiernos municipales no están pudiendo disponer de sus recursos debido a problemas de reconocimiento de firmas; sin embargo, el Ministerio de Economía aclara que “los trámites ya fueron iniciados por muchos municipios”.
Peña recuerda que “el cambio de firmas es un proceso normal y toma su tiempo”. Estimó que en julio, todos deberían estar regularizados.
Enfatizó que resolver los problemas es “única y exclusivamente” responsabilidad de los municipios. “Deben presentar documentos, no es mucho lo que se pide: informe presupuestario anual y mensual y Programa Operativo Anual, no puede haber flexibilización”.
Los municipios de reciente creación (10 en total) también tienen problemas con firmas, están en proceso de organización.
El analista Arias comenta que la Ley Transitoria de las Autonomías, que establece que la autoridad que tenga procesos judiciales pendientes será suspendida, ha generado incertidumbre en algunas alcaldías del país.
“Varios alcaldes opositores se sienten acosados judicialmente” y eso influirá en la gestión. Al menos en cuatro municipios se han presentado problemas: Quillacollo y Punata (Cochabamba), Sucre (Chuquisaca) y Pazña (Oruro).
En Quillacollo, el alcalde electo Héctor Cartagena fue suspendido antes de asumir por tener procesos. Luego, presentó su renuncia.
En marzo de este año, Cartagena fue imputado por malversación de fondos, aunque un juez dejó sin efecto la denuncia; en mayo, la ex funcionaria edil Alejandra Dávila lo denunció por peculado, y este mes, se le acusó de enriquecimiento ilícito.
En Sucre, el alcalde Jaime Barrón, del Pacto de Integración Social (PAIS), también fue suspendido. El Concejo así lo decidió, el viernes pasado, en medio de trifulcas en las calles y dentro del órgano deliberante.
Barrón soporta un proceso por su supuesta participación en una protesta el 2008 contra el presidente Evo Morales, que terminó con al menos 26 heridos.
En Punata también hubo problemas. Víctor Balderrama, quien llegó a la silla edil por la agrupación Insurgente Martín Uchu (IMU), pidió licencia temporal por existir dos pliegos de cargo en su contra por supuestos delitos de violación sexual, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes.
Un cuarto caso es el de Pazña, donde el alcalde Víctor Centeno, del MAS, dejó el cargo el 15 de junio por "presiones psicológicas y regionalismos que no le permitirían ejercer", dijo en una carta.
Perjuicio. La imposibilidad de usar el dinero afecta en el funcionamiento de programas de desayunos escolares, el pago a contratistas de obras o a las empresas que prestan servicios, comenta Arias.
La situación también hace prever que este 2010 la ejecución de la inversión pública puede afectarse, coinciden la viceministra de Autonomías, Claudia Peña, la FAM y Arias.
El alcalde de Colquiri (La Paz), Silverio Colque Mamani, comenta que el congelamiento de cuentas frustra los proyectos de desarrollo de la población desde hace dos años.
Explica que tres personas estuvieron peleando por la silla edil, lo que llevó a que se paralicen las cuentas, la última vez, en marzo del 2010.
La FAM dice que Falta capacitación
Si bien la FAM y el analista Iván Arias aseguran que uno de los factores para la no presentación de informes se debe a la falta de capacitación técnica, la viceministra de Autonomías, Claudia Peña, aclara que esto no es evidente. “Hay varias instancias que apoyan en capacitación técnica, el sistema municipal tiene muchos años de experiencia, la FAM y las asociaciones departamentales acceden a recursos internacionales para hacer el trabajo. Son instancias de ellos, que toman sus previsiones”.
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