Un grupo de mujeres inició ayer una huelga de hambre en instalaciones de la Corte Nacional Electoral (CNE), protestando por la decisión del organismo de habilitar a más de 400.000 electores que inicialmente fueron ‘observados’ por el propio tribunal, mientras que el frente Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), que lidera Manfred Reyes Villa, denunció la existencia de un millón de electores inscritos de forma irregular para los comicios de este 6 de diciembre.
Las huelguistas piden una reunión del presidente de la CNE con delegados de partidos políticos y observadores internacionales, para llamar la atención sobre lo que consideran son irregularidades en el padrón electoral de los comicios generales del domingo, informó Rubén Martínez, vocero de la CNE.
Según el vocero, el trabajo de la Corte se desarrolló ayer con total normalidad. Además, la CNE no considera necesaria la intervención de la fuerza pública para retirar a las mujeres que protestan en las instalaciones electorales, agregó Martínez.
Rolando Zapata, jefe departamental del PPB-CN en La Paz, explicó que las mujeres condenan la habilitación de más de 400.000 ciudadanos observados, pero, además, reclaman que se aclare sobre la inscripción presuntamente irregular de más de un millón de personas en el padrón biométrico.
“Manifestamos que han hablado de 400.000 (electores observados) para distraernos, porque en el fondo hay un millón, que es lo que estamos denunciando”, dijo Zapata. Según la denuncia del PPB-CN, hay más de medio millón de inscripciones fraudulentas producto del ingreso de 175 máquinas de registro biométrico desde Venezuela, ‘precargadas’ con más de 3.000 votos cada una.
A su turno, el director de Control Electoral de PPB-CN, David Crespo, dijo que el trabajo de la Corte “no está claro”. “No estamos acusando a la Corte de un fraude electoral, sino que estamos pidiendo que nos aclare ciertos puntos de todo el proceso del padrón biométrico”, manifestó el opositor.
El candidato a primer senador por PPB-CN en Santa Cruz, Germán Antelo, dijo que la resolución de la CNE fue producto de la presión ejercida por el MAS y condenó las amenazas vertidas por el Gobierno contra los vocales de ese organismo.
“Lamentablemente, vemos que la presión y el amedrentamiento ejercido desde el gobierno de Evo Morales sobre la Corte ha sido muy fuerte, llegando al extremo de amenazar con enjuiciar a sus vocales”, dijo el candidato.
En escuetas declaraciones a los medios, el candidato a senador por Unidad Nacional (UN), Óscar Ortiz, aseguró que la habilitación de los observados pone en riesgo la transparencia de las elecciones.
En contrapartida, el candidato a la presidencia René Joaquino, de Alianza Social (AS), dijo que no duda que las elecciones serán limpias y que la CNE respetó la Constitución al levantar la restricción para los observados por complicaciones en el registro civil.
Joaquino agregó que su frente “respeta la determinación del órgano electoral de dar oportunidad a que los compatriotas bolivianos puedan ejercer el derecho constitucional a votar” y lamentó que algunos candidatos estén en la tarea de sembrar dudas sobre el nuevo padrón biométrico.
Mientras tanto, el Gobierno aplaudió la determinación de la CNE y las cortes departamentales que habilitaron a los más de 400.000 observados y el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que esta institución reconoció su error, por lo que las elecciones generales están garantizadas.
El mandatario restó importancia a las críticas de la oposición y dijo que las denuncias de un supuesto fraude que esgrimen no son más que “gritos de ahogado”, porque ya tienen claro que serán los perdedores.
El candidato a primer diputado plurinominal del MAS por La Paz, Héctor Arce, dijo que la semana pasada indicaron que las resoluciones de la Corte Nacional Electoral estaban al margen de la legalidad y constitucionalidad, pero celebran que luego de darse cuenta de su error diera pie atrás en su determinación.
La cifra definitiva de votantes había estado en duda en la última semana, a causa de una resolución de la CNE que condicionó la participación de más de 400.000 ciudadanos a que presenten certificados de nacimiento.
Quedan 95.737 ‘observados’
La Corte Nacional Electoral (CNE) decidió levantar la restricción a 95.737 ciudadanos que aún estaban observados en el padrón biométrico, por lo que podrán emitir su voto en las elecciones generales del 6 de diciembre próximo, pero no en las elecciones municipales y prefecturales del 4 de abril de 2010 si no regularizan su situación durante este tiempo.
La CNE se reunió el martes con los representantes de siete cortes departamentales, salvo las de Cochabamba y Oruro, tras lo cual determinó levantar la restricción a los 400.671 ciudadanos que fueron observados por diversas causas, con lo cual más de 5.1 millones de bolivianos emitirán su voto en las elecciones del domingo próximo.
Las autoridades electorales decidieron habilitar a los ciudadanos observados en los respectivos departamentos con la constatación con los datos de Registro Civil y por la aplicación de la norma que habilita a los nacidos antes de 1940 y a las mujeres casadas que cambiaron su apellido en las cédulas de identidad. Esto redujo el número de observados, de 400.671 a sólo 95.737.
Por otro lado, la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Yoriko Yasukawa, convocó a la población a fortalecer a la CNE, que se constituye en una institución fundamental de la democracia boliviana. Yakusawa vertió estas declaraciones antes de que la CNE y las cortes departamentales determinaran habilitar a los 400.671 ciudadanos que resultaron observados. /ANF
Opinión
La medida es genuina, pero electoral
Carlos Cordero / Analista político
Esta huelga de las simpatizantes del PPB-CN es un modo de llamar la atención en la recta final del proceso y de buscar una ‘salida’ frente a los resultados electorales. Es una especie de justificación de la oposición a los resultados de la votación del domingo.
Ya anticipamos hace algunos días que la conducta errática de la Corte Electoral, la conducta de ceder a la presión de los movimientos sociales, del Gobierno y de los candidatos oficialistas, iba a provocar este tipo de reacciones.
La medida es genuina, pero tiene un tinte electoral. Están, como se diría en el fútbol, sacando el paraguas para cuando venga la lluvia. Pero es genuina en la medida en que la Corte no está dando la información que requieren los partidos y a la que tienen derecho. Hay muchas dudas sobre el proceso de depuración que la CNE no termina de aclarar.
Aquí la CNE está jugando un papel muy difícil. Como un árbitro en el fútbol, ninguno de los equipos la quiere… ni el Gobierno ni la oposición. Y en estos casos, lo peor que puede hacer el árbitro es ceder a las presiones de uno de los equipos, aunque lo haya hecho por preservar el proceso electoral.
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