Varias de las actuaciones del próximo Gobierno o de la nueva oposición pueden estar en el futuro condicionadas por intereses relacionados con las fuentes de financiamiento de las campañas. Si un empresario aportó al proselitismo del partido ganador de las elecciones, el nuevo gobernante difícilmente hará algo que afecte sus intereses. Ni qué decir si la cooperación financiera a las campañas de oficialistas y opositores proviene de un gobierno extranjero o, lo que es más peligroso, del narcotráfico y de otras ‘actividades oscuras’ que requieren protección.
Como en ningún otro ámbito, en política se cumple de forma cabal el adagio: “Quien paga la banda o el mariachi escoge la canción”. Así que no debe sorprender que quien respalda una campaña puede exigir más adelante a su patrocinado algunos favores. O para entenderlo fácilmente: “El que paga ahora, habitualmente luego pasa la factura”.
Por ese motivo, el tema del financiamiento de las campañas es central en los procesos electorales de otros países con democracias más maduras. En esas naciones es normal que los partidos y candidatos transparenten la información sobre el origen de sus recursos para hacer proselitismo. Se les exige que revelen quiénes aportan, de manera de estar alertados en el futuro sobre posibles conflictos de intereses en el ejercicio del poder.
También los aportes tienen límite, de manera que no superan el propio patrimonio del partido para evitar que los grupos poderosos se adueñen de las fuerzas políticas que, se supone, deberían representar a una diversidad de intereses ciudadanos.
Con el propósito de preservar la independencia financiera de las organizaciones políticas, en Bolivia la anterior Ley de Partidos dispuso el financiamiento estatal de las campañas, otorgando recursos públicos para que hagan proselitismo. Sin embargo, la nueva Constitución Política del Estado y la vigente Ley de Régimen Electoral Transitorio, de abril de este año, dispusieron la eliminación del subsidio estatal para las campañas de los partidos. Esto puso en serios problemas a la mayoría de las organizaciones partidarias, sobre todo opositoras, agobiadas desde hace tiempo por una profunda crisis, no sólo financiera, sino también de carácter existencial. La eliminación del subsidio estatal ha sido una medida que agradó a un importante segmento de la población. No obstante, tiene sus riesgos, según lo acaba de alertar la eurodiputada y jefa de la misión de observación electoral de la UE, Renate Weber. La parlamentaria considera que el financiamiento público es importante en un país democrático, porque la democracia se hace con partidos.
En esta campaña, que entró en su recta final, el derroche de recursos es evidente y se supone que provienen de fuentes privadas. Hasta ahora ni el oficialismo ni las principales fuerzas de la oposición han sido claros en revelar el origen del financiamiento y nadie se lo exige, excepto tímidas inquietudes de los medios.Como en ningún otro ámbito, en política se cumple de forma cabal el adagio: “Quien paga la banda o el mariachi escoge la canción”. Así que no debe sorprender que quien respalda una campaña puede exigir más adelante a su patrocinado algunos favores. O para entenderlo fácilmente: “El que paga ahora, habitualmente luego pasa la factura”.
Por ese motivo, el tema del financiamiento de las campañas es central en los procesos electorales de otros países con democracias más maduras. En esas naciones es normal que los partidos y candidatos transparenten la información sobre el origen de sus recursos para hacer proselitismo. Se les exige que revelen quiénes aportan, de manera de estar alertados en el futuro sobre posibles conflictos de intereses en el ejercicio del poder.
También los aportes tienen límite, de manera que no superan el propio patrimonio del partido para evitar que los grupos poderosos se adueñen de las fuerzas políticas que, se supone, deberían representar a una diversidad de intereses ciudadanos.
Con el propósito de preservar la independencia financiera de las organizaciones políticas, en Bolivia la anterior Ley de Partidos dispuso el financiamiento estatal de las campañas, otorgando recursos públicos para que hagan proselitismo. Sin embargo, la nueva Constitución Política del Estado y la vigente Ley de Régimen Electoral Transitorio, de abril de este año, dispusieron la eliminación del subsidio estatal para las campañas de los partidos. Esto puso en serios problemas a la mayoría de las organizaciones partidarias, sobre todo opositoras, agobiadas desde hace tiempo por una profunda crisis, no sólo financiera, sino también de carácter existencial. La eliminación del subsidio estatal ha sido una medida que agradó a un importante segmento de la población. No obstante, tiene sus riesgos, según lo acaba de alertar la eurodiputada y jefa de la misión de observación electoral de la UE, Renate Weber. La parlamentaria considera que el financiamiento público es importante en un país democrático, porque la democracia se hace con partidos.
En consecuencia, urge demandar la suficiente transparencia, pues se corre el riesgo que narcos o contrabandistas terminen imponiendo condiciones si pagan algunas campañas.
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