La Contraloría General del Estado (CGE) presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Distrito de Pando contra el ex prefecto de ese departamento Leopoldo Fernández por la supuesta malversación de 2,2 millones de bolivianos en la organización del referéndum autonómico el 1 de junio de 2008.
Según la denuncia, estos recursos formaban parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y estaban destinados a proyectos de salud y educación.
Fernández, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro por los hechos sangrientos de Porvenir (Pando), es el tercer prefecto opositor que afronta una demanda penal ante la justicia ordinaria.
En julio reciente, la Contraloría denunció ante el Ministerio Público al prefecto cruceño, Rubén Costas, por una supuesta malversación de diez millones de bolivianos en la consulta autonómica de esa región.
La denuncia penal contra el prefecto Costas también alcanza a los consejeros departamentales y a los vocales de la Corte Departamental de Santa Cruz.
El viernes 2, el Prefecto cruceño se presentó a declarar ante el fiscal Iván Montellano, quien había llegado de Sucre para tomarle su declaración informativa.
Su colega de Chuquisaca, Savina Cuéllar, enfrenta otra querella formal, interpuesta por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por una presunta contratación irregular de servicios.
La denuncia contra el ex Prefecto pandino y candidato vicepresidencial por Plan Progreso de Bolivia (PPB) se respalda en una auditoría que hizo la Contraloría al referéndum autonómico.
En esa consulta, el estatuto pandino fue aprobado con un respaldo del 67 por ciento, pero no pudo ser aplicado como habían proyectado sus promotores.
“En el departamento de Pando —afirmó— se han utilizado igual (que en Santa Cruz) de manera irregular alrededor de 2.200.000 bolivianos para el referéndum autonómico”.
Esos recursos, según el contralor, el ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Herbas, fueron entregados a un funcionario de la Prefectura y ésta los gastó “como si fueran de su propiedad, aquí hay una serie de irregularidades y, por lo tanto, la Fiscalía tendrá que investigar”.
La Contraloría inició auditorías especiales sobre la legalidad de los gastos de las prefecturas de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija en la organización de los referendos para aprobar sus estatutos autonómicos. “Estas auditorías —dijo— están a punto de finalizar en el departamento de Tarija; está un poco más atrasado el trabajo sobre el referéndum del departamento del Beni”.
Las consultas autonómicas, convocadas ilegalmente por las prefecturas, fueron administradas por las cortes electorales de las cuatro regiones. La Ley del Referéndum señala que la única institución que convoca a referendos es el Congreso y que el proceso debe ser coordinado por la Corte Nacional Electoral.
Apuntes
El primer referéndum autonómico se realizó en Santa Cruz, el 4 de mayo de 2008.
Le siguieron Pando y Beni, que convocaron a una consulta popular para el 1 de junio.
Tarija fue el último departamento en hacer su referéndum, fue el 22 de junio.
La Contraloría instruyó auditorías especiales a los gastos relativos a las cuatro consultas.
El Gobierno cuestiona los referendos porque no fueron convocados por el Órgano Electoral.
Las auditorías identificaron una supuesta malversación de alrededor de Bs 12,2 millones.
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