La oposición pandina anunció ayer que apelará a tres vías para evitar el empadronamiento biométrico de las familias que son trasladadas a Pando: un juicio contra del Gobierno ante la Corte de Distrito, acciones contra la creación de nuevos asientos electorales y la fiscalización de los delegados de partidos políticos al momento de la inscripción.
El senador Roger Pinto (Podemos) informó a La Razón que el Comité Cívico de Pando se encuentra preparando los detalles del proceso en contra del Gobierno, el mismo que se presentará “posiblemente” hoy ante la Corte Superior de Distrito de ese departamento. La demanda será por el traslado de gente en condiciones inhumanas.
Añadió además que no se permitirá la creación de nuevos asientos electorales, ya que en éstos podrían registrarse las personas “que con fines electorales” el Gobierno traslada a esa región.
“Lo que no se va a permitir en estos nuevos asentamientos es que haya un registro electoral. Las que el Gobierno llama nuevas poblaciones no van a tener un asiento electoral, eso sería un delito que la Corte Electoral cometería”, advirtió el parlamentario.
El fin de semana fueron trasladados 450 campesinos del Chapare hacia Pando y ayer la red Erbol informó que 250 zafreros de Riberalta llegaron hasta Cobija. En ambos casos, el objetivo es consolidar asentamientos humanos con el argumento de defender la soberanía del Estado.
El presidente de la Corte Departamental Electoral de Pando, Elías Valdez, aseguró que el ente electoral no tiene competencia para determinar si es un delito el traslado de personas, porque corresponde a la justicia ordinaria; sin embargo, explicó que esta figura está contemplada en el artículo 202 del Código Electoral.
El mismo determina que “La autoridad política o administrativa, el funcionario público, el dirigente político o cualquier ciudadano que promueva el traslado masivo de ciudadanos con la finalidad de su inscripción y sufragio en lugar distinto al de su domicilio, comete delito de traslado fraudulento de ciudadanos y sufrirá la pena de reclusión de dos a cinco años. Su procesamiento corresponderá al tribunal ordinario”.
Agrega que “Los delegados de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que sean acreditados en lugar distinto al de su domicilio, no incurren en este delito”.
Valdez explicó que, no obstante, hasta el momento no recibió ninguna denuncia en este sentido. “Si recibimos la denuncia la derivaremos a la Corte de Justicia de Pando”, anticipó.
El diputado Felipe Tenorio (Podemos) dijo que, además la fiscalización de los delegados de partidos políticos al momento de la inscripción en el biométrico, permitirá identificar a quienes no tienen una residencia de por lo menos seis meses en Cobija.
“Es un delito. De acuerdo al Código Electoral, no se puede movilizar a grupos, como lo hace el Gobierno; además, en este momento (los migrantes) no pueden declarar domicilio legal”, señaló.
El senador Roger Pinto (Podemos) informó a La Razón que el Comité Cívico de Pando se encuentra preparando los detalles del proceso en contra del Gobierno, el mismo que se presentará “posiblemente” hoy ante la Corte Superior de Distrito de ese departamento. La demanda será por el traslado de gente en condiciones inhumanas.
Añadió además que no se permitirá la creación de nuevos asientos electorales, ya que en éstos podrían registrarse las personas “que con fines electorales” el Gobierno traslada a esa región.
“Lo que no se va a permitir en estos nuevos asentamientos es que haya un registro electoral. Las que el Gobierno llama nuevas poblaciones no van a tener un asiento electoral, eso sería un delito que la Corte Electoral cometería”, advirtió el parlamentario.
El fin de semana fueron trasladados 450 campesinos del Chapare hacia Pando y ayer la red Erbol informó que 250 zafreros de Riberalta llegaron hasta Cobija. En ambos casos, el objetivo es consolidar asentamientos humanos con el argumento de defender la soberanía del Estado.
El presidente de la Corte Departamental Electoral de Pando, Elías Valdez, aseguró que el ente electoral no tiene competencia para determinar si es un delito el traslado de personas, porque corresponde a la justicia ordinaria; sin embargo, explicó que esta figura está contemplada en el artículo 202 del Código Electoral.
El mismo determina que “La autoridad política o administrativa, el funcionario público, el dirigente político o cualquier ciudadano que promueva el traslado masivo de ciudadanos con la finalidad de su inscripción y sufragio en lugar distinto al de su domicilio, comete delito de traslado fraudulento de ciudadanos y sufrirá la pena de reclusión de dos a cinco años. Su procesamiento corresponderá al tribunal ordinario”.
Agrega que “Los delegados de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que sean acreditados en lugar distinto al de su domicilio, no incurren en este delito”.
Valdez explicó que, no obstante, hasta el momento no recibió ninguna denuncia en este sentido. “Si recibimos la denuncia la derivaremos a la Corte de Justicia de Pando”, anticipó.
El diputado Felipe Tenorio (Podemos) dijo que, además la fiscalización de los delegados de partidos políticos al momento de la inscripción en el biométrico, permitirá identificar a quienes no tienen una residencia de por lo menos seis meses en Cobija.
“Es un delito. De acuerdo al Código Electoral, no se puede movilizar a grupos, como lo hace el Gobierno; además, en este momento (los migrantes) no pueden declarar domicilio legal”, señaló.
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