La decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de adjudicar a una empresa privada la construcción del Padrón Electoral provocó el rechazo del Gobierno, del presidente de la Corte Electoral de Oruro y de algunos parlamentarios, que advirtieron riesgos para la seguridad del país si se deja esta información en manos de una firma externa.
“La terciarización de todo el proceso nos parece preocupante, porque desde ningún punto de vista parece razonable que información oficial de carácter estratégico y tan relevante como el registro de ciudadanos y ciudadanas bolivianas pueda quedar en manos de una empresa privada, más aún tomando en cuenta que inclusive pueda ser una empresa extranjera, dado que no parecen haber empresas en el medio que tengan las condiciones como para cumplir estas tareas”, afirmó el ministro de Autonomías, Carlos Romero.
Esta autoridad fue la que facilitó el acuerdo para la aprobación de la Ley de Régimen Electoral, que contempla la construcción de un padrón biométrico para las elecciones generales de diciembre.
El jefe de bancada del MAS en la Cámara Diputados, César Navarro, coincidió en que al ser ésta “una información pública y siendo la memoria institucional de la ciudadanía boliviana, tiene que ser administrada por la Corte Nacional Electoral, no puede ser administrada por particulares privados. La Corte puede pedir colaboración, pero de ninguna manera transferir sus obligaciones institucionales legales”.
El senador Carlos Böhrt, disidente de Podemos, advirtió que el principal riesgo que corre el país por la decisión de la CNE es que esa información sea manejada por privados, que sabrán exactamente los datos personales de los bolivianos, su lugar de residencia en el país y otros.
“El Padrón Electoral es el registro de información personal más completo que existe en el país, es superior a la base de datos de identificaciones y superior a la base de datos de cualquier registro comercial, empresas de servicios o empresas bancarias. Si esto es así, si contiene información confidencial personal, individual y aun familiar de las cuatro millones de personas mayores a 18 años, ¿quién garantiza que se mantenga la confidencialidad, en manos de una empresa privada? Este registro puede concluir, terminar en cualquier otro destino que no sea el electorado”.
Además, advirtió que existen problemas legales, ya que la CNE no está facultada para transferir su función a otros organismos, como ocurriría en este caso.
El Órgano Electoral concluyó ayer una reunión de coordinación con las cortes departamentales y su presidente, Antonio Costas, aseguró que “no estamos entregando el empadronamiento con el control directo, está bajo la supervisión de la Corte Nacional y de las departamentales”.
No obstante, el vocal de la Corte Electoral de Oruro, David Apaza, observó que “hay un problema jurídico, porque llave en mano significa que la empresa adjudicada hará todo el trabajo de empadronamiento y entregará el Padrón Electoral”.
De hecho, esas diferencias provocaron que la reunión se torne tensa e incluso se lancen amenazas. El presidente de la Corte de Tarija, Miguel Ángel Guzmán, dijo que “fue sólo una reunión informativa y no decisiva”.
El senador Luis Vásquez (Podemos) consideró que con “los candados de seguridad necesarios” es viable dar este registro a una empresa privada.
No funcionó en Nigeria
La experiencia más conocida sobre dejar en manos privadas la construcción del padrón biométrico es la de Nigeria (África), país que entregó en paquete la realización de este registro a una firma particular, “con resultados negativos”, señaló la politóloga Moira Zuazo.
“Nigeria está en un problema muy grave, y lo peor es que ya se sabe que esa información no ha quedado en manos de la empresa privada que ha hecho el proceso, que además no ha terminado el registro en los plazos establecidos, y esos datos están en países extranjeros”, señaló. La opinión fue compartida por el senador Carlos Böhrt, que realizó un estudio sobre el tema.
El ex vocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, dijo que no conoce experiencias similares en América Latina y “quizás haya en el mundo, pero deben ser mínimas, porque lo que pasa en la mayor parte de los países, o en democracias muy avanzadas, es que lo hacen los organismos electorales”.
Opiniones
“Es arriesgar la seguridad”
MOIRA ZUAZO.
Politóloga
“Tienen que revisar esa decisión, porque esto no solamente se neoliberalizó, sino que se está privatizando la seguridad de los bolivianos; ni siquiera en los gobiernos neoliberales más radicales hicieron esto. (La captura de datos del padrón biométrico) no puede terciarizarse, esto es verdaderamente poner en riesgo la seguridad, la intimidad, la privacidad de todos y cada uno de los bolivianos... en este caso estamos pensando en una empresa X o Z cualquiera que finalmente (la que se adjudique) no va a tener que dar la cara, van a ser funcionarios anónimos que van a realizar los datos de absoluta seguridad e importancia y no hay ninguna garantía de que esa información no quede en manos de cualquiera”.
“Terciarizar implica riesgo”
JORGE LAZARTE.
Ex vocal electoral y analista
“En principio se pueden establecer todos los controles posibles de tal manera que los datos los conozca (la empresa privada) pero no los conserve, lo entregue al organismo electoral; pero eso implica mucho riesgo, como que se hagan copias de los datos. Lo recomendable es que esto pueda hacerse a través de los organismos electorales, que es lo que pasa en la mayor parte de los países, donde son los organismos electorales los encargados de empadronar a la ciudadanía y estos datos son de manejo exclusivo de los organismos estatales. En el caso de Bolivia, no hay que olvidar que el Código Electoral prohíbe que (esos datos) puedan ser utilizados por organismos estatales, prohíbe su difusión no sólo a empresas privadas, aun a instituciones del Estado”.
“La terciarización de todo el proceso nos parece preocupante, porque desde ningún punto de vista parece razonable que información oficial de carácter estratégico y tan relevante como el registro de ciudadanos y ciudadanas bolivianas pueda quedar en manos de una empresa privada, más aún tomando en cuenta que inclusive pueda ser una empresa extranjera, dado que no parecen haber empresas en el medio que tengan las condiciones como para cumplir estas tareas”, afirmó el ministro de Autonomías, Carlos Romero.
Esta autoridad fue la que facilitó el acuerdo para la aprobación de la Ley de Régimen Electoral, que contempla la construcción de un padrón biométrico para las elecciones generales de diciembre.
El jefe de bancada del MAS en la Cámara Diputados, César Navarro, coincidió en que al ser ésta “una información pública y siendo la memoria institucional de la ciudadanía boliviana, tiene que ser administrada por la Corte Nacional Electoral, no puede ser administrada por particulares privados. La Corte puede pedir colaboración, pero de ninguna manera transferir sus obligaciones institucionales legales”.
El senador Carlos Böhrt, disidente de Podemos, advirtió que el principal riesgo que corre el país por la decisión de la CNE es que esa información sea manejada por privados, que sabrán exactamente los datos personales de los bolivianos, su lugar de residencia en el país y otros.
“El Padrón Electoral es el registro de información personal más completo que existe en el país, es superior a la base de datos de identificaciones y superior a la base de datos de cualquier registro comercial, empresas de servicios o empresas bancarias. Si esto es así, si contiene información confidencial personal, individual y aun familiar de las cuatro millones de personas mayores a 18 años, ¿quién garantiza que se mantenga la confidencialidad, en manos de una empresa privada? Este registro puede concluir, terminar en cualquier otro destino que no sea el electorado”.
Además, advirtió que existen problemas legales, ya que la CNE no está facultada para transferir su función a otros organismos, como ocurriría en este caso.
El Órgano Electoral concluyó ayer una reunión de coordinación con las cortes departamentales y su presidente, Antonio Costas, aseguró que “no estamos entregando el empadronamiento con el control directo, está bajo la supervisión de la Corte Nacional y de las departamentales”.
No obstante, el vocal de la Corte Electoral de Oruro, David Apaza, observó que “hay un problema jurídico, porque llave en mano significa que la empresa adjudicada hará todo el trabajo de empadronamiento y entregará el Padrón Electoral”.
De hecho, esas diferencias provocaron que la reunión se torne tensa e incluso se lancen amenazas. El presidente de la Corte de Tarija, Miguel Ángel Guzmán, dijo que “fue sólo una reunión informativa y no decisiva”.
El senador Luis Vásquez (Podemos) consideró que con “los candados de seguridad necesarios” es viable dar este registro a una empresa privada.
No funcionó en Nigeria
La experiencia más conocida sobre dejar en manos privadas la construcción del padrón biométrico es la de Nigeria (África), país que entregó en paquete la realización de este registro a una firma particular, “con resultados negativos”, señaló la politóloga Moira Zuazo.
“Nigeria está en un problema muy grave, y lo peor es que ya se sabe que esa información no ha quedado en manos de la empresa privada que ha hecho el proceso, que además no ha terminado el registro en los plazos establecidos, y esos datos están en países extranjeros”, señaló. La opinión fue compartida por el senador Carlos Böhrt, que realizó un estudio sobre el tema.
El ex vocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, dijo que no conoce experiencias similares en América Latina y “quizás haya en el mundo, pero deben ser mínimas, porque lo que pasa en la mayor parte de los países, o en democracias muy avanzadas, es que lo hacen los organismos electorales”.
Opiniones
“Es arriesgar la seguridad”
MOIRA ZUAZO.
Politóloga
“Tienen que revisar esa decisión, porque esto no solamente se neoliberalizó, sino que se está privatizando la seguridad de los bolivianos; ni siquiera en los gobiernos neoliberales más radicales hicieron esto. (La captura de datos del padrón biométrico) no puede terciarizarse, esto es verdaderamente poner en riesgo la seguridad, la intimidad, la privacidad de todos y cada uno de los bolivianos... en este caso estamos pensando en una empresa X o Z cualquiera que finalmente (la que se adjudique) no va a tener que dar la cara, van a ser funcionarios anónimos que van a realizar los datos de absoluta seguridad e importancia y no hay ninguna garantía de que esa información no quede en manos de cualquiera”.
“Terciarizar implica riesgo”
JORGE LAZARTE.
Ex vocal electoral y analista
“En principio se pueden establecer todos los controles posibles de tal manera que los datos los conozca (la empresa privada) pero no los conserve, lo entregue al organismo electoral; pero eso implica mucho riesgo, como que se hagan copias de los datos. Lo recomendable es que esto pueda hacerse a través de los organismos electorales, que es lo que pasa en la mayor parte de los países, donde son los organismos electorales los encargados de empadronar a la ciudadanía y estos datos son de manejo exclusivo de los organismos estatales. En el caso de Bolivia, no hay que olvidar que el Código Electoral prohíbe que (esos datos) puedan ser utilizados por organismos estatales, prohíbe su difusión no sólo a empresas privadas, aun a instituciones del Estado”.
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