La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) considera que la figura penal del desacato restringiría las funciones de los legisladores opositores, que están establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que recomienda a las autoridades gubernamentales pensar en la despenalización de esta normativa.
En un comunicado oficial, la ONU observa con preocupación las denuncias por desacato contra diputados y senadores, personalidades políticas, funcionarios públicos y periodistas.
“Preocupa a la Oficina el irrespeto al derecho de los y las asambleístas a la inviolabilidad personal y del domicilio establecido en el artículo 151 de la CPE. La inadecuada interpretación de dicha norma constitucional y la ausencia de criterios judiciales prácticos por parte de los operadores de justicia pueden provocar este tipo de acciones que van en detrimento de la institucionalidad del país. También la Oficina considera que el desacato puede ser restrictivo de la labor y el desempeño de todo asambleísta, en particular en sus funciones de fiscalización y otras enunciadas en la Constitución”, señala el comunicado oficial.
Este organismo internacional exhorta a las autoridades a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en materia de desacato. En este contexto, la Oficina reitera su disposición de proporcionar al Gobierno la asistencia técnica necesaria para la reforma penal en este tema.
En varias oportunidades esta Oficina y la misma Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, han recomendado al Estado boliviano la despenalización del desacato, por ser violatorio de las garantías individuales y restringir la libertad de expresión de acuerdo a los estándares internacionales.
Sin embargo, dado que las investigaciones del Ministerio Público continúan en el caso de la senadora de Convergencia Nacional Carmen Eva González, en conformidad a la normativa penal vigente, la cual es de observancia general (artículo 162 del Código Penal), la OACNUDH recomienda a los sujetos procesales mantener el irrestricto respeto al Estado de Derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso y los plazos procesales.
El caso más reciente de desacato impuesto por el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, provocó la detención de la senadora González el 26 de enero pasado, día en el que funcionarios del Ministerio Público y oficiales de la Policía la trasladaron a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permaneció seis horas detenida.
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