A través de una carta, los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el líder del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas y de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un “golpe a la democracia y al Estado de Derecho” en Bolivia, por parte del MAS que gobierna el país desde hace más de 11 años.
Los senadores demócratas, Oscar Ortíz y Arturo Murillo, se reunieron ayer con el Jefe de Gabinete de la OEA, Gonzalo Koncke, y el Secretario de Asuntos Legales de la OEA, Jean Michel Arrighi, a quienes entregaron la carta firmada por los expresidentes y los líderes de oposición, en la que hacen conocer la situación que atraviesa Bolivia.
La carta señala que “el MAS ha presentado una Acción de Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el objetivo de que el citado Tribunal declare la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución boliviana, para legalizar la reelección indefinida del presidente Evo Morales Ayma”.
Indica también que la acción fue admitida por el Tribunal Constitucional y firmada por los magistrados Choque, Flores y Bacarreza.
Con estos antecedentes, la misiva de los líderes de oposición aseguran de manera escrita que comenzó a “gestarse en Bolivia un golpe a la democracia y al Estado de Derecho” y que el “gobierno de Evo Morales está dispuesto a todo para perpetuarse en el mando”.
DENUNCIA ANTE CIDH
De forma simultánea, los senadores de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortíz y Arturo Murillo, además del abogado Carlos Alarcón presentaron ayer a María Claudia Pulido, Secretaría Ejecutiva Adjunta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el gobierno boliviano del MAS por la violación al derecho del voto ciudadano.
“Petición contra el Estado Plurinacional de Bolivia por violación del artículo 23, numeral 1, incisos a y b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la parte que prescriben: todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y de votar”, señala la nota que fue entregada.
El senador Ortiz, dijo a la cadena televisiva CNN que el gobierno boliviano pretende que se eliminen artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) que limitan la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García.
Por ello, señaló que en la denuncia presentada ante la instancia internacional, se explica que el partido de gobierno pretende violar el derecho al voto de los bolivianos, que en su mayoría rechazó en el referéndum del 21 de febrero de 2016 una nueva repostulación del presidente Morales.
“Los parlamentarios del Presidente arguyen que se está violando su derecho de no poder seguir eligiéndose indefinidamente (…) Nosotros demandamos respeto al voto y a los resultados del voto”, declaró Ortiz.
Según el documento de la denuncia, “los peticionarios y 2.682.517 (51,30 % del total de votos válidos emitidos), millones de ciudadanos bolivianos votaron mayoritariamente por la opción NO en el Referendo del 21 de febrero de 2016 en Bolivia”.
MINISTRO DE JUSTICIA
En tanto, después de exponer ante el Consejo Permanente de la OEA y de retorno a Bolivia, el ministro de Justicia Héctor Arce, en conferencia de prensa, arremetió contra la oposición política del país y acusó a Estados Unidos de cometer “intromisión” en la política interna.
La autoridad calificó como “inaceptable, vergonzosa y reprochable” la intromisión de Estados Unidos contra Bolivia, al “patrocinar” una reunión de los senadores opositores Oscar Ortiz y Arturo Murillo con más de una veintena de embajadores, en la Organización de los Estados Americanos (OEA), y fijar lineamientos de acción política intervencionista, según la información oficial.
“Presumimos que este encuentro servirá para que los senadores reciban instrucciones y lineamientos políticos de acción de Estados Unidos para actuar en Bolivia”, declaró Arce en conferencia de prensa.
Mostró a los periodistas una copia de la invitación que extendió el embajador de EEUU, Kevin K. Sullivan, a los diplomáticos acreditados ante ese organismo, para una reunión con los dos senadores opositores “patrocinada por Estados Unidos”.
SEMANA DE DENUNCIAS
- Esta semana la pugna y el debate por la reelección indefinida de Evo Morales y el desconocimiento a la Constitución Política del Estado se trasladó hasta Estados Unidos.
- El oficialismo fue el primero en exponer ante los países que integran el bloque de la OEA que el pedido de reelección del MAS es bajo los principios constitucionales y apelando el Pacto de San José.
- Gabriela Montaño, ante los representantes de la OEA, aseguró que la demanda que presentó el MAS ante el TCP fue de toda la Asamblea Legislativa de Bolivia.
- El ministro, Héctor Arce, con una gigantografía, del tuit del secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde pidió a Morales respeto al voto soberano, calificó a la autoridad de “grosero, vergonzoso e inaceptable” y pidió “llamar la atención” por su “inconducta”.
- Mientras el oficialismo calificó como positiva la participación de Montaño y Arce, analistas y la oposición coincidieron en que el oficialismo fue a hacer “un papelón” ante instancias internacionales.
- Ayer fue el turno de los líderes de la oposición que, en la voz de los senadores Arturo Murillo y Oscar Ortiz, junto al jurista Carlos Alarcón, presentaron una carta a Luis Almagro denunciando que el MAS pretende dar un “golpe a la democracia”.
- También se reunieron con una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien plantearon la misma denuncia con todos los argumentos.
- Finalmente, el ministro Arce a su llegada al país denunció que se realizó una reunión -convocada supuestamente por el representante de Estados Unidos ante la OEA- entre los senadores Murillo, Ortiz con los embajadores de los países del bloque.
- En tanto, las organizaciones sociales no oficialistas como los cívicos que marcharon hasta Sucre y los colectivos ciudadanos convocan a resistir el intento del MAS de desconocer el voto ciudadano del 21 de febrero de 2016 cuando el 51.34 por ciento dijo “No” a una reelección indefinida.
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