Bolivia presidirá el comité de la ONU encargado de negociar y redactar un nuevo marco legal para la reestructuración de las deudas externas de los países, según anunció hoy la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El comité "ad hoc" tendrá representantes de los cinco grupos regionales que forman la Asamblea y en el caso de América Latina y el Caribe (GRULAC) está liderado por el embajador boliviano, Sacha Llorenti, que a su vez presidirá las negociaciones.
A petición de Argentina, que mantiene una dura batalla judicial en Nueva York con fondos especulativos que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, la Asamblea General aprobó en septiembre pasado crear este comité por 120 votos a favor y 15 en contra.
El comité arrancó hoy con un primer periodo de sesiones presidido por el embajador boliviano que durará tres días y en los que se ha invitado a los países a sugerir los temas para la negociación, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
Ya en abril se celebrará una segunda sesión de tres días en la que se presentará un documento borrador y se abrirá formalmente el periodo negociador, y el comité tiene previsto volver a reunirse en junio para la negociación final.
El objetivo es contar con un documento listo para someterlo a votación el próximo mes de septiembre, antes de que comience el nuevo periodo de sesiones en la Asamblea General, añadieron las mismas fuentes.
El presidente boliviano, Evo Morales, celebró hoy la elección de su país para presidir este comité de la ONU, cuya creación fue impulsada por el Grupo de los 77 (G77) más China, que el año pasado estuvo presidido por Bolivia.
El Gobierno argentino presentará ante ese comité "ad hoc" su propia propuesta, elaborada por los Ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores, según anunció recientemente el Ejecutivo de Cristina Fernández.
Al margen de las negociaciones en Naciones Unidas, la batalla judicial en Nueva York se reanudará el próximo 3 de marzo, cuando el juez federal que instruye el caso, Thomas Griesa, ha convocado a las partes a una nueva audiencia.
Será la primera audiencia tras el vencimiento de la cláusula RUFO, que permitía reclamar a los bonistas de deuda reestructurada las mismas condiciones que piden los llamados "fondos buitre" y esgrimida por Argentina como principal argumento para no pagar.
Según un fallo de Griesa, Argentina está obligada a pagar a los fondos especuladores, en un solo pago y sin quitas, 1.330 millones de dólares, más intereses, por bonos en mora desde 2001 que no ingresaron en las reestructuraciones.
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