El expresidente del Estado Jorge Tuto Quiroga Ramírez aseguró que no causó daño económico alguno al Estado y que la imputación presentada en su contra, por la presunta firma de contratos petroleros, no “tiene pies ni cabeza”.
“Ni me entrego ni me voy a ir del país”, aseveró el exmandatario al señalar que permanecerá en Bolivia mientras dure el proceso y que se presentará ante el Tribunal el próximo 30 de octubre, a la audiencia de medidas cautelares.
“(La imputación) dice Quiroga explotó sin permiso del Congreso; don Evo Morales, pregúntele usted ¿qué firmó Quiroga? le va a decir que nada. Cuánto han explotado en Huerta Grande Norte, en Aquio, en Río Hondo, ni una gota de petróleo, ni una molécula de gas. Cuánto ha gastado el Estado: cero; cuánto han gastado las empresas: 210 millones de dólares”, argumentó Quiroga en una rueda de prensa ayer en Cochabamba.
Insistió que él, durante su gestión en el gobierno, nunca firmó contratos con empresas extranjeras para la explotación de hidrocarburos, esos cuatro contratos por los que se le acusa son de exploración y éstos fueron firmados por los ejecutivos de entonces de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Dijo que en Aquio, Morales celebró y declaró día de regocijo el inicio de la explotación tras firmar contrato.
Represalia por sus denuncias
La imputación presentada en su contra por la Fiscalía General del Estado, dentro del denominado caso “Petrocontratos”, para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, responde a un “proceso político” para inhabilitarlo ante la proximidad de las elecciones nacionales.
Agregó que Morales no le perdona las denuncias que realizó sobre los casos de corrupción, narcotráfico, la reelección presidencial, entre algunas.
Argumentó que se trata de un juicio político debido a que fue presentado por Evo Morales cuando era diputado y seguido ahora que es Gobierno en coordinación de autoridades que fueron designadas por él.
Dijo que el actual fiscal General, Ramiro Guerrero, designado por el MAS y que ahora presenta la imputación, fue constituyente por esa organización política y posteriormente fue nombrado por decreto como ministro del Tribunal Supremo de Justicia, cargo desde el que impulso el proceso.
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