Al menos cuatro leyes, un decreto supremo, tres declaraciones, cinco actas, tres informes y una resolución de Consejo Departamental beniano avalaron la construcción de la carretera entre los departamentos de Beni y Cochabamba.
El gobernador del departamento de Beni, Álex Ferrier, presentó ayer la documentación que respalda —sostuvo— el deseo de su departamento para integrarse no solo con Cochabamba, sino con el resto del país a través de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Entre las disposiciones que aprobaron la construcción de esta carretera están las leyes 676, del 7 de septiembre de 1984 (Hernán Siles Zuazo); 1185, del 18 de septiembre de 1990 (Jaime Paz Zamora); 717, de 15 de febrero de 1985 (Víctor Paz Estenssoro), y 2528, del 24 de octubre de 2003 (Carlos Mesa).
Además está el Decreto Supremo 26996, de 17 de abril de 2003.
En estas disposiciones legales se dispone la construcción de la carretera, gestionar financiamiento y su inclusión en la red fundamental.
A estos documentos se suma la declaración conjunta de representantes cívicos de Cochabamba y Beni de enero de 1980, que solicitan al Ejecutivo los estudios pertinentes sobre el diseño de la ruta.
La otra declaración es de San Ignacio de Moxos del 16 de agosto de 2003, en la que autoridades y representantes cívicos y sociales de Cochabamba y Beni acuerdan el comité impulsor que exige al Gobierno la convocatoria a licitación; y la declaración de Villa Tunari del 9 de enero de 2009, en la que comisiones de consejeros departamentales de Beni y Cochabamba declaran a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos como “estratégica y de vital importancia”.
También están las actas del 16 de agosto de 2003, que define la “constitución del Comité Impulsor para la Construcción del Tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”; la del 12 y 13 de diciembre de 2005, que emergen de “jornadas de trabajo” de ambos departamentos con el propósito de impulsar la vinculación vial.
El 9 de enero de 2009, las prefecturas de Beni (dirigida por Ernesto Suárez) y de Cochabamba definen como “estratégica y de vital importancia para la integración y desarrollo” la construcción de la ruta.
El 19 de junio de 2009 se emite el acta de Conclusiones de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Asociación de Consejeros Departamentales de Bolivia, que define como prioridad nacional la ejecución de la carretera.
También están los informes 001/2000, el 006/2004 y 022/2004, que plantean la construcción de la carretera.
Y la resolución del Consejo Departamental del Beni Nº 44/2000, que en su artículo 5 “se determina de prioridad departamental, la vinculación vial de los departamentos de Beni y Cochabamba”.
Con estos antecedentes, el gobernador Ferrier salió al paso de los cuestionamientos que surgieron a partir de la promulgación de la Ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis.
Dijo que en el pasado había ciertos grupos de poder que se opusieron al desarrollo del Beni. Como ejemplo mencionó que el exministro de Hacienda Claudio Mansilla era colocado por la Cainco Santa Cruz. “Asumimos que hubo una cierta tranca de parte de un sector del empresariado cruceño, que sentimos que está influenciando y continúa con esa situación para seguir postergando a los benianos”.
Antes de la conferencia de prensa de Ferrier, Mesa admitió que durante su gestión como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y como presidente impulsó la ejecución de la obra. “Nadie se opone a una carretera que conecte Beni y Cochabamba. Yo mismo la impulsé a través de sendas normas”, reconoció en su blog personal.
En tanto, el presidente Evo Morales cuestionó que expresidentes y neoliberales rechacen y protesten cuando Beni quiere integrarse y desarrollarse. Sin embargo —dijo—, “la derecha boliviana calla cuando Trump-EEUU rompe el Acuerdo de París”.
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