Hacer fila está en los genes del boliviano. Pasar por un rosario de trámites para cualquier acto oficial de nuestra vida es una costumbre. Aguardamos en la cola del banco para pagar servicios, en la fila que amanece afuera del Segip para tramitar carné y vivimos una verdadera peregrinación al momento de querer abrir una empresa.
El Gobierno ha lanzado un paquete de medidas para bajar la carga burocrática al ciudadano, algo que es percibido por la oposición como un paso lógico de reducción de personal que debía pasar la administración central del Estado, porque ya lo sufrieron las entidades autónomas. El oficialismo niega que haya crisis.
Pese a ello, el peso de la burocracia, el gasto en sueldos del Estado (en todos sus niveles) se ha multiplicado por cuatro en los últimos 10 años. Desde que Evo Morales es presidente, los gastos en la casilla de Sueldos y jornales del Presupuesto General del Estado creció de $us 1.160,20 millones en 2006, a 4.940,79 millones en 2016. Esto significa que el 15,6% del PGE se fue en salarios.
¿Austeridad o necesidad?
“Desde hace dos años, las gobernaciones hemos tenido que hacer una reingeniería financiera para cumplir con nuestras atribuciones”, dice José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz.
Por su cargo, Parada sigue en detalle la estructura de presupuesto del Estado y explica que, mientras las gobernaciones y municipios tienen un límite de gasto corriente en sus presupuestos del 15% y el 25%, respectivamente, esto no se da en el Ejecutivo. En 2016, el gasto corriente del Estado sumó $us 16.900 millones, poco más de la mitad del presupuesto.
Parada añade que desde 2014, la renta petrolera (IDH más regalías) cayó en un 63%, de Bs 24.501 millones a 8.953 millones. Eso afectó de manera mayúscula a los gobiernos subnacionales y universidades, que debieron encajar sus administraciones en presupuestos mucho más ajustados. Si a eso se le suma que el déficit fiscal llegó al 6,7% en 2016, Parada cree que hay cuentas por cuadrar.
Adriana Salvatierra, senadora oficialista, asegura que no es así. Explica que las medidas de desburocratización aplicadas por Evo Morales son propias de la aplicación de un gobierno electrónico, que está destinado a simplificar trámites y no a reducir personal o despedir a alguien. Asegura que el déficit fiscal de Bolivia se explica por el endeudamiento del país para financiar macroproyectos y que el Estado no se está endeudando para pagar sueldos y aguinaldos, como sucedía en el pasado.
Gustavo Pedraza, analista y exministro de Estado, considera que una de las principales deudas del MAS es la poca eficiencia y eficacia de la administración pública, que en 11 años, pese a haber tenido recursos, poder político y apoyo popular, no haya podido traducir esto en recursos materiales y políticas públicas efectivas.
Para el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, el problema del Gobierno es que se gastó el dinero de la bonanza de los precios internacionales en gasto corriente, pago de personal y no en inversión. “Ahora está empezando a tener problemas. Si no hay cambios importantes en la economía internacional, habrá serias dificultades, más aún si Brasil deja de comprar gas en 2019”, dijo el principal adversario de Evo Morales en las elecciones de 2014.
En los últimos 10 años, el peso del PGE en Producto Interno Bruto subió del 50% en 2006 al 82% en 2016. Para Parada esto es una muestra de economía estatal con leyes neoliberales. “La última ley generadora de recursos fue la de Hidrocarburos, promulgada en mayo de 2005”, asegura. En cambio, Salvatierra ve el reflejo de un Estado con fuerte presencia en la economía, que ha multiplicado por 10 la inversión pública y que ha aumentado su presencia en el territorio.
En los últimos dos años, los gobiernos subnacionales se han visto obligados a bajar su cantidad de trabajadores hasta en un 40%, pero esto no se ve reflejado en la casilla de sueldos y jornales del PGE. Desde 2014, cuando los ingresos de la renta petrolera alcanzaron su pico máximo antes de desmoronarse, esta cartera no para de crecer. Subió de $us 4011 millones a $us 4940,79 millones, a un ritmo de más $us 450 millones al año. En 2016, los gastos en personal del Estado fueron casi similares a toda la cartera de inversión. Pedraza cree que eso refleja que el crecimiento del personal estatal se maneja con más criterios políticos que técnicos. Salvatierra asegura que esto no es un síntoma de gigantismo, sino del crecimiento de las empresas estatales y de la economía. La oposición quiere ver cómo se sostiene eso en un contexto de precios bajos de materias primas.
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