El juicio se desarrolló en Roma, Italia, desde 2015, por la muerte de una veintena de italianos e imputó a 34 militares de Chile, Perú, Uruguay y Bolivia. Solamente ocho fueron sentenciados.
En el caso de los militares García Meza y Arce, ambos están cumpliendo condenas en Bolivia a 30 años de prisión, sin derecho a indulto. Si sobrevivieran a esa sentencia, el Estado italiano iniciaría un proceso de extradición contra ambos.
El juicio, en primera instancia, fue abierto en Italia contra 27 exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, por la muerte de italianos en el Plan Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980 y acabó ayer con la absolución de la mayoría de los imputados, informó ayer la agencia española EFE.
La presidenta de la III Corte Penal de Roma, Evelina Canale, pronunció su veredicto, con el que condenó a cadena perpetua a ocho militares de las juntas dictatoriales de dichos países, pero absolvió a diecinueve acusados, suscitando la decepción entre los acusadores.
Junto a los dos dictadores bolivianos fueron condenados los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco y los peruanos Francisco Morales Bermúdez (expresidente), Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
ABSUELTOS
Por contra, quedaron absueltos cinco de los siete militares chilenos imputados: Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como el peruano Martín Martínez Garay.
Tomó la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.
La lluvia de absoluciones sumió en el desánimo a los acusadores, que han sacado adelante este juicio durante dos años y un total de sesenta audiencias, encabezados por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, que investigó los hechos imputados durante una década.
A la vista acudió el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, cuyo partido, el Frente Amplio, se ha personado como acusador particular o parte civil en el juicio, junto a numerosas organizaciones por los Derechos Humanos y formaciones políticas.
DECEPCIÓN
Con aire apesadumbrado, Sendic reconoció a los medios su decepción ante el fallo del Tribunal de Roma, pero subrayó que en su ánimo no está juzgar las decisiones tomadas por la Justicia italiana.
“Por supuesto que esperábamos otra cosa, nos sentimos defraudados pero respetamos la separación de poderes. Esta era una posibilidad, la habíamos previsto, sabíamos que podía ocurrir”, confesó.
Sendic apuntó que al Gobierno de Uruguay le queda, en cualquier caso, “la tranquilidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer, de haber presentado las pruebas, los testimonios y apoyado los familiares”, algo rebatido por una joven que protestó ante él.
También lamentó la sentencia la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y exfiscal uruguaya Mirtha Guianze, que ha participado en varias vistas del proceso y que, en conversación con EFE, dijo no comprender el fallo.
Este dilatado juicio ha sido considerado simbólico, porque la mayoría de los imputados cumplen condena en sus respectivos países, e incluso han ido muriendo por su avanzada edad durante la celebración del proceso, como el dictador uruguayo Gregorio Álvarez, que falleció el 28 de diciembre, mientras cumplía condena en su país.
La excepción representa el exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, único de los imputados que se ha apersonado en el juicio, ya que reside en libertad en Italia, al gozar de doble nacionalidad y adonde llegó en 2007, tras zafarse de la justicia uruguaya.
Por eso, el principal deseo de los acusadores era que recayera sobre este antiguo miembro de los Fusileros Navales una cadena perpetua, para evitar así que los cargos se declararan prescritos, tal y como dictamina el Código Penal italiano.
No fue así y Troccoli, que hoy no acudió a la audiencia, permaneció en su casa de Marina di Camerota (sur) “nervioso”, a la espera de conocer el veredicto, explicó a EFE su abogado Alfonso Domingo Scarano.
El letrado celebró la decisión del tribunal y dijo que la Fiscalía no había logrado aportar prueba alguna que vinculase a Troccoli con las masacres que se le atribuían, de italo-latinoamericanos y de veinte ciudadanos uruguayos.
PLAN CÓNDOR
La Operación o Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80 del siglo pasado. (EFE)
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