Este domingo se cumplen ocho años del caso Porvenir o “Masacre de Porvenir”, ocurrido el 11 de septiembre de 2008, sin que hasta el momento exista una sentencia condenatoria.
El principal acusado es el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, además de otras personas, por la muerte de 10 campesinos y dos funcionarios de la prefectura, producto de un enfrentamiento. Fernández señaló que se trata del juicio “más largo de la historia” de Bolivia.
“Sin temor a equivocarme, debe ser el juicio más largo de la historia de nuestro país y esto tiene una explicación, no ha podido nunca la acusación, tanto pública como particular, demostrar la culpabilidad y la responsabilidad de los acusados en los acontecimientos de Porvenir, caso contrario ya hubiéramos tenido sentencia”, manifestó Fernández.
El juicio por el caso Porvenir está en la etapa de alegatos de la parte demandada y el exprefecto reiteró que este proceso es de “carácter político” porque hasta los propios acontecimientos fueron “manipulados y organizados” por el Gobierno con el fin de desestabilizar el movimiento autonómico en Pando.
Agregó que los hechos fueron provocados por el Gobierno y los movimientos sociales que bajo el pretexto de reivindicaciones incitaron los enfrentamientos para que haya muertos.
El exprefecto señaló que los acusadores no han podido demostrar su culpabilidad en el caso porque las pruebas presentadas no tienen sustento ni contundencia.
“El argumento principal que tiene el Ministerio Público y la acusación particular es que hubieron muertos; correcto, hubieron muertos, nadie discute, eso lo sabe no solo el país, el mundo entero (lo sabe), el problema es quiénes fueron los autores, quiénes fueron los causantes de esas muertes y nunca han querido investigar aquello”, mencionó.
En 2008, el Gobierno responsabilizó de los hechos a Fernández por “alentar a la violencia”. La exautoridad departamental, que se entregó días después a la Policía, acusó al Gobierno de “montar una marcha” de sus aliados para “generar un escenario de conflictividad” en la zona.
Después de 8 años el proceso judicial ingresa a la etapa final en el cual el Ministerio Público ha solicitado 30 años de reclusión para el exprefecto.
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