De los 11 concejales de Cochabamba, cuatro incrementaron, en un año, su patrimonio, pero la suma de todos es de 16.69 millones de bolivianos, menos que en 2015.
El año pasado, cuando inició la gestión municipal 2015 - 2020, los concejales municipales hicieron su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado y su patrimonio (resultado del valor de sus bienes menos sus deudas) sumado era 20.8 millones de bolivianos.
Los resúmenes de estos informes incluyen bienes o activos, deudas o pasivos, patrimonio neto y rentas que son los recursos que perciben anualmente.
A los instrumentos musicales, cabezas de ganado, micros, casas y lotes, este año, se sumaron las mejoras en casas, compra de equipos de sonido y la percepción de un mejor salario comparado con el que recibían en anteriores trabajos. Aunque algunos tienen menos recursos porque dieron herencias o ganan menos que antes.
El salario mensual de los concejales es de 17.640 bolivianos y el monto que cada uno recibe, considerando descuentos, es de alrededor de Bs 15.360.
AUMENTARON El presidente del Concejo Municipal y concejal del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Édgar Antonio Gainza Pereira, aumentó su patrimonio en más de 600 mil bolivianos.
En 2015 declaró cerca de 3 millones y hace un mes actualizó la información con 3.6 millones.
Explicó que el incremento responde a la regularización de títulos de departamentos que vendió en un edificio que hizo construir en este tiempo.
Este año declaró 306 mil bolivianos de rentas. Dijo que son la suma de sus salarios como concejal y los dineros que recibe por el alquiler de un departamento y una oficina.
El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jhonny Joel Flores Flores elevó su patrimonio en más de 100 mil bolivianos, de 1.1 a 1.2 millones de bolivianos, con 5 mil de deuda.
Además de concejal es músico. La pasada gestión declaró hasta los instrumentos musicales (guitarras y zampoñas) que son de su propiedad y la grabación de discos, además de cabezas de ganado, entre llamas y alpacas, que tiene como herencia en una comunidad de Oruro. Cuenta también con una casa, una camioneta y lotes en Santa Cruz.
Los incrementos responden a la adquisición de equipos de sonido, micrófonos y pedestales.
Flores expuso una renta anual de 365 mil bolivianos, el doble del promedio de la mayoría de los concejales.
“Siempre he estado percibiendo ingresos de la música. Es en función a los servicios que prestamos. Mi renta incluye los salarios del Concejo. En adelante, posiblemente, en el aspecto musical se incremente, hay que grabar producciones, estamos hablando de por encima de unos mil dólares que se eroga en una canción y se tiene que declarar hasta eso”.
También del MAS, Sergio Óliver Rodríguez Mercado subió su patrimonio en alrededor de 50 mil bolivianos, de 947 mil bolivianos a un millón. Debe 42 mil.
Recalcó que la casa, el vehículo y otros bienes que le pertenecen, los tiene desde 2007, cuando aún no era funcionario público.
Explicó que las cifras subieron con la compra de un lote en un cementerio privado y por las mejoras que hizo en su vivienda.
La concejala de Demócratas Karen Melissa Suárez Alba elevó cifras de 583 mil bolivianos a cerca de 620 mil.
“Subió porque declaré el total de rentas, los doce sueldos y los aguinaldos (como concejala)”.
Acotó que vendió su vagoneta, aunque eso no varía su patrimonio.
“También vendí unas cabezas de ganado. La familia de mi papá se dedica a ese negocio en Beni”.
TIENEN MENOS Hay tres concejales que evidenciaron que tienen menos patrimonio que hace un año.
La concejala de Demócratas Juana Beatriz Terán de Cocaibo era la que más recursos tenía en 2015. Ahora, su patrimonio bajó a la mitad, de 7.7 millones de bolivianos a 3 millones.
El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, en 2015 tenía cerca de 2.6 millones de bolivianos, ahora tiene, según la más reciente declaración presentada en la Contraloría, alrededor de 2.4 millones.
Rocío Alejandra Molina Travesí, del MAS, tiene menos. Su patrimonio registra este año 417 mil bolivianos. En 2015 era de 470 mil.
Reconoció que cuando era periodista y docente universitaria percibía un mejor salario.
Apuntes
El Alcalde
El alcalde José María Leyes actualizó su declaración jurada el 29 de julio. La autoridad registró que su patrimonio bajó de 1.3 millones de bolivianos a 1.1 millones. Sus bienes o activos corresponden a ese mismo monto porque ya no tiene las deudas de 210 mil bolivianos de 2015. Informó sobre rentas anuales de 228 mil, más que los 175 mil de hace un año.
Leyes informó antes que sus bienes consistían en dos vehículos y “algún dinero ahorrado”.
Sin actualización
Celima Torrico (MAS), Ross Mary Llusco Canaviri (Demócratas) y Carlos Coca Flores (Demócratas) todavía no actualizaron sus declaraciones juradas en vista de que recién llegará el día de su cumpleaños.
En 2015, Llusco registró un patrimonio neto de 53 mil bolivianos y una deuda de 39 mil.
Coca tiene un patrimonio de 132 mil bolivianos.
Manifestó que desde que es concejal dejó de realizar sus demás actividades.
“Cuando una persona asume retos, los retos no van al tema económico, hay que servir a los ciudadanos, a los que nos han elegido”.
Dio herencia y tiene la mitad
La concejala de Demócratas Beatriz Terán era la que mayor patrimonio tenía en 2015 y ahora tiene menos de la mitad de los 7.7 millones de bolivianos que declaró cuando ingresó al Concejo, porque entregó lotes a sus hijos.
En mayo de 2016 actualizó su información y declaró tres millones de bolivianos. Ella explicó que formalizó la entrega de lotes a sus cuatro herederos.
“Los nombres de mis hijos ya estaban incluidos en los terrenos, he hecho una división y es la razón por la que ha disminuido mi patrimonio”.
La autoridad manifestó que la remuneración que tiene en el Órgano Deliberante le ayuda, pero que a veces no compensa toda la presión que incluye su trabajo.
Terán se alejó de la actividad de la producción lechera y contrató a otra persona para que se haga cargo.
Pese a la disminución de su patrimonio continúa siendo propietaria de terrenos, una casa y ganado vacuno en Itocta, al sur de la ciudad.
Un extransportista es ahora el más adinerado del Órgano Deliberante
Con 3.8 millones de bolivianos, Iván Tellería del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) es el concejal más adinerado del municipio. Aunque aún no actualizó su declaración jurada en la Contraloría, la autoridad informó que sus recursos no sufrieron variaciones significativas.
Antes de ser concejal fue dirigente del transporte por más de 20 años.
P: Aún no actualizó su declaración jurada, ¿su patrimonio subió o bajó?
R: Me he desecho de una de las dos movilidades que tenía y la he renovado por otra. No he hecho ninguna otra adquisición considerable, en lo personal. Mi patrimonio se mantiene.
P: ¿Quiere decir que los ingresos que tiene en el Concejo son los mismos que tenía como transportista?
R: Le puedo decir que incluso, dedicándome más, como transportista tal vez me iba mejor.
P: ¿Considera que su patrimonio puede reducir en estos años de concejal?
R: No creo que reduzca. El compromiso que hice fue trabajar por Cochabamba. Pero, también, antes de asumir la concejalía tenía que resguardar mi patrimonio.
P: ¿Continuará después como transportista?
R: Téngalo por seguro, hasta el último día de mi existencia. Es de familia lo del transporte, desde mi padre, soy la segunda generación y voy a seguir.
P: Por ahora, ¿quién se hace cargo de sus vehículos?
R: A veces tengo un poco de pérdida. Las movilidades necesitan presencia constante para el control. En este momento tengo una movilidad parada por cinco o seis meses, por refacciones, no he hecho el seguimiento correspondiente porque a veces no me alcanza el tiempo.
P: ¿El otro carro trabaja?
R: Sí, con chofer, que es de mi entera confianza, no es como cuando yo controlaba, pero sigue trabajando en la línea H.
5 autoridades declararon que están sin deudas
Cinco de los 11 miembros del Concejo Municipal de Cochabamba declararon que no tienen deudas.
Karen Melissa Suárez Alba y Juana Beatriz Terán de Cocaibo del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Edwin Jiménez de Unidos Por Cochabamba (UNICO) y Celima Torrico y Rocío Molina del Movimiento Al Socialismo (MAS) registraron “cero” en deudas.
Karen Suárez tiene, ahora, un patrimonio de 620 mil bolivianos, más que los 583 mil de 2015.
Juana Terán tampoco tiene pasivos en sus descargos. Ella bajó de 7.6 millones de bolivianos a 3 millones.
Edwin Jiménez rebajó su patrimonio entre 2015 y 2016. Hace un año declaró 2.5 millones de bolivianos y, ahora, el resumen de su declaratoria da cuenta de un patrimonio de 2.4 millones.
“La actividad de concejal, si bien alcanza para ahorrar algo de dinero, uno también tiene actividades extras (importación de vehículos) que no implican utilizar las horas que uno le debe al Concejo”.
Jiménez tiene, en buena parte, bienes heredados en Aiquile y vehículos.
Rocío Molina también bajó montos, de 470 mil bolivianos a 417 mil. Dijo que, en la actualidad, solo percibe su sueldo.
“Ha sido un mal negocio si lo vemos desde el punto de vista comercial. Entré a la política no por un negocio, sino como una forma de agradecer a Cochabamba todo lo que me ha dado. Así que no me arrepiento”.
Celima Torrico anunció que le toca actualizar información en la Contraloría recién en las próximas semanas. Tiene alrededor de 529 mil bolivianos en patrimonio, que consiste en una casa, un lote y una vagoneta. Reconoció que el salario que percibe le permitió arreglar su casa.
Normas legales
La normativa vigente en Bolivia establece que los trabajadores públicos tienen la obligación de presentar información ante la Contraloría General del Estado.
El artículo 235 de la Carta Magna determina, entre las obligaciones de las servidoras y los servidores públicos, “prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”.
En la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, el artículo 53 menciona que los servidores “cualesquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría” están obligados a prestar declaraciones expresas y cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones podrán ser objeto de verificación en cualquier momento.
La falsedad es un delito. Esto se aclara en el artículo 33 de la Ley 004, que expresa: “El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días”.
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