25 abril 2015

La Paz y Tarija deben recurrir a préstamos para frenar crisis

La primera crisis que enfrentaran los gobernadores electos de La Paz y Tarija será económica. Las entidades autónomas se declararon con falta de liquidez por atender asuntos extraordinarios, lo que perjudica la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2015. Las nuevas autoridades tendrán que recurrir al préstamo del Gobierno central o de organismos internacionales para concluir la gestión sin números rojos.

En el caso de La Paz la situación es más complicada. Se utilizó dinero asignado a otras partidas para garantizar el desarrollo del referéndum de aprobación del Estatuto Autonómico, previsto para el 12 de julio. El gobernador paceño, César Cocarico, explicó a este medio que existe “insolvencia financiera” debido a la utilización de recursos para la consulta.

“ Al 31 de marzo nos reportaron que tenemos para inversión Bs 22 millones, nos debitaron Bs 19 millones para el referéndum, por tanto nos quedan tres millones para gestión. Esto ha hecho que muchas planillas que las empresas nos han presentado no puedan ser pagadas. Estamos en una situación delicada”, lamentó Cocarico, que dejará funciones el 28 de mayo próximo.

En su lugar ingresará Félix Patzi, que ganó la elección del 29 de marzo con la sigla Sol.bo. La autoridad electa pidió “paralizar” la realización de la consulta para evitar gastos. “Lo más sano sería evitar ese referéndum, ya que el estatuto está mal hecho y la población lo desconoce”, reprochó Patzi.

Pedidos económicos
Cocarico acotó que al bajo presupuesto se sumó el pedido de la Asamblea Legislativa Departamental de Bs 8 millones para la difusión del Estatuto Autonómico. Esto puede perjudicar la construcción de nuevas obras camineras.

En Tarija la situación es similar. El secretario ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz, dijo que será “imprescindible” que la nueva autoridad gestione un préstamo con el Gobierno a cuenta de los ingresos por la renta petrolera, ya que hay condiciones de endeudamiento.

El candidato del MAS, Pablo Canedo, garantizó el trabajo de coordinación para enfrentar la iliquidez, mientras que el opositor Adrián Oliva dijo que es “guerra sucia” y que pedirá una auditoría

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