19 febrero 2014

Vicepresidente: Quienes piden declaratoria de desastre están pensando en elecciones

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseveró hoy que la petición de declarar desastre en Beni responde a "cálculos electorales" que buscan que el Gobierno central asuma todos los gastos que supone esta declaratoria, lo que eximiría a las gobernaciones y municipios de erogar recursos para atender las emergencias.

La segunda autoridad del Estado, informó que en caso de declarar desastre nacional, el Gobierno central tendría que asumir, junto a la cooperación internacional, todos los costos que implica la atención de estos desastres, gastos que con el actual decreto supremo de Emergencia nacional, deben ser compartidos entre los tres niveles del Estado: Central, Gobernaciones y municipios.

"Si se declara zona de desastre, sólo el Tesoro General de la Nación (TGN) y el Gobierno nacional tendrían que asumir los costos, dejando de lado a las gobernaciones y a los municipios, y es un momento en el que todos tenemos que cooperar", señaló García en conferencia de prensa.

Asimismo, el Vicepresidente indicó que el Estado está canalizando toda la ayuda internacional necesaria y que se movilizarán los recursos pertinentes, pero que también debe haber participación de los otros niveles del Estado.

"Por eso la posición del Gobierno de mantener, de justificar la declaratoria de emergencia nacional que obliga a las gobernaciones y municipios a invertir dinero e involucrarse (en los desastres naturales)", precisó.

"Quienes hablan de desastre nacional, están pensando en las elecciones, porque no quieren gastar su plata hoy, y eso es una actitud mezquina e indolente", continuó.

El Comité Cívico de Beni junto a asambleístas de este departamento realizarán mañana medidas de presión en la capital Trinidad exigiendo al Gobierno que declare zona de desastre a esta región ante las fuertes inundaciones que han dejado miles de hectáreas bajo el agua y afectado cerca de 40 mil cabezas de ganado.

Hasta la fecha, las inundaciones en el país dejaron más de 58 mil familias damnificadas, 57 muertos y cerca de 39 mil hectáreas de cultivo dañadas.

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