El gobernador del Departamento de La Paz, César Cocarico, ordenó la demolición de la polémica “Chito Casa” de la zona Gran Poder y con inusual rapidez se procedió a la construcción de una Galería de Oficinas, donde se niega otorgar un espacio a la Junta de Vecinos de la popular zona paceña, pese a un compromiso que habría asumido la autoridad departamental.
La obra denominada “Galería y Oficinas Casa Gallardo La Paz” de seis pisos, fue entregada a la empresa Tera Ingeniería a un costo de Bs 5.187.400, por la Secretaría Departamental de Infraestructura Productiva y Obras Públicas de la Gobernación en un procedimiento cuestionado por la Junta Vecinal porque no fue publicitado.
En 9 días, la empresa contratista vacío los cimientos y la primera loza, ritmo de trabajo que llamó la atención de los vecinos por las intenciones de oferta de alquiler de los ambientes para, supuestamente, financiar la obra construida sin consenso con las organizaciones sociales de la zona.
La “Chito Casa” ubicada en la calle Gallardo fue de propiedad de la señora María Rojas, afiliada a la Mutual de Beneficencia Gran Poder, quien al no tener descendientes, antes de su fallecimiento, cedió el inmueble a la zona para fines sociales.
La directiva vecinal de ese tiempo depositó la documentación a la Prefectura, donde el extitular Luis Alberto Valle la vendió a un particular y tras un largo proceso, la Gobernación la rescató devolviendo cerca de medio millón de dólares y consolidó su propiedad, declarando patrimonio departamental.
En una carta del 15 de marzo de 2012 al que accedió EL DIARIO, la Junta presidida por Carlos Chávez, recuerda a Cocarico que asumió el compromiso de otorgar ambientes a las organizaciones representativas.
Uno de los vecinos más antiguos, Hugo Vela Alcázar, indicó que la zona necesita una guardería para niños menores de cinco años, posta sanitaria, retén policial, salón velatorio y una sede para la Junta, criterio que respaldado por su dirigente Elsa Valdez.
La misiva suscrita también por Severo Rivera, Alfredo Méndez, Ana María de Santibáñez recuerda al Gobernador que en una reunión del año pasado junto al equipo asesor, se acordó que los planos de construcción contemplarían ambientes para beneficio principalmente de los vecinos, la comunidad de la zona y sus organizaciones representativas.
Consultado sobre el tema, el gobernador Cocarico negó algún compromiso asumido ante la Junta Vecinal de la zona Gran Poder y descartó la intención de ofrecer a particulares oficinas en alquiler en la futura “Casa Gallardo”.
“No vamos a disponer para alquiler pero tampoco permitiremos que intereses personales se impongan sobre la Casa Gallardo”, dijo a EL DIARIO al explicar que la Gobernación tiene carencia de infraestructura y sería ilógico arrendar espacios que son bienes públicos, además que constituiría una ilegalidad.
Sostuvo que el Gobierno Departamental tiene una política de administración de bienes y no destina ninguno de sus bienes a particulares. En una breve entrevista concedida en pasillos de la Gobernación que evitó abundar en otros detalles, aclaró que se rehabilita la “Casa Gallardo” por una necesidad institucional.
“Es una casa céntrica que podía cumplir una función social mucho más amplia y no podía estar tan abandonada como está hasta ahora” declaró la autoridad a tiempo de recordar que la recuperación del inmueble costó mucho dinero al departamento por los sobreprecios que se pusieron.
Por otra parte, consultado sobre el reclamo vecinal de obtener un espacio en el nuevo edificio, Cocarico dijo: “Nunca me comprometí de entregar a particulares o junta de vecinos para que hagan uso exclusivo como parte de su patrimonio. Nunca. Yo sé cómo se manejan las normas, sé cuál es el Sistema de Administración de Bienes del Estado y no podemos hacer este compromiso”.
Dijo que les ofreció compartir algunos ambientes como la habilitación de un centro médico, así como permitir que la directiva utilice ocasionalmente la sala de reuniones.
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