Los sicarios que se resistan a su arresto policial e intenten huir serán ejecutados en ese momento por las fuerzas del orden aplicando la ley de fuga, ordenó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero a los miembros de la Policía al declarar en emergencia a todo el sistema de seguridad de la ciudad de Santa Cruz, a raíz del recrudecimiento de actos delictivos que causaron la muerte a bala de diez personas en esa región.
El caso más estremecedor, porque fue grabado por una cámara de video, fue la ejecución del beniano Honorio Rodríguez Mejía a manos de un sicario que lo asesinó el martes a sangre fría. Este hecho conmocionó a todo el país, y en criterio de Romero causó una psicosis ciudadana.
"Quiero pedirle a la Policía que en un plazo inmediato nos entregue a ese sicario, que asesinó a sangre fría y quien ofrezca resistencia en el dispositivo policial, quiero pedirles que se le aplique la ley de fuga. Porque así como ellos tienen sangre fría para matar, pido que nos entreguen de inmediato (al sicario) vivo o muerto, para establecer los nexos de estas acciones de sicariato en particular en Santa Cruz", advirtió el Ministro de Gobierno.
La autoridad explicó que el sicariato no es lo mismo que la delincuencia común, "lo que vimos indignados a través de los medios (la ejecución de Rodríguez), es un hecho repudiable. Queremos decirles de forma categórica no vamos a permitir que el sicariato se instale y extienda en territorio boliviano".
Esta es una de ocho medidas que tiene por objetivo aplicar "mano dura" contra la delincuencia en la principal ciudad del oriente del país. Romero lamentó que el asesinato de Rodríguez generara tal impacto mediático que invalida todo lo que se hacía como plan de seguridad ciudadana en Santa Cruz, del que señaló que se logró resultados positivos, con la solución de varios crímenes. Pero este hecho de sangre no permitirá valorar ese trabajo, explicó.
La primera medida adoptada es la declaratoria de emergencia contra los sicarios y la delincuencia. En segundo lugar se dispuso el acuartelamiento de la tropa policial para ponerse a disposición de las acciones a desarrollarse. La tercera decisión es la declaración en comisión del viceministro de Régimen interior y Policía, Jorge Pérez y del viceministro de Seguridad Ciudadana, Humberto Echalar, ambos viajaron a Santa Cruz con el objetivo de organizar y hacer seguimiento a todas las acciones policiales.
En cuarto lugar se reforzará la presencia policial. En quinto lugar, los citados viceministros y los jefes policiales deben presentar al Ministerio de Gobierno un "mapeo" de La ciudad de Santa Cruz, con esa información se establecerá responsabilidades de control policial y de seguridad ciudadana en cada distrito. Cada zona tendrá responsables de Policía y de los viceministerios de régimen interior y de seguridad ciudadana que deberán velar por la seguridad y lucha contra la delincuencia en sus zonas, pero además responderán de lo que suceda y ocurra en el distrito que esté bajo su control.
"Es cierto que tenemos problemas de infraestructura, policías que duermen en pasillos del comando, pero vamos a improvisar porque estas decisiones no pueden quedar postergadas por situaciones burocráticas o procedimientos administrativos", sostuvo el Ministro.
La sexta medida tomada por el Gobierno fue pedir de manera pública al tribunal distrital de justicia de Santa Cruz que agilice el trámite de transferencia de unos hangares, donde se instalarán y trabajará el servicio de policía aérea de esa ciudad.
"Hemos esperado tres meses para que se resuelva el trámite, pero se necesita que se registre en derechos reales y (recién) podamos instalar este servicio", informó Romero.
Como séptima acción se activó un convenio insterinstitucional con el Ministerio de Defensa, el que tiene que concretarse en cuestión de horas. La autoridad no precisó en qué consiste este acuerdo o si involucra el patrullaje de calles por tropas militares.
La octava iniciativa del plan de emergencia que es un "barrido" de la ciudad para dar con los sicarios, delincuentes comunes y extranjeros que estén de forma ilegal en Bolivia.
Finalmente, se coordina con la Dirección Nacional de Migración el control de la presencia de extranjeros, quienes no tengan legalizada sus presencia en territorio boliviano serán aprehendidos.
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