Manuel Saavedra, Enrique Landívar, Yanine Parada, Leonardo Roca y Sibele Ortiz, todos concejales de Santa Cruz Para Todos (SPT), recibieron esta tarde con alegría el fallo del presidente de la sala penal segunda, Sigfrido Soleto, que rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público en contra de cinco concejales disidentes por el supuesto delito de “incumplimiento de deberes” en la suspensión que hicieron de la presidenta del Concejo, Desirée Bravo, el 19 de marzo de este año.
Soleto ratificó, además, el fallo del juez de instrucción sexta, José Subieta, que dispuso medidas sustitutivas y otras determinaciones en contra de los ‘rebeldes’. Al iniciar la audiencia, Otto Ritter, abogado de los disidentes, desistió de la apelación que presentó en contra del fallo que emitió Subieta. Posteriormente, Freddy Pérez, representante del Ministerio Público, interpuso una apelación denunciando contradicciones en la determinación de Subieta.
“La convocatoria para la sesión se desvió del orden. No se ha cumplido el tratamiento del caso en la comisión de ética, se violentó la ley autonómica y se suspendió a Bravo con un proyecto de norma”, denunció Pérez. Sin embargo, Ritter y Mirna Arancibia, abogados de los concejales, presentaron el acta de la sesión del 19 de marzo del Concejo, el fallo del Tribunal Constitucional para proceder con la suspensión de Bravo y denunciaron que detrás de todo “hay un interés político.”
“Con esta decisión del tribunal de garantías, este proceso está por caerse”, dijo Saavedra al finalizar la audiencia. Roberto Capobianco, abogado de Bravo, estuvo al lado de Pérez en la mitad de la audiencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario