Expertos e investigadores universitarios piden que con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2012, se redistribuyan los recursos económicos en función a la población más pobre o la que más necesita y no así en función al número de habitantes de cada zona.
“Lamentablemente, la distribución de recursos está muchas veces en función del tamaño demográfico y no en función a la cantidad de pobres que tiene el país”, expresó la coordinadora del Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG-UMSS), Carmen Ledo.
La eliminación de la inequidad en la distribución de recursos a la población es el reto y conclusión que presenta el grupo de trabajo “La Ruta del Censo 2012” que está integrado por representantes de las universidades públicas de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.
El Censo, según el grupo de trabajo, se constituye en la principal fuente de información para la planificación del desarrollo socioeconómico del país, para el propio desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE) y otros aspectos importantes.
El especialista en descentralización, Vladimir Ameller, señala que los nuevos criterios de distribución de recursos deben ser de sostenibilidad, eficiencia y optimización de recursos. Es decir que los recursos sean otorgados a los municipios en función a su capacidad de generar sus propios recursos, en función a cuáles lograron reducir las tasas de mortalidad o desnutrición, así como otras establecidas en las Metas del Milenio. Finalmente señala que se debe incrementar los recursos a aquellos que lograron reducir la burocracia y el gasto corriente.
“Los conflictos limítrofes son un indicador de que los actuales criterios de distribución deben ser complementados. Existen disputas de una mayor apropiación de población para obtener más recursos”, señala Ameller.
El representante del Centro de Investigación y Desarrollo Regional (Cidre), Julio Alem, hizo algunos apuntes sobre información que debe generar el Censo Nacional de Población y Vivenda (CNPV).
Según las aproximaciones del Cidre, el sector productivo requiere, en el contexto actual, información precisa sobre las proyecciones de la población económicamente activa en el sector agropecuario, el número de superficies cultivadas por rubros agrícolas a nivel municipal, el valor de los insumos utilizados por rubros agrícolas a nivel municipal, la tenencia de especies pecuarias a nivel municipal, los valores de la producción agrícola y pecuaria a nivel de productor.
Asimismo se hacen necesarias las proyecciones de la población económicamente activa en la industria manufacturera a nivel municipal, el número de empresas por tamaño -micro, pequeña y mediana empresa a nivel municipal, el valor del consumo intermedio de la industria según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), así como el tamaño de las unidades económicas (materias primas e insumos, gastos operativos, consumo de servicios básicos).
El análisis realizado en el III Taller de “la Ruta del Censo 2012”, constató un déficit de información a nivel territorial de los dos sectores que generan mayor empleo en el país, el número de población que accede a créditos para el desarrollo de sus actividades económicas, y la infraestructura disponible para la producción.
Los participantes del grupo de debate señalaron que estos datos permitirán generar nuevas políticas y orientar una distribución de recursos más equitativa y hacia resultados más efectivos. “Eso debería llevarnos a pensar que hay algunas leyes que deben ser modificadas y que se requiere pensar en el país, y cerrar de hecho esta inequidad”, señala, Alem.
63 preguntas para guiar las nuevas políticas de Gobierno
La propuesta de boleta censal, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, para el XI Censo Nacional de Población y de Vivienda, contiene 63 preguntas que pretenden brindar un panorama de la realidad actual del país, que guiarán las nuevas políticas de Gobierno.
El 8 de mayo de 2008, se emitió el Decreto Supremo Nº 29552, que autoriza el inicio de las actividades preparatorias para la realización del CNPV a inicios de 2011. Según las recomendaciones y criterios técnicos internacionales, estos operativos nacionales demográficos deberían realizarse cada 10 años, período que permitiría realizar las proyecciones más precisas.
La boleta está dividida en siete capítulos: ubicación geográfica de las casas y sus principales características de construcción y ocupación; si la vivienda es casa, choza, colectiva, o si la persona vive en la calle.
Un tercer y cuarto capítulo detallan datos sobre la identificación de hogares, si las personas que comparten la vivienda y los gastos, el total de dormitorios que se utilizan para dormir, si la vivienda cuenta con bienes y servicios como agua, alcantarillado, gas, auto, bote, bicicleta, equipos de sonido y otros. El quinto, está relacionado a la mortalidad y emigración internacional del hogar, el sexto sobre el total de personas que conforman el hogar, y, el séptimo, a características de la persona (edad, sexo, parentesco con relación al jefe(a) del hogar, discapacidad física, idioma, autoidentificación, educación y trabajo.
Los conflictos limítrofes demoran el proceso censal
Los conflictos limítrofes serían una de las principales limitaciones que dificultan la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV). La información sobre las delimitaciones entre uno y otro municipio no coincide entre los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Geográfico Militar (IGM).
“La importancia de una delimitación exacta repercute en la precisión de la información recabada, los datos deben ser comparables entre uno y otro censo”, informó el jefe de la Unidad Técnica de Límites (UTL) de la Gobernación, Ángel Pinto.
El representante de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública - Ciudadanía, Gonzalo Vargas, sugiere que antes de la realización del Censo, una ley debe definir los criterios para la resolución de conflictos limítrofes.
El representante del Instituto de Investigación Cartográfica, Federico Vargas, señala que los problemas de límites no deberían ser un impedimiento, y que para acelerar el proceso podría definirse nuevas áreas por un sistema de cuadrados.
“Si argumentamos que el problema de límites sea un argumento para la realización del Censo, en el 2013, año preelectoral, los resultados serán políticos”, señala el director del Instituto de Investigación Sociológica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), René Pereira.
Los datos no deben generar susceptibilidad en la población
Es importante tener claro para qué se hacen los censos, como algo distinto a encuestas incluso oficiales nacionales. Su objetivo central es recopilar datos clave para detectar necesidades importantes y poder planificar soluciones estructurales a las mismas.
Para ello las preguntas y sus respuestas deben ser fáciles sin que generen susceptibilidades ni malos entendidos, deben ser generalizables y comparables en el tiempo y entre regiones.
Temas más complejos, de opiniones o muy locales son más bien objeto de encuestas o quizás de censos locales, que pueden ayudar a interpretar o a reformular las preguntas y datos de los censos generales.
Los censos de Bolivia son de hecho, en un determinado día (o período corto) para evitar duplicaciones. Pero paradójicamente sus resultados pueden generar o quitar derechos, por ejemplo, a determinados servicios, recursos, cargos, propiedades o incluso tipos de autonomía y escaños, entre otros.
Años antes del ascenso de Evo Morales a la Presidencia, la pregunta refería a la autoidentificación por ejemplo, se consideraba clave porque en un número creciente de normas internacionales y en las propias metas del milenio hay el mandato de medir, y por tanto poder cuantificar, cuánto se avanza contra la discriminación frente a determinados grupos marginales. Otros, como las mujeres, los niños o los ancianos son más fáciles de medir, pero para los “pueblos indígenas”, hay que ser más cuidadosos y por eso abundan los talleres internacionales sobre cómo hacerlo.
La Declaración de las Naciones Unidas del año 2007 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la CPE de 2009, son instrumentos más recientes que exigen formular bien estas preguntas para establecer quiénes son los sujetos de esos derechos específicos tanto individuales como colectivos, además de comunes para el ciudadano.
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