Con casi 2 millones de habitantes, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio cruceño se ha posesionado en el primer lugar con la mayor cantidad de población en el país; sin embargo, recibe un Presupuesto Operativo Anual (POA) de 2.100 millones de bolivianos a comparación de la ciudad más poblada, que recibió para este 2012 un monto de 1.628 millones de bolivianos.
La gran cantidad de dinero que recibe Santa Cruz es una de las raíces de los conflictos internos que se han registrado desde que inició la semana, en la misma agrupación ciudadana que lidera el alcalde Percy Fernández, Santa Cruz Para Todos (SPT).
Las diferencias entre el Ejecutivo municipal con los concejales de su misma agrupación comenzaron con la no aprobación del informe financiero que llegó hasta el plenario legislativo en el plazo fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta acción derivó en las denuncias sentadas por parte del alcalde a 6 concejales, Óscar Vargas, Leonardo Roca, Enrique Landívar, Manuel Saavedra, Yanine Parada y Sibele Ortiz, todos junto a la opositora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Arminda Velásquez.
Serie de denuncias. La suspensión temporal de la concejal presidente, Desirée Bravo, que fue aprobada por los mismos concejales que no aprobaron el estado financiero del burgomaestre agravó la crisis en el interior de SPT.
La medida tomada por los concejales fue a raíz de una notificación que llegó desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), rechazando el pedido de apelación que presentó la presidente del Concejo para que no sea suspendida del cargo. Bravo fue acusada por el fiscal Osvaldo Patiño de haber falsificado su título de bachiller.
Sin embargo, no son las únicas denuncias que han flotado, dado que después de la suspensión de la presidente Bravo, los concejales fueron denunciados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Además de la denuncia del Ejecutivo en contra de la concejal Sibele Ortiz, supuestamente por haber fingido ser arquitecta sin tener el título de profesional.
Alcaldes piden soluciones. El Gobierno Municipal de Santa Cruz tenía la imagen de ser uno de los mejores del país, por el crecimiento social y económico, pero principalmente por la coordinación y organización entre los funcionarios. "Está afectando a la imagen de Santa Cruz. Creo que se está industrializando la justicia y no debería ser así, porque estamos hablando de autoridades que brindan todo de uno para entregarle al pueblo que lo eligió", manifestó el alcalde de Tarija, Óscar Montes. Aunque el burgomaestre paceño, Luis Revilla, no quiso emitir mayores declaraciones, dijo que "este es un tema muy interno, pero realmente quisiéramos que se solucione la crisis, porque es lamentable ver a un municipio imagen en esa situación".
Como respuesta a ello, el concejal Leonardo Roca aseguró que ellos solo cumplen con su labor de fiscalizar. "Nosotros ya dimos el primer paso, enviamos una carta para reunirnos y poner fin a la crisis, pero lamentablemente el alcalde no nos ha respondido", apuntó el edil. A su vez, la presidente suspendida aseguró que el alcalde jamás se aisló de sus concejales. "Él (Percy Fernández) siempre nos recibió en su despacho, siempre nos escuchó y estoy segura que seguirá así", añadió Bravo.
Justicia industrializada. A decir de Montes, la justicia es utilizada con el propósito de "perseguir y amedrentar" a los político opositores. Pero esta acción no se observó el pasado viernes, cuando la alcaldesa de Cobija (Pando), Ana Lucía Reis, del MAS, fue imputada por el Ministerio Público por el delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a denuncia del diputado masista Galo Bonifaz.
Supuestamente, no cumplió con algunos contratos del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple", aunque esta asegura estar tranquila y sin miedo.
Denuncias frecuentes
Código penal.
Artículo 142. (Peculado).- El funcionario público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de sesenta a doscientos días.
Artículo 144. (Malversación).- El funcionario publico que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieron destinados, incurrirá en reclusión de un mes a un año o multa de veinte a doscientos cuarenta días.
Artículo 153. (Resolución contraria a la Constitución y a las leyes).- El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución y a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años.
Artículo 154. (Incumplimiento de deberes).- El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a dos años.
Acciones
Apoyo y rechazo a 2 alcaldes
Justicia. El alcalde del municipio de San Matías, Carlos Velarde, fue detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y tráfico de influencias, acusado por sus propios concejales.
Velarde fue detenido la pasada semana y transportado hasta la capital de Santa Cruz parar ser cautelado, donde el fallo del juez fue enviarlos a la cárcel.
El burgomaestre calificó esta acción como "una movida política" por parte de sus concejales, con la intención de tumbarlo por aliarse con el partido de Gobierno (MAS), ya que él pertenece a la agrupación ciudadana Matico. Sin embargo, lo concejales denunciaron la falta de obras en esta localidad, además de proyectos y trabajos que quedaron inconclusos.
A raíz de la determinación del juez, los pobladores de este municipio han iniciado una serie de protestas desde el pasado jueves, tomando el Concejo Municipal, exigiendo que el alcalde sea restituido en su cargo.
Mientras que en San Matías los pobladores toman medidas de presión en apoyo a su alcalde, el panorama en el municipio de Pailón es diferente, porque los pobladores hace 2 semanas decidieron sacar al alcalde, Armando Mamani (MAS), quien era respaldado por comunarios ayoreos, los mismos que fueron golpeados por algunos vecinos que tomaron la Alcaldía por la fuerza por más de 10 días.
Después de varias reuniones de reconciliación entre el burgomaestre, concejales, que denunciaron al edil por malversación y las autoridades nacionales, Mamani regresó a su cargo prometiendo mejor trato con ellos, por parte de él.
Otros municipios cruceños en crisis
1 Buena Vista. En este municipio el alcalde opositor al régimen de Evo Morales, Bladimir Chávez, fue suspendido a raíz de un proceso en su contra, donde asumió el MAS para liderar en esta localidad.
2 Lagunillas. El alcalde Saturdino Tardío dejó su cargo después de que los vecinos y concejales se volcaran en su contra y exigieran su renuncia por la falta de obras. El concejal Rogelio Cusaire asume como alcalde interino.
3 Guarayos. En la localidad de Guarayos, la alcaldesa Elida Urapuca (MAS) fue denunciada por algunos pobladores y sus concejales por supuestas irregularidades e incumplimiento de deberes. La edil no ha sido destituida del cargo.
4 San Ignacio. Erwin Méndez, alcalde, fue acusado de supuesto contrabando de mil litros de diesel. El edil fue detenido pero posteriormente liberado por falta de pruebas. La autoridad señaló la acusación como un acto político.
5 Yapacaní. Municipio sin orden desde enero, se convirtió en el campo de batalla de policías y pobladores que rechazaban al alcalde David Carvajal (MAS), quien finalmente fue destituido, por la muerte de 3 personas.
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