Todavía quedan dudas sobre la legalidad del acta y si se contratará una tercera empresa o habrá conciliación

Daniel Andrés Rodríguez/Tarija

El acuerdo firmado entre la Comisión Multisectorial y los ministros de Gobierno en la ciudad de Santa Cruz no convenció a todos los sectores del departamento de Tarija como el Autotransporte y asambleístas que se negaron a suspender las medidas de presión hasta no tener una explicación detallada del documento.
Todavía quedan dudas sobre los seis puntos el acta de entendimiento. Por ejemplo: ¿Es un documento constitucional? ¿Se congelarán las regalías a partir de abril? En caso de que el estudio de Tarija no coincida con el de YPFB ¿se realizará un tercero? o ¿se conciliará? Son interrogantes que deben responder las autoridades que viajaron a Santa Cruz, puesto que en las diferentes comunicaciones logradas con los representantes, las explicaciones brindadas son incoherentes o incluso contrarias entre sí.
El documento señala que el Gobierno Nacional facilitará las condiciones, mediante el instrumento jurídico que corresponda, para que la Gobernación de Tarija proceda a la contratación de una empresa para realizar un estudio paralelo al iniciado por YPFB sobre los campos Margarita y Huacaya.
Finalmente, si los estudios contratados por YPFB y por la Gobernación de Tarija arrojan resultados similares, estos serán aceptados por las partes. Sin embargo, si los estudios tienen resultados diferentes, entonces “las partes optarán por la vía conciliatoria”, pero no dice que se contratará una tercera empresa, tal como lo anunció el asambleísta de Camino al Cambio, Jhonny Torres, quien también firmó el acuerdo.
El diputado chaqueño, Willman Cardozo, quien abandonó la reunión y no firmó el acta, tras un cruce verbal con Walter Mogro porque no se ratificó la postura de Tarija de anular el proceso de contratación de YPFB, comentó que nunca había visto un Gobierno más duro. Además denunció que hay autoridades municipales que defendían el estudio de la Gaffney, Cline. Aunque no mencionó quién exactamente.
Según Cardozo los convenios entre partes tienen vigencia siempre y cuando estén adecuados al reglamento jurídico vigente. Además no dice el documento si el Gobierno aprobará un Decreto o Ley para darle la facultad a Tarija para que realice el estudio por cuenta propia.
En contraparte, el gobernador interino, Lino Condori, dijo que no se volvió a Tarija “con las manos vacías” ya que se logró firmar una propuesta con el Gobierno Nacional. El alcalde de la ciudad de Tarija, Oscar Montes, explicó que tenían el mandato para conseguir la anulación del estudio, pero en la medida que no se consiguió ese objetivo, Tarija presentó su contrapropuesta, para que el Gobierno reconozca el trabajo de la empresa contratada por Tarija mediante Decreto Supremo.
El presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Jorge Arias Soto, aseveró que Tarija consiguió “algo más” de la anulación del proceso de contratación que inició de YPFB, ya que se logró introducir el estudio también sobre el campo Huacaya. El presidente cívico de Yacuiba, Ruddy Pantaleón, afirmó que los representantes que viajaron a Santa Cruz hicieron todo lo posible para lograr ese acuerdo.
El presidente de la Asamblea Departamental, Justino Zambrana, reconoció que el acuerdo es inconstitucional pero que el Gobierno se comprometió a delegar esa competencia. De todas maneras, afirmó que la entidad legislativa vigilará estrictamente el cumplimiento del acuerdo.
El asambleísta Jhonny Torres mencionó que hay falta de información sobre el acuerdo y que se necesita una disposición legal del Gobierno Nacional, ya sea Decreto o Ley, y una norma departamental para que la Gobernación destine recursos en la contratación de una empresa.
Por su parte, el vicepresidente del Comité Cívico, Mario Cavero, señaló que el acuerdo no es lo que Tarija deseaba y que “hay sabor a poco”, pero se logró “lo que se pudo y no había margen para más”. Reconoció que el acuerdo no es constitucional, sin embargo, dijo que hay que esperar “la buena fe” del Estado para que le den una figura legal.

EL APUNTE

Gobierno congelará regalías excedentes en abril

El acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las autoridades de tarijeña menciona el rechazo de Tarija de cualquier retención de sus regalías, sin embargo, no habla de un acuerdo. El alcalde Montes indicó que Tarija rechazó de manera contundente ese punto propuesto por el Gobierno Nacional, pero el presidente de la Asamblea, Justino Zambrana, reconoció que no hay un acuerdo en ese punto con los ministros porque firmaron otro documento con Chuquisaca que establece esa situación.
Según Cardozo lo que pretende hacer el Gobierno es arbitrario e inaceptable porque la distribución de regalías está constitucionalizada. “Dice que Tarija rechaza pero no dice que el Gobierno acepte”.