El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ramiro Guerrero revela ante La Razón que en los próximos tres años se liquidarán todas las causas que ingresarán hasta el 31 de diciembre del 2011, fecha en la cual se hará un corte para dar paso a la nueva justicia que será administrada por las autoridades elegidas el domingo.
En su condición de coordinador del proceso de transición del Poder Judicial al Órgano Judicial, la autoridad explica las tareas.
— ¿Cómo se está encarando el proceso de transición de la justicia vieja a la nueva?
— Es un tema de transición de esta vieja institucionalidad de la cual estamos cerrando un ciclo histórico en el Poder Judicial para abrir y dar paso a una nueva institucionalidad, según establece la Constitución Política del Estado (CPE) y las nuevas leyes que se aprobaron en todo este proceso.
Para ello, tiene que existir un traspaso de esa vieja institucionalidad, en términos jurisdiccionales, de todas las causas que existen aún en los diferentes órganos del Poder Judicial, no sólo en la Corte Suprema de Justicia, sino en el Tribunal Constitucional, al igual que en el Tribunal Agrario Nacional.
— ¿Cuántos casos están siendo tramitados en el Poder Judicial?
— Son aproximadamente 12.000. En la Corte Suprema van a quedar unas 6.500 causas, en el Tribunal Constitucional serán unas 3.500, en el Tribunal Agrario quedarán unos 1.700 procesos. Es decir, van a quedar unas 12.000 causas pendientes de resolución y de trámite.
— ¿En qué tiempo se liquidarán todas estas causas?
— Estamos previendo liquidar en tres años todas las causas de la vieja justicia, tomando en cuenta los ritmos de trabajo y también tomando en cuenta que los magistrados suplentes se conviertan en tribunales liquidadores y trabajen a tiempo completo.
— ¿Y los demás procesos que están siendo tramitados en todas las cortes superiores del país?
— Lo que pasa es que cada día ingresan causas en todo el país y vamos a tener causas que van a seguir ingresando hasta el 31 de diciembre de este año. Por ejemplo, cuando llegué a la Corte Suprema había 8.000 causas; hemos resuelto más de 4.500 procesos, pero actualmente siguen habiendo 6.500 causas. Entonces, es una especie de círculo; cada día resolvemos 5 pero entran 10.
— ¿Va a existir una especie de corte?
— Sí, va a existir un corte el 31 de diciembre. Va a haber un corte en el tema jurisdiccional y un corte en el tema administrativo y financiero, porque las mismas instancias que se creen, son nuevas.
Ya no habrá más Corte Suprema de Justicia, será el Tribunal Supremo de Justicia; ya no habrá más Consejo de la Judicatura, que manejó los recursos del Poder Judicial, sino habrá un Consejo de la Magistratura. Entonces se crea una nueva institucionalidad y, para ello, necesariamente tiene que existir un proceso de transición.
— ¿Desde cuándo tendría que aplicarse esta transición?
— Este proceso de transición necesariamente tiene que ya ser operado, desde octubre, de manera transparente, pero también paulatinamente, para implementar desde los primeros días de enero. Se prevé que las nuevas autoridades judiciales sean posesionadas entre el 2 y 3 de enero, cuando se proceda a la inauguración del Año Judicial.
— ¿Cómo sentirá el litigante este proceso de transición?
— Lo que se quiere con esta Ley de Transición es que no exista un vacío, que el ciudadano no se quede vacío en cuanto a la administración de justicia. Queremos que la ciudadanía sienta lo menos posible esta transición y vea más bien de manera positiva.
Estamos trabajando para que las nuevas autoridades judiciales asuman (sus funciones) de la mejor forma posible y comiencen a trabajar desde el primer día en que estén en funciones.
— En lo administrativo y financiero, ¿cómo se va a encarar el proceso de transición?
— Lo que hoy el Consejo de la Judicatura lleva adelante... A partir del 1 de enero del 2012 habrá una estructura que crea la Ley 025, del Órgano Judicial, que es la Dirección Administrativa y Financiera, que será una entidad desconcentrada con un directorio propio, que estará conformado por el Presidente y el Decano del Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente del Tribunal Agroambiental.
Ellos son los que conformarán ese directorio, con un director ejecutivo, que será el encargado de llevar adelante el manejo de la parte administrativa y financiera del nuevo Órgano Judicial, salvo el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Para su funcionamiento, tiene que operarse un traspaso de toda la parte administrativa y financiera del actual Consejo de la Judicatura a esta nueva estructura. Este proyecto de ley debe contemplar lo que es la nueva entidad administrativa y financiera.
Para aplicar la nueva estructura del Órgano Judicial se requieren de recursos, teniendo en cuenta además que se debe aplicar la gratuidad de la justicia.
— ¿El Estado debe otorgar un presupuesto adicional?
— Estamos contemplando dos artículos en las disposiciones finales del proyecto de Ley de Transición. Por un lado, las auditorías deben hacérselas no sólo económicas y financieras, sino también jurídicas. Para dejar todo claro y transparente, tienen que necesariamente realizarse.
Por otro lado, también estamos contemplando que el Estado, a través de las instancias que corresponden, deberá dotar de un presupuesto adicional al Órgano Judicial. Por ejemplo, en la Corte Suprema había 12 ministros; ahora serán 18. Para ello se requiere de un mayor presupuesto, y otro ejemplo, para la implementación de toda la estructura que prevé la Ley 025, está contemplada la creación de conciliadores, y para contratarlos se requieren de recursos. Esto no puede funcionar por arte de magia, necesariamente se requiere de un presupuesto adicional.
Además, se debe tomar en cuenta la gratuidad de la justicia; eso implica que los recursos propios que generaba el Poder Judicial ya no los va a percibir, aunque esto será de manera gradual. Sin embargo, esos recursos deben ser cubiertos por el Estado.
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