No hay un clima electoral como otras veces, pero en una semana los bolivianos irán a las urnas para elegir a los jueces y consejeros de cuatro instituciones del Órgano Judicial. Los que deseen que su voto valga podrán marcar hasta cinco veces una papeleta enorme que contendrá el rostro, nombre y número de los postulantes. En esos rostros, la oposición ve militancia masista, mientras que el oficialismo ve la oportunidad para despolitizar la justicia.
En una revisión de los perfiles de los postulantes colgados de la página web del Tribunal Supremo Electoral, se logra establecer que al menos 40 de los 115 elegibles trabajaron en alguna repartición del Ejecutivo o Legislativo durante los últimos cinco años o que fueron asesores y abogados de movimientos sociales.
Esto implica más de un tercio de los seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional para participar del acto eleccionario.
En este conteo no se incluyó a los jueces ni fiscales ni a los tres exministros de la Corte Suprema de Justicia que intentan volver al máximo tribunal del Estado. Tampoco a los funcionarios subalternos del Poder Judicial.
Para la oposición esto prueba que en lugar de elección será una selección dirigida de militantes masistas, pero el oficialismo asegura que es la oportunidad ciudadana de democratizar la justicia.
Rebeca Delgado, diputada y exconstituyente por el MAS, recuerda que en la Asamblea Constituyente se aprobó la reforma del Órgano Judicial y se ideó un sistema a través del cual el Consejo de la Magistratura seleccionaba por méritos a los postulantes a los cargos judiciales y el pueblo los elegía por voto.
Este texto se votó en las sesiones del liceo militar de Sucre y en la del centro de convenciones de Oruro, pero fue modificado en la negociación congresal en las discusiones entre el MAS y Podemos.
Según Delgado, fue Luis Vásquez Villamor, exsenador de Podemos, el que propuso que sea el congreso, por dos tercios de los votos, el que seleccione a los postulantes y no así el Consejo de la Magistratura. “Ahora se quejan de que tenemos dos tercios de las cámaras”, dijo.
No cree en el porcentaje de los exfuncionarios ni de los asesores de movimientos sociales y se pregunta dónde más iban a trabajar que en los departamentos jurídicos de ministerios o en el órgano Judicial. “Se exigían 10 años de experiencia”, recuerda.
Asegura también que el 90% de la gente que trabaja en el Ejecutivo viene de gestiones pasadas.
Fabián Yaksic, diputado del MSM, sí cree en el porcentaje y asegura que se queda corto. Se pregunta si los mismos asambleístas del MAS saben de dónde salieron los nombres de estos postulantes, porque les fue ron dictados. Coincide con Norma Piérola, diputada por PPB-CN, en que el oficialismo desechó todo el proceso previo de entrevistas y calificación de méritos y que al final se impuso la consigna.
Piérola dice que incluso se han hecho valer años de trabajo en el magisterio rural como experiencia jurídica y que lo único necesario para habilitarse para la elección fue tener una licenciatura en Derecho.
Yaksic afirma que las listas de candidatos fueron elaboradas a través de varios filtros, que se comenzó con consultas a los movimientos sociales, luego brigadas departamentales del MAS y al final llegaron a la Asamblea Legislativa e incluso se dictaron por teléfono. También asegura que los informes de comisiones estaban incompletos.
Para el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, con los supuestos vicios de la elección de los candidatos se ha perdido un oportunidad de que el Órgano Judicial deje su subordinación al órgano político para subordinarse al ordenamiento jurídico.
Para él, el cambio que experimentará el Órgano Judicial será ‘gatopardista’ porque se cambiará todo para seguir exactamente igual: permeable a la influencia política y a la corrupción.
La oposición, liderada por el Movimiento Sin Miedo y Unidad Nacional, ha basado en estos puntos sus campañas por el voto nulo. Consultado sobre las consecuencias políticas si el voto nulo ‘ganara’ en los comicios del próximo domingo, Samuel Doria Medina, líder de UN, asegura que será un mensaje claro de rechazo del pueblo hacia el Gobierno, que dirá que esta no es la forma de resolver la justicia. “Se quiere hacer creer a la gente que se está democratizando la justicia, pero en realidad se la está haciendo votar por algo que ya está elegido”, dice.
No obstante, Wilfredo Ovando, presidente del Tribunal Supremo Electoral, recuerda que un voto nulo no cuenta y que la ley indica que el elegido será el que obtenga mayoría simple.
Piérola considera que Ovando es un funcionario más del Ejecutivo y se queja de que se ha resistido a ofrecer un informe al pleno de la cámara de Diputados. Considera que el Gobierno está en campaña y que habrá voto consigna en el campo. Yaksic añade que esta semana se verán cierres de campaña del MAS, para garantizar la votación el próximo domingo.
Para Rebeca Delgado, sea cual fuere el resultado de las elecciones, la legitimidad está garantizada en la Constitución, que fue aprobada con un 64% de los votos de los bolivianos.
En Detalle
Al menos 18 de los candidatos al Tribunal Agroambiental tienen nexos, pues declararon haber trabajado con las organizaciones sociales o han pasado en el último quinquenio por la administración Pública. Hay incluso extrabajadores de ONG que se han peleado con el Ejecutivo tras la marcha por el Tipnis.
Algunos de los postulantes autoidentificados como indígenas tienen preparación sobrada para ocupar los cargos. Hay casos en los que tienen dos licenciaturas (derecho y antropología), dos maestrías y varios diplomados.
Por lo menos tres de los postulantes pasaron buena parte de su vida profesional en Chapare, ya sea como parte del Órgano Judicial o como militantes de organizaciones de derechos humanos.
Tres exministros de la Corte Suprema de Justicia tratan de ser elegidos para el Tribunal Supremo Electora. En esta postulación es donde se encuentra la gente con mayor experiencia en la administración de justicia. Además de los tres exministros, se postulan al Supremo 21 personas que han sido jueces o fiscales.
Lo dos fiscales que llevaron adelante el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por la masacre de octubre negro participan de esta elección. Lo hacen como postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional al Tribunal Supremo de Justicia. Ambos habían ganado una banca en la Corte de Justicia de Chuquisaca por concurso de méritos, pero la rechazaron para concluir el juicio de octubre negro.
Al menos seis de los postulantes también pasaron por las organizaciones de la Iglesia Católica. La Pastoral Social y la Pastoral Indígena fueron empleadores de los abogados.
En el Tribunal Constitucional Plurinacional están las postulaciones más heterogéneas. Hay ex funcionarios estatales, exjueces, diplomáticos, militantes de instituciones de derechos humanos, profesionales de ejercicio libre y catedráticos. Es la categoría con más docentes de derecho.
Las elecciones judiciales son la oportunidad para que secretarios de juzgados y funcionarios del poder judicial intenten subir al escalón de jueces y administradores de la justicia. La quinta parte de los postulantes viene de estos cargos. Cuatro de ellos trabajaban en el TC.
Es un plebiscito, pero no es la antesala de un revocatorio
Las elecciones judiciales se han transformado en un plebiscito de hecho. El conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure da confianza a la oposición de que la imagen del Gobierno de Evo Morales está desgastada y, sin él en la justa electoral, tendrá su primera derrota en las urnas.
La otra mitad del plebiscito fáctico lo ha empujado el propio Evo Morales, que ha asegurado que ganará estas elecciones por amplio margen como lo a hecho en otros seis comicios.
Pese a la pulseada planteada para el próximo domingo, los opositores aseguran que no ven los comicios como una antesala de un referéndum revocatorio que se podrá convocar, según la Constitución, el próximo año.
Rebeca Delgado, diputada del MAS, considera que a la oposición no le interesa lo que pase con la Justicia, pero confía en que la población no perderá su voto y elegirá a autoridades judiciales.
Para Samuel Doria Medina, el referéndum revocatorio es otro escenario y no está siendo buscado. Si ‘gana el voto nulo y blanco’, en su opinión, la consecuencia política será la pérdida de oportunidad de democratizar la justicia y el malgasto de más de Bs 100 millones.
Fernando Untoja, politólogo aimara y excandidato a senador por PPB, considera que el descontento está creciendo, pero, al igual que la diputada de PPB, Norma Piérola, alerta sobre la posibilidad de fraude o voto dirigido en las áreas rurales.
Untoja, al igual que Fabián Yaksic, no considera pertinente convocar un revocatorio y cree que Evo debe concluir su mandato.
“Que nadie se haga ilusiones de aquello. Evo Morales tiene que enrumbarse y ojalá que en estos tres años que le quedan pueda reconducir muchos procesos y que estos puedan servir para hacer ajustes. La situación del país se tornará muy complicada si siguen generándose estas políticas erráticas de confrontación. En el MSN no hay cálculo político para un revocatorio contra Evo. Está claro que el periodo constitucional termina en 2014”, asegura Yaksic.
El MAS considera que Morales tiene derecho a una segunda relección. Eso será algo que dirimirán las nuevas autoridades judiciales.
Orígenes
Las elecciones judiciales se producen por primera vez en Bolivia, fruto de la reforma constitucional aprobada por el referéndum del 25 de enero de 2008. Antes, estas autoridades eran elegidas por dos tercios de los votos del Congreso de la República.
Según la exconstituyente Rebeca Delgado, que fue presidenta de la comisión Poder Judicial, el 54% de las personas e instituciones que participaron en las audiencias territoriales y públicas de la Constituyente pidieron al cónclave que se cambie la forma de elegir a la justicia. Esos pedidos están en los documentos de la Asamblea.
De la sesión del Liceo Militar de Sucre, donde se aprobó el texto constitucional en grande, y del centro de convenciones de Oruro, donde se aprobó en detalle, se estableció que el que preseleccionaba a los candidatos judiciales era el Consejo de la Magistratura luego de una evaluación de méritos.
Para ser enviada a referéndum, la Constitución debía pasar por la aprobación del Congreso y se introdujeron cambios al texto en una negociación entre el MAS y Podemos. Uno de esos cambios, propuesto por Podemos, fue cambiar el Consejo de la Magistratura por los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así, se mantuvo la interdependencia de ambos poderes.
No están los doctrinarios del derecho
Silvia Salame / Expresidenta del TC
En el proceso de preselección llamó la atención que al principio los abogados no se presentaron. Había un ausentismo terrible, pero misteriosamente, dos días antes de que concluya el plazo, se presentaron los funcionarios públicos. Si se revisa el día de postulación, se descubrirá que los que admiten haber sido funcionarios del Ejecutivo se presentaron a último momento.
Si analizamos la nómina de postulantes, llama la atención la ausencia de los doctrinarios del derecho constitucional. En la lista de candidatos no aparecen Antonio Rivera, Wilman Durán, Juan Carlos Urenda, Antonio Andaluz o Jorge Asbún, que son los que más han estudiado el derecho constitucional en este país. Hay gente que no tiene mucha experiencia y esto puede empeorar la calidad de nuestra justicia.
No nos olvidemos que los miembros del Tribunal Constitucional son los llamados a interpretar la Constitución y tendrán un trabajo muy duro, porque nuestra Carta Magna está plagada de vacíos y de contradicciones. Es por eso que el magistrado acá no puede venir a aprender, sino que tiene que llegar con conocimientos, porque serán los llamados a interpretar la Constitución y llenar esos vacíos.
También me llama la atención que, al parecer, los ideólogos de la Constitución fueron otros, no los que están en el Gobierno. Hay un divorcio entre el texto constitucional y el quehacer del Ejecutivo.
Es por eso que se necesitaba postulantes con el perfil sicológico y profesional adecuado, porque desde este órgano del Estado se crearán nuevos derechos.
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