05 mayo 2011

“El pueblo será el que elija en octubre entre los candidatos a magistrados”

Wilma Velasco, vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

La autoridad electoral explicó que la difusión de los méritos y el perfil de los postulantes al Órgano Judicial se realizará en forma equitativa y llegará a todos los rincones del país.

ALBERTO YAPUCHURA Q.

Wilma Velasco, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dejó claro que la Asamblea Legislativa Plurinacional no es la que elegirá, en última instancia, a los postulantes a autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sino el soberano, el pueblo mediante sufragio universal y democrático.

Dio detalles de cómo se buscará que todos los postulantes tengan igualdad de condiciones en cuanto a la difusión de su perfil y de sus méritos.

—¿Cómo encara el Órgano Electoral las elecciones para autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?

—Es un nuevo desafío para los bolivianos entrar en esta nueva etapa de lo que significa la democracia intercultural. Esta nueva elección de autoridades judiciales nos está convocando a ejercer nuestro derecho al voto. En esta convocatoria para elegir a estas (56) autoridades judiciales (28 titulares y 28 suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura) tenemos que diferenciar muy bien dos etapas. La primera se circunscribe fundamentalmente a la preselección y está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y para cumplir con esta preselección, esta instancia está obligada a aprobar un reglamento, una norma que regirá la preselección de candidatos. Nosotros –el Órgano Electoral Plurinacional– actuamos una vez que la ALP nos envíe la lista de 128 candidatos en total, para que la ciudadanía elija a 56 autoridades, entre titulares y suplentes. Hay que diferenciar que cuando la ALP nos envíe esta lista, nosotros vamos a lanzar la convocatoria de la elección.

La convocatoria del proceso electoral se va a lanzar conjuntamente la ALP, porque tenemos que cumplir los plazos que señala la norma. La ley es explícita cuando menciona que la ALP tiene 60 días (para la preselección de los 128 candidatos), después nosotros ingresamos en los 90 días posteriores. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a estos plazos. Luego que nos envíen la lista de los preseleccionados, el TSE conformará, a través de un sorteo, las franjas de los candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

—¿Eso quiere decir que la convocatoria para las elecciones aún tomará algún tiempo?

— Así es. Nosotros tenemos que esperar que la ALP ya cuente con su instrumento para la preselección de candidatos. Por eso el trabajo es coordinado entre la ALP y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) (...) es la convocatoria del OEP coordinada con la ALP.

—¿Entonces la verdadera elección de candidatos será en octubre y no como se quiere hacer ver que la ALP elegirá a esas autoridades?

— Así es, la elección propiamente dicha será una vez que todo el proceso esté encaminado. Antes se deberá iniciar el registro del Padrón Biométrico de los nuevos votantes y de los que cambiaron de domicilio. Concluido esto, los tribunales departamentales electorales (TDE) estarán preparados para lo que va a ser el sorteo de jurados. Dependiendo de la aprobación del reglamento de preselección de candidatos judiciales de la ALP, la elección será entre la primera o segunda semana de octubre, cuando el soberano con su voto elegirá a las futuras autoridades judiciales.

—A diferencia de las elecciones de autoridades políticas, en estos comicios no estará permitida la propaganda electoral como prevé la ley y se la reemplazará con la difusión de los méritos de los candidatos, ¿cómo se administrará esto?

—El Tribunal Supremo Electoral tiene un reglamento de lo que es el tema jurisdiccional propiamente dicho y dentro de esto está la difusión de méritos. Y justamente para ser equitativos con cada uno de los candidatos a estos puestos se están considerando varios aspectos, desde el tamaño de la foto hasta el esquema o forma de visibilizar lo que vienen a ser los méritos de todos los candidatos. Hay una serie de disposiciones que conllevan a que todos los candidatos van a tener las mismas oportunidades. En cuanto a la ubicación en la papeleta, se hará un sorteo en acto público. En la papeleta todos los candidatos van a tener las mismas características referente al formato de las fotos, lo que significa darle la misma oportunidad y las mismas condiciones a todos los candidatos.

Dentro de la difusión de méritos, también se está viendo desde dos puntos de vista. El ciudadano va a recibir la información de los aspirantes respecto a las cualidades y al perfil profesional que tienen.

—¿Cómo será la difusión?

—Para la difusión de méritos se están tomando diferentes variables para llegar hasta el último rincón del país. Estamos hablando de los medios masivos de comunicación. A partir de estos medios –como la radio y la televisión– se llegará a las capitales de departamento y ciudades intermedias. Aunque en la radio se oye el perfil, pero no se ve al candidato, (por eso) estamos previendo cómo llegar hasta el lugar más recóndito del país con la imagen de cada uno de los candidatos. En este reglamento se tomará en cuenta el derecho de los ciudadanos de conocer a cada uno de los aspirantes para que opten por alguno de ellos.

—¿Cómo se controlará la difusión de estos méritos?

—Dentro del reglamento está la inscripción de los medios de comunicación para que ellos directamente sean los que difundan los méritos. Si se presentara algún caso en el que se hace propaganda o campaña, y como señala el artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, el OEP aplicará lo que establece, como la inhabilitación del candidato que infringe esa norma. En el caso del medio de comunicación que haga campaña o propaganda en favor de algún candidato, se lo suspenderá por dos procesos eleccionarios. Es decir que no se lo tomará en cuenta en dos procesos eleccionarios (para la difusión de propaganda electoral o información institucional del OEP).

—En la ALP ya se habla de la posibilidad de flexibilizar la difusión de méritos con la aparición de los candidatos ante la opinión pública a través de los medios masivos, ¿esto será posible?

—Nosotros hemos señalado que tenemos un marco legal previo a esto, como son la Ley del Régimen Electoral y la misma Constitución Política del Estado, por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral solamente hará cumplir lo que dicen esas disposiciones legales sancionadas antes de estas elecciones. No podemos excedernos más allá de lo que dispone la ley.

—Para aclarar, la verdadera elección de candidatos judiciales será en octubre y no en la lista de preseleccionados que analizará la Asamblea Legislativa...

—Es evidente esa situación, pero la decisión la dejamos al soberano, al pueblo. La ciudadana o el ciudadano es el que decidirá qué candidatos van ocupar la titularidad de estos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que nosotros sí vamos a exigir es que dentro de la lista de preseleccionados se cumpla la equivalencia de la participación de mujeres y varones. El soberano definirá quiénes –entre hombres, mujeres y representantes de pueblos indígena originario campesinos– serán los elegidos. Será el soberano el que defina la equidad o no. En el caso del Consejo de la Magistratura –que demanda 15 preseleccionados y rompe la equidad de género–, será el peso de la votación el que definirá la composición de esta instancia.

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