11 abril 2011

La revisión y cumplimiento del Tratado de 1904 es clave en la demanda contra Chile

“El mar nos pertenece por derecho” es la frase que en 132 años de enclaustramiento se viene repitiendo, y por primera vez se estudia demostrar ese derecho ante tribunales internacionales.

En ese marco, el gobierno de Evo Morales, que el 23 de marzo decidió dar un giro de 360 grados en la estrategia marítima (de combinar el diálogo con la demanda jurídica contra Chile), alista todas sus “armas” para acorralar al vecino país, cuyo gobierno (Sebastián Piñera) aseguró que otorgar a Bolivia una salida al mar con soberanía es “imposible”.

Según los abogados en derecho internacional Óscar Alba y Luis Inarra, Bolivia cuenta con elementos suficientes para alcanzar el sueño de volver al mar en tribunales internacionales.

Una de las armas es el Tratado de 1904, firmado entre Chile y Bolivia, el mismo que no fue cumplido a cabalidad por el país vecino, tal como denunció el canciller David Choquehuanca.

El 3 de abril, Choquehuanca acusó a Chile de entorpecimiento de circulación de pasajeros y carga bolivianos por ferrocarril hacia los puertos de ese país. "Desde 1996 ya no pueden trasladarse los pasajeros y desde el 2002 ya no podemos trasladar carga" por vía férrea, aseguró.

El mismo Tratado es fundamental para demostrar que en éste no se reconoce que Bolivia haya cedido a Chile territorios comprendidos entre los Paralelos 23 y 24, porque en ninguna parte del acuerdo se deroga o abroga el Tratado de 1874, que estableció que el límite entre ambos países era el Paralelo 24.
EL SILALA Y LAUCA

Otra de las armas es la explotación irracional e inconsulta de las aguas del Silala y el río Lauca.

El gobierno de Evo Morales aseguró que a través del diálogo también se insistió y se seguirá insistiendo en la solución de estos temas. 

Sin embargo advirtió, hace unos días, que si los dirigentes chilenos rechazaran sentarse a una mesa de diálogo, "también veremos cuál es el mejor camino para hacer respetar al pueblo boliviano sobre sus recursos naturales como el agua".

El desvío unilateral de las aguas internacionales del río Lauca provocó la ruptura de relaciones diplomáticas boliviano-chilenas por los gobiernos de los presidentes Víctor Paz Estenssoro (Bolivia) y Eduardo Frei Montalva (Chile), a principios de los �60.
EL PROTOCOLO DE 1907

Según los abogados internacionalistas Alba e Inarra, la primera instancia a la que debería acudir el gobierno boliviano es a la Corte Permanente de Arbitraje. De acuerdo al análisis jurídico, el paso “más allanado” es a través del Protocolo de 1907 que legitima a Bolivia para ser demandante y a Chile para ser demandado.

El Protocolo de 1907 señala que cualquier diferencia que se desprenda de la interpretación o ejecución del Tratado de 1904, firmado entre Bolivia y Chile, podrá dirimirse por vía arbitral ante el Tribunal de arbitraje de La Haya.

Luis Inarra señala que ese protocolo obligaría a Chile aceptar la jurisdicción de la corte de arbitraje.

Por su lado, el ex canciller Armando Loaiza aclara que la decisión boliviana puede conllevar “un trabajo diplomático arduo hasta que Chile acepte que se ha agotado la vía bilateral y se allane el camino para llegar ante esa alta Corte” porque para el arbitraje ambas partes deben suscribir un acuerdo arbitral en el que se definan aspectos de fondo y de forma y de procedimiento del arbitraje.

En este sentido, Alba insiste en la importancia de realizar medidas preparatorias para ser elevadas a La Haya, acciones que deben ser desarrolladas en el marco de una política de Estado, de manera reservada y por especialistas.

El canciller David Choquehuanca pidió a las autoridades y legisladores tener cautela con las declaraciones que emitan sobre el tema marítimo porque, “en caso de darse un juicio, pueden ser utilizadas en contra del pueblo boliviano”.

Para los profesionales del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia es importante que el Gobierno implemente una política de Estado para llevar adelante la estrategia jurídica internacional.

Otra alternativa jurídica, dicen, es acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El Pacto de Bogotá firmado el año 1948 entre Bolivia y Chile puede ser usado para llegar a esta instancia.

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