La Comisión de Constitución del Senado controlado por el MAS rechazó el proyecto de Ley de Convocatoria a Referendo Dirimidor para los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación por miedo a una eventual derrota electoral en todo el país, advirtió ayer el senador opositor proyectista Bernard Gutiérrez.
Durante una conferencia de prensa, Gutiérrez lamentó que la Comisión de Constitución del Senado presidida por Eugenio Rojas (MAS) haya rechazado el proyecto de ley presentado por los miembros de la bancada de Convergencia Nacional el pasado 7 de octubre, amparados en sus prerrogativas constitucionales.
“El MAS no quiere aprobar esa Ley porque sabe cuál será el resultado. El pueblo se está pronunciando en contra de esos artículos”, declaró a tiempo de anunciar que en el plenario, cuando se toque el informe de comisión, insistirán en la necesidad de abrir ese espacio democrático para que la ciudadanía se pronuncie sobre la pertinencia de ambos artículos.
Para el Presidente de la Comisión, el proyecto de ley no es viable porque no existe aún las leyes específicas para reglamentar la democracia participativa reconocida en la Constitución Política del Estado que exige un proyecto de ley destinado a regular ese derecho ciudadano.
El Artículo 16 señala que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”. Actualmente, el Ministerio de la Presidencia realiza talleres de socialización y recopilación de propuestas sobre reglamentación que estaría lista a fines de mes.
En tanto, que el Artículo 23 señala que la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años.
“Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”, indica la Ley aprobada por el MAS.
De hecho, los trabajadores de la prensa de todo el país rechazaron ambos artículos y realizan una campaña de recolección de firmas que a la fecha pasan las 760 mil adhesiones ciudadanas que apoyan la demanda de los medios de comunicación para que el Gobierno apruebe una ley derogatoria de ambas disposiciones por coartar la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de opinión.
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