Gobierno busca copar tres gobernaciones más

• “Si la oposición hubiera sido encontrada en una reunión de supuesta conspiración, el video ya habría dado la vuelta al mundo con versiones de golpe cívico o golpe de Estado”, afirmó el Gobernador de Santa Cruz.
• Sectores del oficialismo desmintieron las denuncias y recomendaron a los afectados defenderse en los estrados judiciales de la serie de denuncias de corrupción y otras supuestas ilegalidades.

Mediante un sistema judicial afín al MAS y un aparato político de Inteligencia que opera desde las altas esferas de decisión, el Gobierno busca desgastar y desestabilizar las gobernaciones de Beni, Santa Cruz y Tarija, además de descabezar varias alcaldías de capitales de departamento en las que perdió las elecciones de abril, según denunciaron autoridades afectadas por una “persecución política y jurídica”. Entretanto, el Ministerio de Transparencia y la diputada Betty Tejada, negaron las denuncias y aseguraron que las autoridades ediles y departamentales deben responder a la serie de denuncias de corrupción que pesan contra ellos en los estrados judiciales.
Al momento, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene el control de las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca; no pudo ganar las de Santa Cruz, Beni y Pando regiones en las que, sin embargo, tiene una fuerte presencia de asambleístas departamentales a tal punto que a la hora de votar por la suspensión de algún Gobernador, por causas judiciales, podría ganar.
Los gobernadores de Santa Cruz Rubén Costas y de Beni Ernesto Suárez denunciaron por separado que el gobierno del presidente Evo Morales instituyó una “neodictadura” y una “guillotina” para destruir a las autoridades opositoras democráticamente elegidas, informó NAN-Bolivia. Costas sostuvo que así como se fueron los neoliberales, llegó el “neopopulismo” y ahora la “neodictadura moderna” que provoca presos opositores y autoexiliados que enfrentan procesos judiciales con jueces nombrados por el Gobierno y actúan de acuerdo a los intereses políticos.
Lamentó el “descaro del Gobierno en una desvergüenza absoluta” por su comportamiento frente al video denunciado por el gobernador Mario Cossío, donde altas autoridades del Ejecutivo son implicadas en un plan de derrocamiento a la autoridad departamental.
“Si la oposición hubiera sido encontrada en esa situación la denuncia ya habría dado la vuelta al mundo con versiones de golpe cívico o golpe de Estado”, declaró a tiempo de expresar su pleno respaldo a su colega de Tarija.
VIDEO DE LA CONSPIRACIÓN
Cossío denunció al Gobierno de impulsar un plan para derrocarlo con la ayuda de la justicia y los fiscales, a la cabeza del ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, y de Justicia, Nilda Copa. Esas autoridades negaron esa intención, anunciando la apertura de nuevos juicios por difamación contra el Gobernador denunciante.
Por su lado, el gobernador de Beni, Ernesto Suárez, ratificó desde Trinidad que en el país funciona una “guillotina para destruir autoridades opositoras”, tal como ocurrió con el ex alcalde de Potosí, René Joaquino, sentenciado a tres años de prisión, pero que no ingresará a la cárcel por tener opción al beneficio del perdón judicial.
Coincidió con Suárez que existe una persecución política a todas las autoridades electas en el país porque al Gobierno le resulta incómodo tener en el país gente que piensa diferente al MAS.
Joaquino recibió una sanción penal por un juzgado de Potosí supuestamente por no haber observado normas administrativas y su sentencia se produjo luego de que el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón fuera enviado a la cárcel en calidad de detenido preventivo por acusaciones de vejación promovidas por la Fiscalía del Distrito de Chuquisaca.
SUÁREZ ESPERA SU TURNO
Igualmente, Suárez fue citado para el próximo 29 de noviembre ante un juez para el juicio oral por las acusaciones de la Contraloría por la supuesta malversación de recursos económicos del Estado en la realización del Referéndum sobre el Estatuto Autonómico de Beni en junio de 2008.
El gobernador de Beni fue arraigado el 13 de agosto ante la imputación que presentó el Ministerio Público y el juez Carlos Alberto Egüez, quien ordenó el pago de una fianza de Bs 250 mil.
“A todos los que tenemos procesos, a las distintas autoridades electas opositoras al Gobierno, eso es lo que nos espera, o sea, aquí hay una ‘guillotina’ para destituir autoridades y a la vez hay un golpe de Estado”, manifestó.
Insistió en una persecución política a los opositores y explicó que “lamentablemente el Gobierno está avanzando en este afán de copar todas las instancias de manera totalitaria y lógicamente René Joaquino se enmarca dentro el avance para copar todas las alcaldías opositoras al Gobierno”.
En el caso particular de Potosí, dijo que el Gobierno demostró toda la bronca contra el pueblo de ese departamento que en su momento bloqueó y puso incómodo al Ejecutivo por una causa justa de mayor desarrollo, pero el presidente Morales decidió no perdonar y la sentencia a Joaquino es una de las consecuencias.