El ex prefecto Rubén Costas asistió anoche a misa, escuchó la homilía sobre cómo David venció las adversidades, comulgó y al salir de la Catedral se dirigió al presidente Evo Morales y le pidió que ‘no manosee la ley”, a propósito de un juicio por supuesta malversación de fondos por el gasto de 10 millones de bolivianos en la administración del referéndum por estatutos del 4 de mayo del 2008.
Acompañado de su esposa, sus hijos y su madre, la ex autoridad hizo una especie de adelanto de su campaña al ser aclamado en la Plaza Principal en directo por los noticieros.
En ese sentido anunció que acudirá a la audiencia cautelar prevista para el próximo miércoles ante el juez Alberto Zeballos y cuestionó por qué algunas autoridades, entre ellas el fiscal de distrito Jaime Soliz, se prestan a presiones del Gobierno siendo que en su momento apoyaron el proceso autonómico e inclusive votaron en el referéndum.
Volvió a señalar que la consulta fue legal y legítima porque no hubo ningún tribunal, ni nacional ni internacional que lo frene.
También aseguró que ‘no lo corren con la vaina del sable’ y pidió al Gobierno que no hay necesidad que sea arraigado. “No me voy a mover de aquí y voy a morir en mi pueblo”, dijo al acusar de “gobierno carcelario” al de Morales.
Sus declaraciones fueron el corolario de una jornada en la que Costas recibió el respaldo de instituciones como el Comité pro Santa Cruz, que a decir de su titular, Luis Núñez, defendió el proceso legal y legítimo del 4 de mayo y se estrelló contra el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, a quien acusó de “ser un títere del Gobierno”.
“Los fiscales no tenemos colores políticos que demuestre su inocencia en los tribunales” defendió el fiscal Hugo Iquise, uno de los que formuló la imputación.
Inclusive sus adversarios como el candidato a Gobernador, Juan Carlos Urenda, lo apoyó. "Costas sólo cumplió lo que pidieron los cruceños", aseguró.
Asimismo, el candidato a Gobernador del MAS, Jerjes Justiniano, dijo que hablaría con el Fiscal General para que se paralice el proceso. "No queremos que se muestre como víctima", dijo Justiniano.
Por la tarde, el secretario de Justicia, Vladimir Peña, argumentó la legalidad del referéndum y pidió que el Gobierno informe qué ha hecho con el 98% del Presupuesto General de la Nación porque no hay informes sobre el gasto en YPFB y otra empresas y afirmaron que la consulta es tan legal que la autonomía ya fue constitucionalizada.
Suárez, Cossío y Cava en la mira
Los dos ex prefectos de la media luna, Ernesto Suárez del Beni y Mario Cossío de Tarija, candidatos a la reelección en la gobernación, así como también el ex cívico de Chuquisaca, John Cava, enfrentan procesos judiciales seguidos por el Gobierno.
Voceros de Suárez recordaron que contra éste, el Gobierno inventó que estaban entrenando gente, después lo acusó de nepotismo porque su esposa trabajaba en Gestión Social, luego apareció el tema de unas motobombas y por último aparece una acusación por la construcción de un puente y la denuncia por los gastos del referéndum.
Lo mismo sucede en el caso de Cossío, quien enfrenta por lo menos tres procesos judiciales y el último también por los gastos del referéndum, explicó su vocero Arturo Mariscal.
El también candidato a la Gobernación por Chuquisaca, John Cava, dijo ayer que no tienen ningún sustento las acusaciones que le hace el Gobierno de haber presionado para que se firme un contrato con una constructora.
argumentos
Iniciativa popular • (...). Se adopta el referéndum por iniciativa popular, apoyada por 8% de inscritos del total del padrón electoral de la circunscripción departamental requisitos que serán verificados por la Corte Departamental Electoral (art 3 de la Ley Marco del Referéndum) y de acuerdo al art. 4 de la CPE de 1967 vigente en esa época.
Autorización • Si no existe un gobierno departamental electo por voto popular, el referéndum será convocado por el Congreso Nacional por mayoría de votos de los presentes. La defensa de Costas alega que existía un prefecto electo por voto popular y por eso se acudió al Consejo Departamental para que apruebe la consulta y se envió todo al Tribunal Constitucional, pero éste no observó nada.
punto de vista
MAX TORRES GARAY
Experto en lenguaje de la imagen
‘Es un ataque sistemático’
Desde el año pasado el Gobierno ha utilizado diferentes procedimientos para descalificar la imagen del entonces prefecto Rubén Costas. Primero intentó descalificarlo vinculándolo con el presunto grupo de terrorismo liderado por Eduardo Rózsa y ahora vuelve a encabezar otra batalla con el tema de los gastos del referéndum por la aprobación de los estatutos autonómicos. Desde el punto de vista comunicacional vemos que se trata de una estrategia para desvalorizarlo como candidato y generar mediáticamente cierta inseguridad en el electorado que en el caso de votar por él sabe el destino que le puede esperar y por eso están señalando que al igual que los otros prefectos opositores como Leopoldo Fernández, Manfred Reyes Villa o José Luis Paredes, acabarán huyendo o en la cárcel.
Esa es una estrategia, la de la confrontación y la de la búsqueda de enemigos le ha dado buenos resultados y por eso aplica ahora la misma fórmula, claro que también al Gobierno le interesa mucho tomar Santa Cruz y por eso le interesa sacar a Costas del escenario político para que entonces aparezca su candidato a cosechar esos votos.
Sobre la posible victimización que pueda asumir Costas de los ataques no se observa que éste tenga esa actitud y por el contrario veo que hay mal asesoramiento jurídico para asumir la defensa del referéndum.
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