La Corte Nacional Electoral (CNE) dejó en manos de la Corte Departamental Electoral de La Paz la resolución de siete denuncias sobre funcionarios públicos que participaron en campaña y difusión de propaganda política del oficialista MAS en horas de trabajo.
La decisión provocó molestia en los denunciantes. Unidad Nacional (UN) decidió impugnar la decisión, mientras que el Plan Progreso para Bolivia (PPB), que tampoco comparte la disposición, optó por esperar el fallo departamental.
La primera denuncia fue presentada por Jaime Navarro, representante de UN, y tiene que ver con “la realización de actos de propaganda política durante actividades públicas”. Francisco Aramayo, delegado de esta tienda ante la CNE, informó que “nosotros hemos impugnado que esta denuncia haya ido a la Corte Departamental Electoral, porque no es un tema sólo de La Paz sino de todo el país”.
Las otras seis denuncias fueron presentadas por José Oña, delegado de PPB ante la CNE. La primera es una demanda general por violación del artículo 122 del Código Electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos dedicarse en horas de trabajo a funciones que tengan carácter de propaganda política.
La segunda denuncia es contra el edecán del Canciller, capitán Milton Morante, “quien ha participado en una actividad proselitista en horas de oficina. Por otra parte está el jefe de protocolo de la Cancillería, que también ha sido identificado”, explicó Oña.
Las otras acusaciones tienen que ver con el mismo tema, pero contra funcionarios de los ministerios de Trabajo, Hidrocarburos y Salud y Deportes, además de empleados de la Cámara de Diputados, controlada por el MAS.
Oña dijo que lo regular hubiera sido que este trámite se resuelva en la CNE, porque “quien se ve perjudicado por estas denuncias es el Estado, no son los departamentos”. Sin embargo, anunció que “para que no haya mayores dilaciones vamos a esperar el conocimiento y fallo de la Corte Departamental Electoral”.
Las denuncias fueron presentadas el 14 de octubre, el mismo día en que se entregó la demanda de los familiares del candidato a la vicepresidencia, Leopoldo Fernández, para que se le permita hacer campaña desde la cárcel. El tema fue resuelto por la CNE el jueves 15 de octubre.
Las otras siete denuncias fueron remitidas el 20 de octubre a la Corte Electoral de La Paz, que aún no resolvió las demandas. En esa institución simplemente se informó que todos los vocales estuvieron de viaje la pasada semana y que hoy conocerán este tema. Entretanto, Oña explicó que este tipo de casos debe ser resuelto de manera “sumarísima”, es decir inmediata, por tratarse de época electoral.
La sanción es la destitución
La sanción para los funcionarios públicos que realicen actividades de campaña electoral en horas de trabajo es la destitución, según mandan las normas vigentes.
El punto octavo de las disposiciones finales de la Ley de Régimen Electoral Transitorio, aprobada en abril de este año, establece que “se prohíbe a los funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante las horas de trabajo a actividades relacionadas a propaganda o campaña política”.
El artículo 122 del Código Electoral señala lo mismo y el inciso “L” del Reglamento de la Corte Nacional Electoral (CNE) para la difusión de la propaganda aprobada para las elecciones generales de diciembre próximo, también señala la misma sanción.
Según el delegado de PPB ante la CNE, José Oña, quien presentó seis denuncias de casos de funcionarios públicos que realizan campaña en horas de oficina, la Corte Electoral debe convocar a los involucrados y las autoridades de las entidades públicas respectivas para que respondan a la demanda. Aseguró que presentó como prueba videos donde se ve a funcionarios en actividades proselitistas en horas de trabajo.
Punto de vista
José Oña
PPB-CN
Delegado de PPB-CN ante la Corte Nacional Electoral
El daño es nacional no departamental
“A criterio de la CNE, quienes deberían resolver este tipo de denuncias son las cortes departamentales porque la denuncia está planteada en La Paz; sin embargo, lo que tenemos que dejar en claro es que el funcionario público no es sólo de La Paz, es de algún ministerio u otra entidad a nivel nacional y entonces el daño económico que se hace no sólo es a la ciudad de La Paz, sino el daño se le hace al país en general”.
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