Los cocaleros del Chapare, los campesinos de Achacachi, los cooperativistas mineros y los indígenas del Norte de Potosí, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), anunciaron que aplicarán el “voto comunitario” en las elecciones generales del 6 de diciembre para evitar un respaldo de las comunidades a los candidatos opositores.
La consigna de los dirigentes de esas organizaciones es que las bases del presidente Evo Morales son leales al “proceso de cambio” y que después de su primera gestión cuenta con un apoyo invariable o mayor al del 18 de diciembre de 2005, cuando fue elegido con el 54 por ciento.
El reto del Jefe del Estado Plurinacional, no obstante, es ganar los comicios con un 70 por ciento de votación.
El “voto comunitario” es una práctica de control del sufragio de algunas organizaciones que fue observada por organismos internacionales y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), porque se trata de un delito electoral tipificado como violación al secreto de voto y en algunos, coacción electoral.
Este ejercicio ya fue aplicado por los campesinos de Achacachi y los cocaleros del Chapare en la consulta revocatoria del 10 de agosto de 2008 y en los referendos dirimente y constituyente del 25 de enero, según constan en los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
El organismo electoral inició un proceso legal por la violación del secreto del voto contra los responsables de cinco mesas de sufragio de la provincia de Omasuyos y una del Chapare.
En las elecciones generales del 6 de diciembre, al menos cuatro sectores sociales realizarán esta práctica, según conoció La Prensa.
Rubén Hidalgo, uno de los dirigentes de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, anunció que el día de las elecciones habrá control de las organizaciones para que sus afiliados asistan a sufragar y que ya se “consensuó” votar colectivamente por Evo Morales, quien tiene la posibilidad constitucional de ser presidente por otro periodo de cinco años.
“Los compañeros ya saben por quién tienen que votar, eso ya está decidido”. ¿Qué se hará para garantizar esa votación masiva? “Está en la conciencia de los compañeros, pero también tendremos brigadas que estarán en las mesas”.
Hidalgo no quiso precisar las características del control, aunque de acuerdo con el caso observado en enero, en una mesa observada por los organismos internacionales, no se protegió el recinto de votación como corresponde, sino estaba al aire libre.
En Achacachi tampoco harán la excepción. Apegados a la “costumbre” de votar colectivamente, en diciembre, respaldarán como “un solo hombre” al Mandatario. El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, dijo que el “voto comunitario” es una decisión de las comunidades “donde no influyen las autoridades o los políticos”, por lo que deslindó cualquier responsabilidad.
El secretario general de la Prefectura y sociólogo aymara, Félix Patzi, intenta explicar por qué las decisiones en el altiplano son “comunitarias”. Asegura que las determinaciones de la comunidad son de interés común, inapelables, y forman parte de los “usos y costumbres” que deben ser respetados por las autoridades.
Sin embargo, este criterio no es compartido por el ex vocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte, quien menciona que de considerarse esta práctica como parte de las tradiciones aymaras, se legalizarían los delitos electorales.
Al margen del debate, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó que está prohibida cualquier práctica comunitaria que tenga que ver con el control de la votación y los votantes o la organización de brigadas que no sean jurados o delegados.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Andrés Villca, anunció que en un ampliado nacional o a través de las federaciones departamentales o regionales se “ordenará” que todos los cooperativistas voten por la reelección del presidente Morales. Esto se llama “voto sindical” en este sector.
Cupertino Huacanqui, autoridad originaria de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP), también anunció que “en las elecciones todos votaremos por el compañero Evo, estamos obligados a votar por el proceso de cambio, porque así queremos”.
Huacanqui informó que esta decisión fue asumida en enero en un encuentro de autoridades originarias. “Esta iniciativa es parte de las autodeterminaciones de los pueblos indígenas, se decide como pueblo, como una sola persona”.
Esta resolución fue comunicada al presidente Morales el domingo 12 de julio en Uncía, en un acto público, en el que las autoridades originarias expresaron que garantizan su reelección y que se impedirá el ingreso de los candidatos opositores para que realicen campaña en esas provincias.
El representante indígena también anunció que se “aplicará la justicia comunitaria a quienes hagan campaña por los partidos de oposición”.
Los originarios que decidan hacer proselitismo pueden ser censurados por las comunidades y en algún caso, echados de sus casas, aunque de acuerdo con las costumbres del norte de Potosí, el incumplimiento de una decisión comunitaria puede ser sancionada con trabajos comunitarios y sanción económica.
¿Qué hará el Órgano Electoral? La Prensa buscó el criterio del presidente de esta entidad, Antonio Costas, pero no fue posible conversar con él. Aunque desde esa institución se comunicó que éste no se pronunciará si no existe una denuncia.
La decisión de impedir el ingreso de los opositores a las comunidades ya fue determinada en meses anteriores en la provincia Aroma, de La Paz, y por los dirigentes cocaleros en el Chapare, del que pertenece el presidente Morales.
La entidad electoral nacional reiteró en varias ocasiones que la Constitución Política del Estado (CPE), el Código Electoral y la Ley Electoral Transitoria garantizan que todos los partidos (oficialistas y opositores) puedan realizar proselitismo en todo el país.
Los expertos perciben una campaña marcada por la “guerra sucia”
Analistas políticos consideran que la campaña electoral de las elecciones generales del 6 de diciembre estarán marcadas por la “guerra sucia” entre el oficialismo y la oposición.
Carlos Cordero dice que el escenario político se tornará tenso debido al proselitismo electoral, que en algunos casos buscará desorientar a la población con el fin de ganar votos.
Cordero dijo que el Gobierno, seguramente basará su discurso en su labor realizada, pero asimismo pondrá énfasis en el caso de terrorismo y la supuesta conspiración de la oposición contra su Gobierno.
Los vínculos del líder terrorista Eduardo Rózsa con los representantes cruceños y políticos de derecha será el tema central del “ataque”, y la oposición puede utilizar otros mensajes como el incremento de los cultivos de la coca en zonas no tradicionales y los casos de corrupción que se destaparon en el Gobierno como en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que derivó en la detención preventiva del hombre fuerte del MAS Santos Ramírez y el caso de los 33 camiones que complicó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La politóloga Ximena Costa también comparte este criterio de que en la época preelectoral será la más contundente, pues una muestra de esa tensión se observó en los referendos dirimente y constituyente del 25 de enero.
Argumentos como el aborto y el matrimonio gay fueron utilizados por la oposición contra la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y surgieron mensajes de que este texto intentaba matar la fe por Dios y Jesucristo, pero éstos fueron descartados porque en ninguna parte del documento menciona explícitamente esas ideas.
Oficialmente, según el calendario electoral, la campaña comienza el lunes 5 de octubre y termina el 3 de diciembre.
Durante este periodo, los políticos pueden cosechar apoyo de los sectores sociales.
El Código Electoral dice sobre las campañas que éstas deben desarrollarse hasta dos días antes de los comicios, no obstante, la Ley Electoral Transitoria prohíbe la realización de eventos de entrega de obras o bienes 30 días antes de las elecciones, como ocurrió en enero, cuando el Órgano Ejecutivo organizó actos para entregar maquinaria a los cooperativistas.
Un estudio de Ortiz da cuenta de “anomalías”
Un estudio llevado a cabo por el presidente del Senado, Óscar Ortiz (disidente de Podemos y candidato de Consenso Nacional), sobre sobre la votación en los referendos del 25 de enero reveló de que existió una “participación extrema” de la población en algunos enclaves masistas, como el Chapare y la ciudad de El Alto.
Según el relevamiento realizado, el número de localidades con una participación superior al 95 por ciento se cuadruplicó en el referéndum constitucional, en relación con las elecciones de 2005.
Este incremento estuvo acompañado por una fuerte concentración del voto por el Sí a la nueva Constitución. Otra característica de esa votación es que los incrementos no se dieron de forma uniformada, sino en determinadas localidades. El comportamiento es llamativo, por ejemplo, los votos válidos llegan a 97,1 por ciento, cuando el promedio nacional es de 95,7 por ciento, además que el Sí a la nueva Carta Magna alcanza a 95 por ciento, es decir 30 puntos más por encima del promedio nacional, que sería 60 por ciento.
En el estudio realizado por Ortiz, en el departamento de Pando hubo además un incremento del número de inscritos entre 2006 (elección de la Asamblea Constituyente y referéndum sobre las autonomías departamentales) y el referéndum revocatorio de agosto de 2008.
“Ese crecimiento no guarda relación con la serie histórica de crecimiento bianual del padrón en el departamento (alrededor del 15 por ciento), pues duplica la tasa habitual. Tampoco existe relación con el aumento del padrón nacional en el mismo periodo (9 por ciento)”.
Elecciones generales
El 6 de diciembre se realizarán comicios para Presidente, Vicepresidente y asambleístas.
Esa misma jornada se efectuará el referéndum regional en la provincia Gran Chaco, Tarija.
Al menos 4 sectores sociales afines al MAS anunciaron que habrá voto comunitario.
Esta práctica es considerada por el Órgano Electoral y organismos como un delito.
En los referendos del 25 de enero se detectaron seis mesas donde hubo control del voto.
Los responsables de esas mesas están afrontando un proceso por violación del secreto.
El Código Electoral menciona que el acto de sufragio de una persona es inviolable.
Los sectores que controlarán son campesinos, cocaleros, cooperativas e indígenas.
En el norte de Potosí incluso se decidió aplicar “justicia comunitaria” contra disidentes.
Es decir, contra aquellos que hagan campaña por otros partidos que no sea el MAS.
Asimismo, en la provincia Aroma de La Paz se determinó vetar el ingreso de opositores.
El organismo electoral dice que no se pronunciará si no tiene una denuncia.
Lo que dice la ley
El Código Electoral establece que se comete delito de coacción electoral en el siguiente caso:
Artículo 197. La persona civil, policial o militar que coaccione, atemorice o violente a trabajadores subalternos de su dependencia o a cualquier otro ciudadano para que se afilien a determinado partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, o para que voten por cierta lista o partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza será sancionada con la privación de libertad de hasta seis meses. Además, si el infractor fuera funcionario público, será castigado con la pena de la destitución del cargo sin que pueda ejercer otra función pública en el siguiente periodo constitucional.
Asimismo, la norma establece una sanción cuando se comete delito de violación del secreto de voto:
Artículo 202. A toda persona que mediante cualquier medio viole el secreto de voto se le aplicará la pena de tres a seis meses de privación de libertad.
Apuntes
El “voto comunitario” es una práctica “común” en algunas organizaciones.
Esta acción consiste en una decisión comunitaria de votar por un solo candidato.
Además de realizar el control de las mesas para que se cumpla lo determinado.
Opiniones
César Navarro
Diputado del MAS
“Las organizaciones sociales son independientes en su acción, el Movimiento Al Socialismo es un instrumento político que no puede pasar por encima de las decisiones; sin embargo, me parece un poco apresurado señalar que están obligando a votar por el MAS. Tradicionalmente, las organizaciones sociales tienen una amplia vocación democrática, creo que no se generaliza a todos, pues creo que si se han presentado estos casos, no se puede estigmatizar a determinados sectores como los autores de irregularidades electorales”.
Bernardo Montenegro
Diputado de Podemos
“Es una práctica común del Movimiento Al Socialismo, gracias a eso ganaron en varias elecciones, nosotros hemos denunciado que no sólo se presentan estos casos en el campo, sino también mediante el padrón. Esto nos hace entender por qué el Órgano Ejecutivo insiste en utilizar el viejo padrón para las elecciones de diciembre, porque le tiene miedo a que pueda disminuir su votación porque eso sería catastrófico. El solo hecho de que baje uno o dos puntos será un alto costo para el MAS, porque será la respuesta real de que si la gente está de acuerdo o no”.
Arturo Murillo
Diputado de UN
“No es de extrañarse que se quiera obligar a votar por el MAS, incluso con una coacción como el de hacer justicia originaria para quienes realicen campaña en favor de otros partidos. El Órgano Electoral debía tomar cartas en el asunto y no permitir que estas prácticas se vayan ‘legalizando’, porque es una señal negativa para la democracia. Los organismos de observación electoral, asimismo, deberían ser más estrictas, porque ya son varios procesos donde se utilizan métodos que son sancionados por el Código Electoral y otras normas”.
La consigna de los dirigentes de esas organizaciones es que las bases del presidente Evo Morales son leales al “proceso de cambio” y que después de su primera gestión cuenta con un apoyo invariable o mayor al del 18 de diciembre de 2005, cuando fue elegido con el 54 por ciento.
El reto del Jefe del Estado Plurinacional, no obstante, es ganar los comicios con un 70 por ciento de votación.
El “voto comunitario” es una práctica de control del sufragio de algunas organizaciones que fue observada por organismos internacionales y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), porque se trata de un delito electoral tipificado como violación al secreto de voto y en algunos, coacción electoral.
Este ejercicio ya fue aplicado por los campesinos de Achacachi y los cocaleros del Chapare en la consulta revocatoria del 10 de agosto de 2008 y en los referendos dirimente y constituyente del 25 de enero, según constan en los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
El organismo electoral inició un proceso legal por la violación del secreto del voto contra los responsables de cinco mesas de sufragio de la provincia de Omasuyos y una del Chapare.
En las elecciones generales del 6 de diciembre, al menos cuatro sectores sociales realizarán esta práctica, según conoció La Prensa.
Rubén Hidalgo, uno de los dirigentes de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, anunció que el día de las elecciones habrá control de las organizaciones para que sus afiliados asistan a sufragar y que ya se “consensuó” votar colectivamente por Evo Morales, quien tiene la posibilidad constitucional de ser presidente por otro periodo de cinco años.
“Los compañeros ya saben por quién tienen que votar, eso ya está decidido”. ¿Qué se hará para garantizar esa votación masiva? “Está en la conciencia de los compañeros, pero también tendremos brigadas que estarán en las mesas”.
Hidalgo no quiso precisar las características del control, aunque de acuerdo con el caso observado en enero, en una mesa observada por los organismos internacionales, no se protegió el recinto de votación como corresponde, sino estaba al aire libre.
En Achacachi tampoco harán la excepción. Apegados a la “costumbre” de votar colectivamente, en diciembre, respaldarán como “un solo hombre” al Mandatario. El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, dijo que el “voto comunitario” es una decisión de las comunidades “donde no influyen las autoridades o los políticos”, por lo que deslindó cualquier responsabilidad.
El secretario general de la Prefectura y sociólogo aymara, Félix Patzi, intenta explicar por qué las decisiones en el altiplano son “comunitarias”. Asegura que las determinaciones de la comunidad son de interés común, inapelables, y forman parte de los “usos y costumbres” que deben ser respetados por las autoridades.
Sin embargo, este criterio no es compartido por el ex vocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte, quien menciona que de considerarse esta práctica como parte de las tradiciones aymaras, se legalizarían los delitos electorales.
Al margen del debate, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó que está prohibida cualquier práctica comunitaria que tenga que ver con el control de la votación y los votantes o la organización de brigadas que no sean jurados o delegados.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Andrés Villca, anunció que en un ampliado nacional o a través de las federaciones departamentales o regionales se “ordenará” que todos los cooperativistas voten por la reelección del presidente Morales. Esto se llama “voto sindical” en este sector.
Cupertino Huacanqui, autoridad originaria de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP), también anunció que “en las elecciones todos votaremos por el compañero Evo, estamos obligados a votar por el proceso de cambio, porque así queremos”.
Huacanqui informó que esta decisión fue asumida en enero en un encuentro de autoridades originarias. “Esta iniciativa es parte de las autodeterminaciones de los pueblos indígenas, se decide como pueblo, como una sola persona”.
Esta resolución fue comunicada al presidente Morales el domingo 12 de julio en Uncía, en un acto público, en el que las autoridades originarias expresaron que garantizan su reelección y que se impedirá el ingreso de los candidatos opositores para que realicen campaña en esas provincias.
El representante indígena también anunció que se “aplicará la justicia comunitaria a quienes hagan campaña por los partidos de oposición”.
Los originarios que decidan hacer proselitismo pueden ser censurados por las comunidades y en algún caso, echados de sus casas, aunque de acuerdo con las costumbres del norte de Potosí, el incumplimiento de una decisión comunitaria puede ser sancionada con trabajos comunitarios y sanción económica.
¿Qué hará el Órgano Electoral? La Prensa buscó el criterio del presidente de esta entidad, Antonio Costas, pero no fue posible conversar con él. Aunque desde esa institución se comunicó que éste no se pronunciará si no existe una denuncia.
La decisión de impedir el ingreso de los opositores a las comunidades ya fue determinada en meses anteriores en la provincia Aroma, de La Paz, y por los dirigentes cocaleros en el Chapare, del que pertenece el presidente Morales.
La entidad electoral nacional reiteró en varias ocasiones que la Constitución Política del Estado (CPE), el Código Electoral y la Ley Electoral Transitoria garantizan que todos los partidos (oficialistas y opositores) puedan realizar proselitismo en todo el país.
Los expertos perciben una campaña marcada por la “guerra sucia”
Analistas políticos consideran que la campaña electoral de las elecciones generales del 6 de diciembre estarán marcadas por la “guerra sucia” entre el oficialismo y la oposición.
Carlos Cordero dice que el escenario político se tornará tenso debido al proselitismo electoral, que en algunos casos buscará desorientar a la población con el fin de ganar votos.
Cordero dijo que el Gobierno, seguramente basará su discurso en su labor realizada, pero asimismo pondrá énfasis en el caso de terrorismo y la supuesta conspiración de la oposición contra su Gobierno.
Los vínculos del líder terrorista Eduardo Rózsa con los representantes cruceños y políticos de derecha será el tema central del “ataque”, y la oposición puede utilizar otros mensajes como el incremento de los cultivos de la coca en zonas no tradicionales y los casos de corrupción que se destaparon en el Gobierno como en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que derivó en la detención preventiva del hombre fuerte del MAS Santos Ramírez y el caso de los 33 camiones que complicó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La politóloga Ximena Costa también comparte este criterio de que en la época preelectoral será la más contundente, pues una muestra de esa tensión se observó en los referendos dirimente y constituyente del 25 de enero.
Argumentos como el aborto y el matrimonio gay fueron utilizados por la oposición contra la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y surgieron mensajes de que este texto intentaba matar la fe por Dios y Jesucristo, pero éstos fueron descartados porque en ninguna parte del documento menciona explícitamente esas ideas.
Oficialmente, según el calendario electoral, la campaña comienza el lunes 5 de octubre y termina el 3 de diciembre.
Durante este periodo, los políticos pueden cosechar apoyo de los sectores sociales.
El Código Electoral dice sobre las campañas que éstas deben desarrollarse hasta dos días antes de los comicios, no obstante, la Ley Electoral Transitoria prohíbe la realización de eventos de entrega de obras o bienes 30 días antes de las elecciones, como ocurrió en enero, cuando el Órgano Ejecutivo organizó actos para entregar maquinaria a los cooperativistas.
Un estudio de Ortiz da cuenta de “anomalías”
Un estudio llevado a cabo por el presidente del Senado, Óscar Ortiz (disidente de Podemos y candidato de Consenso Nacional), sobre sobre la votación en los referendos del 25 de enero reveló de que existió una “participación extrema” de la población en algunos enclaves masistas, como el Chapare y la ciudad de El Alto.
Según el relevamiento realizado, el número de localidades con una participación superior al 95 por ciento se cuadruplicó en el referéndum constitucional, en relación con las elecciones de 2005.
Este incremento estuvo acompañado por una fuerte concentración del voto por el Sí a la nueva Constitución. Otra característica de esa votación es que los incrementos no se dieron de forma uniformada, sino en determinadas localidades. El comportamiento es llamativo, por ejemplo, los votos válidos llegan a 97,1 por ciento, cuando el promedio nacional es de 95,7 por ciento, además que el Sí a la nueva Carta Magna alcanza a 95 por ciento, es decir 30 puntos más por encima del promedio nacional, que sería 60 por ciento.
En el estudio realizado por Ortiz, en el departamento de Pando hubo además un incremento del número de inscritos entre 2006 (elección de la Asamblea Constituyente y referéndum sobre las autonomías departamentales) y el referéndum revocatorio de agosto de 2008.
“Ese crecimiento no guarda relación con la serie histórica de crecimiento bianual del padrón en el departamento (alrededor del 15 por ciento), pues duplica la tasa habitual. Tampoco existe relación con el aumento del padrón nacional en el mismo periodo (9 por ciento)”.
Elecciones generales
El 6 de diciembre se realizarán comicios para Presidente, Vicepresidente y asambleístas.
Esa misma jornada se efectuará el referéndum regional en la provincia Gran Chaco, Tarija.
Al menos 4 sectores sociales afines al MAS anunciaron que habrá voto comunitario.
Esta práctica es considerada por el Órgano Electoral y organismos como un delito.
En los referendos del 25 de enero se detectaron seis mesas donde hubo control del voto.
Los responsables de esas mesas están afrontando un proceso por violación del secreto.
El Código Electoral menciona que el acto de sufragio de una persona es inviolable.
Los sectores que controlarán son campesinos, cocaleros, cooperativas e indígenas.
En el norte de Potosí incluso se decidió aplicar “justicia comunitaria” contra disidentes.
Es decir, contra aquellos que hagan campaña por otros partidos que no sea el MAS.
Asimismo, en la provincia Aroma de La Paz se determinó vetar el ingreso de opositores.
El organismo electoral dice que no se pronunciará si no tiene una denuncia.
Lo que dice la ley
El Código Electoral establece que se comete delito de coacción electoral en el siguiente caso:
Artículo 197. La persona civil, policial o militar que coaccione, atemorice o violente a trabajadores subalternos de su dependencia o a cualquier otro ciudadano para que se afilien a determinado partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, o para que voten por cierta lista o partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza será sancionada con la privación de libertad de hasta seis meses. Además, si el infractor fuera funcionario público, será castigado con la pena de la destitución del cargo sin que pueda ejercer otra función pública en el siguiente periodo constitucional.
Asimismo, la norma establece una sanción cuando se comete delito de violación del secreto de voto:
Artículo 202. A toda persona que mediante cualquier medio viole el secreto de voto se le aplicará la pena de tres a seis meses de privación de libertad.
Apuntes
El “voto comunitario” es una práctica “común” en algunas organizaciones.
Esta acción consiste en una decisión comunitaria de votar por un solo candidato.
Además de realizar el control de las mesas para que se cumpla lo determinado.
Opiniones
César Navarro
Diputado del MAS
“Las organizaciones sociales son independientes en su acción, el Movimiento Al Socialismo es un instrumento político que no puede pasar por encima de las decisiones; sin embargo, me parece un poco apresurado señalar que están obligando a votar por el MAS. Tradicionalmente, las organizaciones sociales tienen una amplia vocación democrática, creo que no se generaliza a todos, pues creo que si se han presentado estos casos, no se puede estigmatizar a determinados sectores como los autores de irregularidades electorales”.
Bernardo Montenegro
Diputado de Podemos
“Es una práctica común del Movimiento Al Socialismo, gracias a eso ganaron en varias elecciones, nosotros hemos denunciado que no sólo se presentan estos casos en el campo, sino también mediante el padrón. Esto nos hace entender por qué el Órgano Ejecutivo insiste en utilizar el viejo padrón para las elecciones de diciembre, porque le tiene miedo a que pueda disminuir su votación porque eso sería catastrófico. El solo hecho de que baje uno o dos puntos será un alto costo para el MAS, porque será la respuesta real de que si la gente está de acuerdo o no”.
Arturo Murillo
Diputado de UN
“No es de extrañarse que se quiera obligar a votar por el MAS, incluso con una coacción como el de hacer justicia originaria para quienes realicen campaña en favor de otros partidos. El Órgano Electoral debía tomar cartas en el asunto y no permitir que estas prácticas se vayan ‘legalizando’, porque es una señal negativa para la democracia. Los organismos de observación electoral, asimismo, deberían ser más estrictas, porque ya son varios procesos donde se utilizan métodos que son sancionados por el Código Electoral y otras normas”.
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