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08 febrero 2021
14 noviembre 2019
Sacha Llorenti anuncia que no renunciará a su cargo como embajador de Bolivia ante la ONU
El representante de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designado por el gobierno de Evo Morales, Sacha Llorenti, anunció que no renunció ni renunciará al cargo que ejerce desde el 2012.
En un tuit dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Gutérres y a Rosemary A. DiCarlo, secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de este organismo multilateral, indicó que fue "designado Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas por el Presidente Constitucional Evo Morales, y ratificado por dos tercios del Senado de mi país".
El martes, José Alberto Gonzales, representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó su renuncia irrevocable.
En un tuit dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Gutérres y a Rosemary A. DiCarlo, secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de este organismo multilateral, indicó que fue "designado Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas por el Presidente Constitucional Evo Morales, y ratificado por dos tercios del Senado de mi país".
El martes, José Alberto Gonzales, representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó su renuncia irrevocable.
23 septiembre 2019
13 abril 2019
Delgado exige al Gobierno cumplir con el fallo a su favor de Naciones Unidas
Rebeca Delgado, exdiputada del MAS, exigió al Gobierno nacional cumplir con el fallo a su favor que emitió el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al comprobarse que se vulneró sus derechos cuando se le impidió ser candidata en 2015.
"Hoy, un año desde que el Comité de DDHH-ONU emitió dictamen que evidencia vulneración de mis derechos civiles y políticos por el Estado Boliviano. El Procurador Menacho no se pronuncia, continua la vulneración. Presenté esta solicitud que debe responder porque es servidor público" (sic), escribió en su cuenta en Twitter.
El fallo del Comité de organismo internacional señala textualmente que Bolivia "tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto" de derechos políticos.
Mientras que la decisión también benefició al exsenador del MAS, Eduardo Maldonado, que por ese entonces pretendía ser candidato a la Alcaldía en Potosí dentro de las elecciones subnacionales.
"Todo servidor público debe responder por solicitudes realizadas por ciudadanos. Más cuando existe una obligación internacional de parte del Estado boliviano, bajo incumplimiento de deberes a nivel interno y censura a nivel externo" (sic), agregó la exasambleísta que también anunció que asumirá su propio patrocinio.
En abril de 2018 el Procurador del Estado, Pablo Menacho, dijo sobre el caso: "Las modalidades de cumplimiento del dictamen las vamos a analizar todavía, eso es un proceso que nosotros vamos a hacer".
"Hoy, un año desde que el Comité de DDHH-ONU emitió dictamen que evidencia vulneración de mis derechos civiles y políticos por el Estado Boliviano. El Procurador Menacho no se pronuncia, continua la vulneración. Presenté esta solicitud que debe responder porque es servidor público" (sic), escribió en su cuenta en Twitter.
El fallo del Comité de organismo internacional señala textualmente que Bolivia "tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto" de derechos políticos.
Mientras que la decisión también benefició al exsenador del MAS, Eduardo Maldonado, que por ese entonces pretendía ser candidato a la Alcaldía en Potosí dentro de las elecciones subnacionales.
"Todo servidor público debe responder por solicitudes realizadas por ciudadanos. Más cuando existe una obligación internacional de parte del Estado boliviano, bajo incumplimiento de deberes a nivel interno y censura a nivel externo" (sic), agregó la exasambleísta que también anunció que asumirá su propio patrocinio.
En abril de 2018 el Procurador del Estado, Pablo Menacho, dijo sobre el caso: "Las modalidades de cumplimiento del dictamen las vamos a analizar todavía, eso es un proceso que nosotros vamos a hacer".
09 enero 2019
Madre de activista pide ayuda a ONU
María Luisa Escobar Vda. de Rojas, madre del huelguista de hambre por el 21F Oscar Henry Rojas, envió una carta al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, en la que le pide ayuda para preservar la salud y la vida de su hijo ante la indiferencia del Gobierno nacional.
“Señor Representante, mi hijo ha tomado esta medida extrema, en defensa de la democracia en Bolivia y ante la mirada indiferente del Tribunal Supremo Electoral, así como de las máximas autoridades bolivianas, que hasta la fecha no se han pronunciado. Me veo obligada a solicitar muy respetuosamente, interponga sus buenos oficios para garantizar el derecho a la vida de mi hijo, establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia…”, señala parte de la misiva.
Oscar Rojas lleva más de 20 días en la medida extrema en defensa del voto ciudadano del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) que negó la posibilidad de que Evo Morales busque la reelección y sea candidato para las elecciones generales de este año.
Varias plataformas ciudadanas instalaron piquetes de huelga de hambre en distintos departamentos del país en defensa del 21F, pero a medida que pasó el tiempo fueron suspendidos, son pocos los huelguistas que quedan.
Desde que un grupo de personas instalaron el piquete en la iglesia Las Carmelitas del barrio de Sopocachi de la ciudad de La Paz, Oscar Rojas es el único que queda, los demás decidieron suspender la medida.
“Señor Alto Comisionado, en mi condición de madre y mujer boliviana, no sé a quién más poder recurrir para garantizar la salud física, psicológica y la vida de mi hijo, quien a estas alturas se encuentra indemne frente al poder político abusivo e indolente”, escribe la madre de Rojas.
La señora María Luisa solicita la mediación de la ONU para la aplicación de medidas cautelares a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Solicito que por intermedio de la Organización Internacional a la que usted representa, se pueda otorgar a mi hijo, ciudadanos boliviano, la protección correspondiente a su vida, como a su integridad física, mediante la aplicación del mecanismo de Medidas Cautelares previsto en el artículo 25 de la CIDH…”, refiere parte de la carta.
La madre de Oscar Rojas lamenta que a ninguna institución gubernamental le preocupe la situación de su hijo.
“Señor Representante, mi hijo ha tomado esta medida extrema, en defensa de la democracia en Bolivia y ante la mirada indiferente del Tribunal Supremo Electoral, así como de las máximas autoridades bolivianas, que hasta la fecha no se han pronunciado. Me veo obligada a solicitar muy respetuosamente, interponga sus buenos oficios para garantizar el derecho a la vida de mi hijo, establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia…”, señala parte de la misiva.
Oscar Rojas lleva más de 20 días en la medida extrema en defensa del voto ciudadano del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) que negó la posibilidad de que Evo Morales busque la reelección y sea candidato para las elecciones generales de este año.
Varias plataformas ciudadanas instalaron piquetes de huelga de hambre en distintos departamentos del país en defensa del 21F, pero a medida que pasó el tiempo fueron suspendidos, son pocos los huelguistas que quedan.
Desde que un grupo de personas instalaron el piquete en la iglesia Las Carmelitas del barrio de Sopocachi de la ciudad de La Paz, Oscar Rojas es el único que queda, los demás decidieron suspender la medida.
“Señor Alto Comisionado, en mi condición de madre y mujer boliviana, no sé a quién más poder recurrir para garantizar la salud física, psicológica y la vida de mi hijo, quien a estas alturas se encuentra indemne frente al poder político abusivo e indolente”, escribe la madre de Rojas.
La señora María Luisa solicita la mediación de la ONU para la aplicación de medidas cautelares a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Solicito que por intermedio de la Organización Internacional a la que usted representa, se pueda otorgar a mi hijo, ciudadanos boliviano, la protección correspondiente a su vida, como a su integridad física, mediante la aplicación del mecanismo de Medidas Cautelares previsto en el artículo 25 de la CIDH…”, refiere parte de la carta.
La madre de Oscar Rojas lamenta que a ninguna institución gubernamental le preocupe la situación de su hijo.
31 diciembre 2018
Bolivia cierra presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU
Bolivia cierra hoy su presencia de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Gobierno destaca la gestión realizada a la cabeza del embajador Sacha Llorenti.
"Hoy culmina nuestra misión en el Consejo de Seguridad de ONU, dos años de gestión a la cabeza de nuestro embajador Sacha Llorenti, dos años defendiendo el multilateralismo, hemos defendido el derecho internacional, por la paz, por la justicia, hemos acompañado a potencias internacionales como Rusia o China y dos años Bolivia ha sido mucho más conocida, cuando somos la voz de los pueblos del mundo", destacó desde Cochabamba el presidente Evo Morales.
La representación nacional comenzó en enero de 2017 y en junio de esa gestión y octubre de este año, el país ocupó la presidencia del grupo de cinco miembros permanentes, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y 10 no permanentes.
Mientras que el canciller Diego Pary resaltó que "Bolivia ha tenido una presencia exitosa en el Consejo de Seguridad, que ha marcado diferencia y que ha dejado en alto el nombre de nuestro país. Concluimos esta gestión con el deber cumplido".
08 noviembre 2018
16 junio 2018
Delgado advierte que Gobierno evade cumplir fallo de la ONU
Dos meses ya pasaron en que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictaminará un pago económico a los disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado, pero hasta el momento el Gobierno no se contactó para negociar el desembolso, ni menos para dar cumplimiento a sus derechos políticos y civiles como ordena el órgano internacional.
Delgado mostró preocupación ante la dejadez del Estado y declaró al portal Urgentebo.com, que lo que hace el gobierno, en especificó el Procurador del Estado, Pablo Menacho, es evadir su responsabilidad por no haberlos dejado, a ambas exautoridades, no dejarlos postular a las alcaldías de Cochabamba y Potosí.
“Pasaron ya dos meses, no tenemos ninguna respuesta, sólo hemos visto que el Procurador ha hecho una declaración donde dice que se sigue analizando, pero nos damos cuenta que la Procuraduría, en otros casos, respondió los laudos arbitrales internaciones. (…) Estamos extrañados de que hasta hoy no se haya manifestado nada, esto no es más que una evasión del Estado boliviano a las responsabilidades internacionales de los derechos humanos”, declaró la exdisidente del MAS.
El estado boliviano tiene 180 días para responder al fallo de la Comité de Derechos Humanos de la ONU, de ese tiempo ya pasaron dos meses. El 22 de mayo, la además exlegisladora, sostuvo un encuentro con el equipo jurídico “Derechos en Acción” que hacen seguimiento a su caso.
Explicó que decidió junto a sus juristas pedir primero al gobierno lo más fácil, que el dictamen de la ONU sea acatado y quede como jurisprudencia. Segundo, que el fallo sea difundido ampliamente y como tercero, la compensación económica. Delgado adelantó que está dispuesta a negociar con el Estado boliviano.
“Entonces vamos a pedir que cumplan lo más antes posible lo que sí pueden cumplir, es el respeto a los derechos políticos y civiles a nivel nacional. Esto propuesta la vamos hacer llegar a la Procuraduría la siguiente semana”, sostuvo.
El 18 de abril, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó que Delgado y Maldonado deben recibir un pago económico por no permitirles postular el 2015 a las elecciones subnacionales.
TITULARES
Delgado mostró preocupación ante la dejadez del Estado y declaró al portal Urgentebo.com, que lo que hace el gobierno, en especificó el Procurador del Estado, Pablo Menacho, es evadir su responsabilidad por no haberlos dejado, a ambas exautoridades, no dejarlos postular a las alcaldías de Cochabamba y Potosí.
“Pasaron ya dos meses, no tenemos ninguna respuesta, sólo hemos visto que el Procurador ha hecho una declaración donde dice que se sigue analizando, pero nos damos cuenta que la Procuraduría, en otros casos, respondió los laudos arbitrales internaciones. (…) Estamos extrañados de que hasta hoy no se haya manifestado nada, esto no es más que una evasión del Estado boliviano a las responsabilidades internacionales de los derechos humanos”, declaró la exdisidente del MAS.
El estado boliviano tiene 180 días para responder al fallo de la Comité de Derechos Humanos de la ONU, de ese tiempo ya pasaron dos meses. El 22 de mayo, la además exlegisladora, sostuvo un encuentro con el equipo jurídico “Derechos en Acción” que hacen seguimiento a su caso.
Explicó que decidió junto a sus juristas pedir primero al gobierno lo más fácil, que el dictamen de la ONU sea acatado y quede como jurisprudencia. Segundo, que el fallo sea difundido ampliamente y como tercero, la compensación económica. Delgado adelantó que está dispuesta a negociar con el Estado boliviano.
“Entonces vamos a pedir que cumplan lo más antes posible lo que sí pueden cumplir, es el respeto a los derechos políticos y civiles a nivel nacional. Esto propuesta la vamos hacer llegar a la Procuraduría la siguiente semana”, sostuvo.
El 18 de abril, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó que Delgado y Maldonado deben recibir un pago económico por no permitirles postular el 2015 a las elecciones subnacionales.
TITULARES
19 abril 2018
Fallo de la ONU Rebeca Delgado anuncia sanciones contra exvocales
Los siete exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y dos jueces de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pueden ser sancionados por la vía penal o civil, por el dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por efecto de la demanda que presentó Rebeca Delgado.
“Lo que el Estado debe hacer es establecer responsabilidades, quiénes han determinado en ese momento la vulneración de mis derechos, donde están involucrados los siete exvocales, los jueces de la Sala Civil Primera del departamento de La Paz, que tardó más de tres meses en resolver una acción”, explicó Delgado, en conferencia de prensa realizada en Cochabamba .
La circular 071 de diciembre de 2014, que emitió el Tribunal Supremo Electoral, fue firmada por su presidenta Wilma Velasco, no figuran las rubricas del resto de los vocales Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando y Ramiro Paredes.
Esta resolución afectó a Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado y Edwin Tupa, excandidatos a las alcaldías de Cochabamba, Potosí y Montero, respectivamente.
ACCIONES
Ante esto, Maldonado indicó que al ser emitida por la presidencia la responsabilidad es colectiva, porque el resto de los vocales defendieron e intentaron justificar el escrito ante los medios de comunicación.
Además, explicó que otro de los aspectos que deben ser tomados en cuenta es que, por mandato constitucional, los derechos son regulados por ley.
Cuando el TSE se acoge a la opción de restringir derechos civiles y políticos, a través de una circular, están vulnerando la Constitución Política del Estado.
El diputado Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata (UD), explicó que el Estado puede aplicar la acción de repetición contra lo exvocales, es decir que el Estado al ser responsable ante la ONU, puede iniciar acciones judiciales contra las exautoridades.
El parágrafo II del artículo 113, dela Constitución Política del Estado, determina que “En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”.
SENTENCIA
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió dos fallos: los dictámenes del 28 de marzo de 2018, que reconoce que el Estado boliviano violó los derechos políticos y cívicos de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, por lo que debe resarcir económicamente por los perjuicios ocasionados a las dos personas.
La instancia de la ONUI dio 180 días al Estado para informar sobre el cumplimiento de este dictamen.
La inhabilitación constituyó una restricción indebida a sus derechos que están enmarcados en el artículo 25 del Pacto de San José, el cual indica que todos los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas.
NO RESPONDEN
Los exvocales del Órgano Electoral no quisieron referirse al tema. Por su parte, la expresidenta de esa instancia Wilma Velasco señaló de manera textual : “No tengo ningún concomimiento todavía, no puedo hacer ninguna declaración al respecto”. La circular está firmada por ella.
Su colega Ramiro Paredes atribuyó que la responsabilidad es directamente de los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, porque al ser una candidatura regional esta instancia se encarga de emitir resoluciones para la habilitación o no de los candidatos. Sin embargo, el TED cochabambino sólo acató el documento que fue emitido por la sala plena del ente electoral.
CONSECUENCIAS
Este dictamen se suma a otros dos casos que se presentaron anteriormente, el primero fue la admisión de la demanda de la CIDH por el caso terrorismo y, segundo, el pronunciamiento de la Comisión de Venecia en contra de la reelección perpetua.
Ante esto, el diputado Santamaría indicó que estas acciones son una muestra de la conculcación de los derechos humanos de la población y que fue una decisión política para inhabilitar a dos candidatos que tenían el apoyo de sus regiones.
Para el senador Arturo Murillo, de UD, es una advertencia a los actuales vocales del Órgano Electoral, autoridades del Órgano Judicial y fiscales, en sentido de que para el gobierno de Evo Morales sólo son autoridades que tienen que cumplir con sus intereses partidarios, vulnerando las principales normas del país.
“A ustedes los utiliza el Gobierno y después de usarlos, son como el papel higiénico, desechables. El mensaje está claro y lo único que deben hacer es enmarcarse en la Ley y no ser serviles a un poder que se va a caer”, advirtió el legislador.
“Lo que el Estado debe hacer es establecer responsabilidades, quiénes han determinado en ese momento la vulneración de mis derechos, donde están involucrados los siete exvocales, los jueces de la Sala Civil Primera del departamento de La Paz, que tardó más de tres meses en resolver una acción”, explicó Delgado, en conferencia de prensa realizada en Cochabamba .
La circular 071 de diciembre de 2014, que emitió el Tribunal Supremo Electoral, fue firmada por su presidenta Wilma Velasco, no figuran las rubricas del resto de los vocales Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando y Ramiro Paredes.
Esta resolución afectó a Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado y Edwin Tupa, excandidatos a las alcaldías de Cochabamba, Potosí y Montero, respectivamente.
ACCIONES
Ante esto, Maldonado indicó que al ser emitida por la presidencia la responsabilidad es colectiva, porque el resto de los vocales defendieron e intentaron justificar el escrito ante los medios de comunicación.
Además, explicó que otro de los aspectos que deben ser tomados en cuenta es que, por mandato constitucional, los derechos son regulados por ley.
Cuando el TSE se acoge a la opción de restringir derechos civiles y políticos, a través de una circular, están vulnerando la Constitución Política del Estado.
El diputado Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata (UD), explicó que el Estado puede aplicar la acción de repetición contra lo exvocales, es decir que el Estado al ser responsable ante la ONU, puede iniciar acciones judiciales contra las exautoridades.
El parágrafo II del artículo 113, dela Constitución Política del Estado, determina que “En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”.
SENTENCIA
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió dos fallos: los dictámenes del 28 de marzo de 2018, que reconoce que el Estado boliviano violó los derechos políticos y cívicos de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, por lo que debe resarcir económicamente por los perjuicios ocasionados a las dos personas.
La instancia de la ONUI dio 180 días al Estado para informar sobre el cumplimiento de este dictamen.
La inhabilitación constituyó una restricción indebida a sus derechos que están enmarcados en el artículo 25 del Pacto de San José, el cual indica que todos los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas.
NO RESPONDEN
Los exvocales del Órgano Electoral no quisieron referirse al tema. Por su parte, la expresidenta de esa instancia Wilma Velasco señaló de manera textual : “No tengo ningún concomimiento todavía, no puedo hacer ninguna declaración al respecto”. La circular está firmada por ella.
Su colega Ramiro Paredes atribuyó que la responsabilidad es directamente de los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, porque al ser una candidatura regional esta instancia se encarga de emitir resoluciones para la habilitación o no de los candidatos. Sin embargo, el TED cochabambino sólo acató el documento que fue emitido por la sala plena del ente electoral.
CONSECUENCIAS
Este dictamen se suma a otros dos casos que se presentaron anteriormente, el primero fue la admisión de la demanda de la CIDH por el caso terrorismo y, segundo, el pronunciamiento de la Comisión de Venecia en contra de la reelección perpetua.
Ante esto, el diputado Santamaría indicó que estas acciones son una muestra de la conculcación de los derechos humanos de la población y que fue una decisión política para inhabilitar a dos candidatos que tenían el apoyo de sus regiones.
Para el senador Arturo Murillo, de UD, es una advertencia a los actuales vocales del Órgano Electoral, autoridades del Órgano Judicial y fiscales, en sentido de que para el gobierno de Evo Morales sólo son autoridades que tienen que cumplir con sus intereses partidarios, vulnerando las principales normas del país.
“A ustedes los utiliza el Gobierno y después de usarlos, son como el papel higiénico, desechables. El mensaje está claro y lo único que deben hacer es enmarcarse en la Ley y no ser serviles a un poder que se va a caer”, advirtió el legislador.
14 abril 2018
24 octubre 2017
Bolivia firma Convenio Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien 2018-2022
(ABI).- Bolivia firmó hoy el Convenio Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien 2018-2022 que se constituye en el marco estratégico de programación que describe la respuesta colectiva y el compromiso de trabajo de la ONU con las prioridades nacionales de desarrollo de Bolivia.
El documento fue firmado por la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado y por el Coordinador Residente del Sistema de naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, en un acto que se realizó en salones de la Cancillería con la presencia del presidente Evo Morales.
"Es el resultado de un proceso" explicó el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia que informó que en esa tarea participaron servidores públicos de las la gran mayoría de las reparticiones del Estado, representantes de organizaciones sociales, de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresarios y un grupo de población en situación de vulnerabilidad, entre ellos indígenas, afrodescendientes, niños en situación de calle, adultos, personas con discapacidad, para identificar las principales áreas donde la ONU puede ofrecer cooperación complementaria las labores del Estado.
Dijo que el documento representa una demostración de la profunda convicción que existe por parte del pueblo boliviano y del Estado Plurinacional de Bolivia en los principios y valores que promueve la ONU: de protección de los derechos humanos, de la dignidad y el valor de las personas, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social la tolerancia, la paz, la seguridad y la aprobación del progreso económico y social para todos los pueblos.
Precisó que el convenio se centra en cuatro áreas importantes: desarrollo social inclusivo hacia un ser humano integral; desarrollo integral y economía plural; gestión pública y justicia plural, y interculturalidad, descolonización y despatriarcalización.
"Cada una de las áreas, resultados e indicadores de medición responden a los principales desafíos de desarrollo y a las prioridades planteadas por Bolivia según figuran en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 y 2020 y en los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025", refrendó.
Según la ONU, es el marco estratégico de programación que describe la respuesta colectiva y el compromiso de trabajo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) con las prioridades nacionales de desarrollo de Bolivia bajo un enfoque que incorpora tres principios programáticos: derechos humanos y no dejar a nadie atrás; desarrollo sostenible y resiliencia; transversalización del enfoque de género; y dos ejes transversales; voluntariado y, fortalecimiento de bases de datos.
"Bolivia está viviendo una notable transformación en las dinámicas sociales y demográficas con una población más urbanizada, importantes flujos de migración interna y externa, y una mayor proporción de jóvenes en todos los espacios sociales. Hoy, el 67,5% de la población vive en el área urbana y el 32,5% en el área rural, esos cambios plantean retos concretos y a la vez ofrecen oportunidades y ventajas de transformación social y desarrollo", remarca el documento base del Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia 2018-2022.
El documento fue firmado por la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado y por el Coordinador Residente del Sistema de naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, en un acto que se realizó en salones de la Cancillería con la presencia del presidente Evo Morales.
"Es el resultado de un proceso" explicó el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia que informó que en esa tarea participaron servidores públicos de las la gran mayoría de las reparticiones del Estado, representantes de organizaciones sociales, de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresarios y un grupo de población en situación de vulnerabilidad, entre ellos indígenas, afrodescendientes, niños en situación de calle, adultos, personas con discapacidad, para identificar las principales áreas donde la ONU puede ofrecer cooperación complementaria las labores del Estado.
Dijo que el documento representa una demostración de la profunda convicción que existe por parte del pueblo boliviano y del Estado Plurinacional de Bolivia en los principios y valores que promueve la ONU: de protección de los derechos humanos, de la dignidad y el valor de las personas, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social la tolerancia, la paz, la seguridad y la aprobación del progreso económico y social para todos los pueblos.
Precisó que el convenio se centra en cuatro áreas importantes: desarrollo social inclusivo hacia un ser humano integral; desarrollo integral y economía plural; gestión pública y justicia plural, y interculturalidad, descolonización y despatriarcalización.
"Cada una de las áreas, resultados e indicadores de medición responden a los principales desafíos de desarrollo y a las prioridades planteadas por Bolivia según figuran en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 y 2020 y en los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025", refrendó.
Según la ONU, es el marco estratégico de programación que describe la respuesta colectiva y el compromiso de trabajo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) con las prioridades nacionales de desarrollo de Bolivia bajo un enfoque que incorpora tres principios programáticos: derechos humanos y no dejar a nadie atrás; desarrollo sostenible y resiliencia; transversalización del enfoque de género; y dos ejes transversales; voluntariado y, fortalecimiento de bases de datos.
"Bolivia está viviendo una notable transformación en las dinámicas sociales y demográficas con una población más urbanizada, importantes flujos de migración interna y externa, y una mayor proporción de jóvenes en todos los espacios sociales. Hoy, el 67,5% de la población vive en el área urbana y el 32,5% en el área rural, esos cambios plantean retos concretos y a la vez ofrecen oportunidades y ventajas de transformación social y desarrollo", remarca el documento base del Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia 2018-2022.
17 octubre 2017
Bolivia asume la presidencia de la ONU
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presidida por Bolivia, eligió ayer a los 15 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos para el período 2018-2020.
“Bolivia preside la sesión de elección de miembros del Consejo de Derechos Humanos para las gestiones 2018-2020”, informó la misión de Bolivia en la ONU por su cuenta de Twitter.
En la sesión, presidida por el embajador Sacha Llorenti, fueron elegidos los países de Chile, México y Perú, que ocuparán las plazas que dejarán vacantes a final de año Bolivia, El Salvador y Paraguay.
Junto con estos países fueron electos España y Australia, que el 1 de enero reemplazarán a Portugal y Holanda, que terminan sus mandatos en la institución con sede en Ginebra.
El consejo está integrado por 47 países que cumplen mandatos de tres años y cuyos asientos se reparten en grupos regionales. Además de éstos ayer fueron elegidos otros 10: Senegal, Angola, Nigeria, la República Democrática del Congo, Nepal, Catar, Pakistán, Afganistán, Eslovaquia y Ucrania.
El órgano se creó en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, suprimida después de 60 años de trabajos.
22 septiembre 2017
Por un día Bolivia asumió presidencia de Asamblea General de ONU
Sacha Llorenti, embajador de Bolivia.
El embajador de Bolivia, Sacha Llorenti, en representación de Bolivia, ejerció ayer la presidencia de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“#Ahora Bolivia asume ejercicio en la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, según fuentes diplomáticas.
A través de las redes sociales, se informó que Llorenti ejerció la Presidencia, mientras Justin Trudeau brindaba su discurso a la membresía. No se brindó mayores detalles.
Desde el 12 de septiembre Bolivia es vicepresidente de la Asamblea General de la ONU por el periodo de un año.
La semana pasada inició el 72º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU a la cabeza del ministro eslovaco de Relaciones Exteriores, Miroslav Lajcak.
En esta semana, el presidente Evo Morales viajó hasta Nueva York, donde se encuentra la sede de la ONU, para participar de la 72º período de la Asamblea General del organismo internacional, en la oportunidad hizo referencia al litigio que Bolivia tiene en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra Chile por el tema marítimo, manifestó su confianza.
Entre otros temas que abordó fue migración donde reflexionó respecto las políticas que lleva adelante Estados Unidos.
12 septiembre 2017
Bolivia ocupa una de las vicepresidencias en el 72 periodo de sesiones de la ONU
“A partir de hoy y durante todo el 72º periodo de sesiones, Bolivia ocupará una de la vicepresidencias de la Asamblea General de la ONU”, informó este martes el embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Este martes, comenzó el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU que ahora está bajo la presidencia de Miroslav Lajcák, exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, reseña un parte institucional.
El reglamento de la Asamblea fija que para cada periodo de sesiones se elegirá un Presidente y veintiún Vicepresidentes. Ellos asumirán sus funciones únicamente al principio del ese período hasta su clausura.
La delegación boliviana, como es habitual, participará de ese proceso de debates que tiene entre las temáticas principales el desarme nuclear, la cuestión de Palestina, la situación en el Oriente Medio y la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, entre otras temáticas.
Además, está confirmada la presencia en Nueva York, sede del organismo, del presidente Evo Morales, quien se reunirá con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, un día antes de su intervención en ese foro internacional, el 19 de septiembre.
“Una de las reuniones muy importantes que se va a llevar a cabo es con el secretario general de las Naciones Unidas. Para el 19 está proyectada la participación del señor Presidente y ahí estará anunciando temas estratégicos”, anticipó el canciller Fernando Huanacuni. (12/09/2017)
Gobierno expone la ciudadanía universal en las Naciones Unidas
El Gobierno de Bolivia expuso ayer su propuesta de la ciudadanía universal en el trigésimo sexto período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.
La ponencia la realizó la viceministra de Gestión Institucional y Consular, María del Carmen Almendras, quien estuvo acompañada por la embajadora Nardi Suxo y el diplomático y agente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) Eduardo Rodríguez Veltzé.
La ciudadanía universal busca consagrar el derecho de todos y todas a tener y gozar en plenitud de los mismos derechos, para el vivir bien de la humanidad.
Fue incluida en la Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos Por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal, celebrada el 20 y 21 de junio de 2017, en Tiquipaya, Cochabamba.
En su intervención, Almendras destacó algunas de las conclusiones del encuentro, como el rechazo a la criminalización a la migración, así como el derribo de muros físicos, pero también invisibles, como las políticas restrictivas de endurecimiento de la política migratoria, que puede derivar en xenofobia y discriminación.
La funcionaria también destacó los avances que ha tenido el sistema de Naciones Unidas, en el diálogo hacia el ‘Pacto Mundial por la Migración’.
03 julio 2017
Ordenan juicio penal contra Solón y Archondo
El Gobierno, a través del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue y enjuicie por la vía penal para a Pablo Solón, exembajador de Bolivia ante a ONU, y Rafael Archondo, periodista.
De acuerdo al memorial, Archondo presuntamente cometió los delitos de incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones; mientras que a Solón se lo acusan de los ilícitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.
Según la denuncia, que ha sido reactivada ahora por el Ministerio de Justicia y el nuevo viceministro Gonzalo Trigoso, hace seis años, Solón habría designado a Archondo como embajador ante la ONU cuando el dejó el cargo, acto que es privativo del Presidente.
Como prueba de la denuncia, el viceministerio adjunta la carta en la que Solón presenta a Archondo ante las instancias oficiales de Naciones Unidas, en la califica su función como la de "representante permanente alterno".
Por otro lado, la denuncia contra Archondo es que habría figurado como embajador de Bolivia a pesar de no tener un nombramiento para ello.
Las pruebas que se presentan son cartas en las que el periodista firma como representante permanente alterno. En todas ellas se coloca el apelativo "Emb.", que no figura como función, sino como rango.
Cercanos al Gobierno
Solón fue nombrado embajador de Bolivia ante Naciones Unidas en 2009.
Estuvo en esas funciones hasta junio de 2011, mes en el que presentó su renuncia y Archondo, que en ese momento era el segundo a cargo, lo reemplazó como interino.
En septiembre de 2012, 14 meses de que Archondo estuviera a cargo, el actual embajador, Sacha Llorenti, asumió el cargo.
Asuntos legales
En el momento del envío de la nota, Solón seguía siendo el jefe de la misión y no se había planteado su salida.
La carta presentada como prueba no es de designación, sino de presentación del nuevo representante.
La denuncia invoca varios artículos del Código Penal que deberían aplicarse a ambos ex funcionarios que señalan sanciones de uno a cuatro años.
En el caso de Archondo, un artículo del Código Penal establece que quien eerciera funciones públicas sin nombramiento tendría una sanción de trabajo de dos a seis meses.
Los hechos denunciados habrían ocurrido hace seis años, periodo en el cual las autoridades no hicieron mención alguna a los interesados.
01 julio 2017
ONU aprueba resolución de Bolivia sobre minas terrestres
Bolivia dejó ayer la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de un mes de trabajo, con la aprobación unánime de una resolución que exhorta a poner fin de inmediato al uso de minas antipersonas.
“En una histórica sesión, el Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad una resolución sobre minas antipersonas propuesta por Bolivia”, destacó el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter.
La resolución, la primera sobre esta temática, contiene 17 recomendaciones sobre las amenazas de los artefactos explosivos, el cumplimiento de tratados y convenciones relativos a la lucha contra las minas, y las amenazas que representan para los ciudadanos.
El punto quinto del documento señala: “Se exhorta a todos los Estados miembro a que cumplan sus respectivas obligaciones internacionales relativas a la lucha contra las minas”.
En el punto sexto se pide a los Estados y a las entidades pertinentes de las Naciones Unidas que presten asistencia para la remoción de minas terrestres, restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados.
El embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, en contacto con la Red Patria Nueva, dijo que la resolución pretende eliminar el uso de las minas antipersonas, y ser un estímulo para la comunidad internacional con el fin de fortalecer sus esfuerzos en materia de reducción del impacto de las minas y la atención a las víctimas.
Además se solicita al Secretario General que presente al Consejo de Seguridad información sobre las amenazas y medidas para mitigarlas, detalles sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, las misiones políticas especiales y las respuestas humanitarias en zonas donde las minas terrestres, los restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados supongan una amenaza.
Frontera con Chile
En el marco de la Convención de Ottawa (Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción), el Gobierno de Chile se comprometió a retirar la totalidad de los explosivos hasta 2012.
Sin embargo, en abril de 2011, el Gobierno de Chile invocó el artículo 5 de la Convención, que otorga a sus Estados parte el derecho de pedir la extensión del plazo inicial de diez años.
En noviembre de 2016, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que en su país se removieron y destruyeron 146.460 minas, que representan más del 70 por ciento del total sembrado.
No obstante, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló que, según datos de su despacho, Chile retiró solo el 25 por ciento de las minas antipersonas, hasta 2014.
“Ese porcentaje se habría incrementado un poco, pero al ritmo que avanzan creemos que antes de 2020 Chile va a pedir una nueva ampliación de plazo porque no hay movimientos significativos”, indicó.
El 4 de abril, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó al Gobierno de Chile a “despejar todas las minas terrestres” en los próximos años. El pedido también fue dirigido a los Gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú.
Trabajo destacado
“Felicitaciones a la Misión de Bolivia en la ONU y la destacada Presidencia del Consejo de Seguridad del Emb. Llorenti”, escribió el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé en su cuenta de Twitter.
A través de la misma red, el Presidente indicó que la resolución pide a los Estados cumplir con sus obligaciones para que no haya más víctimas (niñas, niños, civiles, trabajadores humanitarios), puesto que las minas son una grave amenaza.
30 junio 2017
Bolivia cierra labor en el Consejo de Seguridad
El Gobierno de Bolivia concluye hoy su gestión al frente de la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La gestión boliviana, que tuvo al frente al embajador permanente en la ONU, Sacha Llorenti, incluyó en su agenda una reunión sobre la diplomacia preventiva y las aguas transfronterizas, sesión que la dirigió el presidente Evo Morales.
Además, el pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con los embajadores de sus 15 países miembros, dirigidos por Bolivia, visitó Haití.
El objetivo de la visita fue revisar la implementación de la Resolución 2350 de 2017, que establece el cierre de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) y la transición a una nueva misión para el Apoyo a la Justicia (Minusjusth).
El 28 de junio, el embajador Sacha Llorenti intervino en el plenario del Consejo de Seguridad para brindar un informe de la labor realizada en el Comité 1540 sobre la acción mundial para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. El diplomático llamó a un trabajo conjunto para alcanzar este objetivo.
El Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos de América. Además, actualmente hay 10 miembros no permanentes: Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajstán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia.
La gestión boliviana, que tuvo al frente al embajador permanente en la ONU, Sacha Llorenti, incluyó en su agenda una reunión sobre la diplomacia preventiva y las aguas transfronterizas, sesión que la dirigió el presidente Evo Morales.
Además, el pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con los embajadores de sus 15 países miembros, dirigidos por Bolivia, visitó Haití.
El objetivo de la visita fue revisar la implementación de la Resolución 2350 de 2017, que establece el cierre de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) y la transición a una nueva misión para el Apoyo a la Justicia (Minusjusth).
El 28 de junio, el embajador Sacha Llorenti intervino en el plenario del Consejo de Seguridad para brindar un informe de la labor realizada en el Comité 1540 sobre la acción mundial para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. El diplomático llamó a un trabajo conjunto para alcanzar este objetivo.
El Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos de América. Además, actualmente hay 10 miembros no permanentes: Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajstán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia.
22 junio 2017
ONU: Llama la atención fallo de justicia de Chile
El representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, dijo que llama poderosamente la atención la decisión que tomó la justicia chilena al declarar culpables y aprobar la expulsión de los siete aduaneros y dos militares bolivianos detenidos en frontera cuando desarrollaban operativos de lucha contra el contrabando.
“Llama poderosamente la atención. Llama la atención de la decisión de la justicia chilena en el caso e invito a todos los abogados de Bolivia y los abogados de Chile a estudiar la decisión de este caso”, sostuvo Racicot.
Racicot invitó a los colegios de abogados de Bolivia y Chile a analizar el caso y realizar una “sana crítica” al proceso para que un suceso de esas características no se vuelva a repetir entre ambos países.
A su juicio, son confusas las circunstancias de la detención de los bolivianos en frontera, porque el producto que se iba a decomisar no podía ser legalizado en ninguno de los dos países.
“Hay que hacer una sana critica para que evitemos en el futuro semejante decisión, desde la perspectiva del derecho penal, del derecho procesal penal, desde la perspectiva de los derechos humanos”, insistió.
El Gobierno de Bolivia denunció a la comunidad internacional, acciones de tortura cometidas por policías de Chile en contra de los nueve bolivianos capturados el 19 de marzo en la frontera.
“Llama poderosamente la atención. Llama la atención de la decisión de la justicia chilena en el caso e invito a todos los abogados de Bolivia y los abogados de Chile a estudiar la decisión de este caso”, sostuvo Racicot.
Racicot invitó a los colegios de abogados de Bolivia y Chile a analizar el caso y realizar una “sana crítica” al proceso para que un suceso de esas características no se vuelva a repetir entre ambos países.
A su juicio, son confusas las circunstancias de la detención de los bolivianos en frontera, porque el producto que se iba a decomisar no podía ser legalizado en ninguno de los dos países.
“Hay que hacer una sana critica para que evitemos en el futuro semejante decisión, desde la perspectiva del derecho penal, del derecho procesal penal, desde la perspectiva de los derechos humanos”, insistió.
El Gobierno de Bolivia denunció a la comunidad internacional, acciones de tortura cometidas por policías de Chile en contra de los nueve bolivianos capturados el 19 de marzo en la frontera.
13 junio 2017
En el Consejo de Seguridad, Bolivia demanda a países cumplir el convenio sobre desminado
Bolivia demandó este martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el cumplimiento del Convenio de Ottawa que fija la destrucción de minas antipersonales y otros explosivos. El compromiso fue asumidos por 162 países, entre ellos Chile.
“Hacemos un llamado a que todos los Estados parte cumplan y sigan cumpliendo con sus compromisos establecidos por el tratado. Es por estos motivos que Bolivia propuso hace un par de semanas un proyecto de negociación”, afirmó el embajador Sacha Llorenti, quien preside por este mes el Consejo.
La resolución planteada por Bolivia, que es miembro no permanente, tiene aceptación en el Consejo que sesiona este martes, aunque resta su aprobación.
“Bolivia cree firmemente que esta resolución, cuando sea adoptada, sentará un precedente positivo reconociendo la amenaza que representan las minas terrestres, los remanentes explosivos de guerra y artefactos explosivos improvisados, y la importancia que tiene la acción contra las minas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional”, sostuvo el diplomático durante su intervención.
El Consejo de Seguridad trata este asunto a sugerencia de Bolivia con la finalidad de sensibilizar a la comunidad internacional sobre esta problemática, informó más temprano el presidente Evo Morales a través de su cuenta de Twitter.
Bolivia demandó en reiteradas oportunidades a Chile cumplir con su compromiso de desminar la zona de frontera común. El Gobierno de Michelle Bachelet comprometió concluir hasta 2020 el desminado de su frontera con países como Bolivia, que en reiteradas oportunidades denunció el incumplimiento chileno a la Convención de Ottawa sobre desminado.
La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal sobre su destrucción de 1997, conocida como la Convención de Otawa, fue adoptada para impulsar la prohibición universal del uso de ese tipo de armas y tiene la meta de declarar al mundo libre de minas antipersonales en 2025. (13/06/2017)
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