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07 agosto 2020
12 junio 2020
20 enero 2020
Critican que ahora MAS rechace patrullajes de Policía y FFAA
El patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, con fines de seguridad ciudadana, no es un hecho inédito en el país; hace ocho años el gobierno del expresidente Evo Morales ordenó que ambas instituciones realicen patrullajes en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, para reducir los índices de inseguridad ciudadana.
Este pasado 16 de enero, el gobierno de Jeanine Añez, a la cabeza de los ministerios de Gobierno y Defensa ordenó que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) realicen operativos de patrullaje conjunto; la decisión fue asumida después que el Movimiento al Socialismo (MAS) advirtiera que la resistencia pacífica en contra del gobierno de transición terminaba este 22 de enero.
La medida ha sido objeto de críticas de los partidarios del MAS, sin embargo, en 2012, el gobierno de Morales también instruyó la salida de efectivos de ambas instituciones para hacer frente a la delincuencia. En ambos casos, el argumento principal ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía, hace ocho años afectados por la delincuencia y ahora, ante las amenazas de movilizaciones que pueden derivar en violencia.
El ministro de Defensa, Fernando López, respecto al operativo dijo que se trata de una acción de prevención, “Estas acciones son simplemente para resguardar, para dar la tranquilidad que se merece el pueblo boliviano, nada más, es un tema de prevención”, argumentó la pasada semana.
Sin embargo, el expresidente Morales desde Buenos Aires, así como otros voceros del MAS calificaron como un “estado de sitio de facto” y un acto de provocación; la medida fue asumida luego que el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, dijera “estamos en un momento de resistencia pacífica contra el fascismo. El 22 de enero, fecha límite, termina de acuerdo a nuestra Constitución, la gestión de gobierno de cinco años, se tomarán algunas medidas”, advirtió.
“Con la militarización de las ciudades más importantes de Bolivia rige un estado de sitio de facto que ha suspendido derechos y garantías constitucionales del pueblo, una prueba más de la dictadura de Añez que gobierna el país”, criticó Morales.
La diputada Sonia Brito (MAS) cargó contra el gobierno señalando “repudiamos una nueva vulneración a los derechos humanos en Bolivia, las tropas militares, tanques y aviones sobrevolando, atemorizando al pueblo. No se dictó estado de sitio, no puede salir el Ejército a reprimir. Este gobierno apela a la fuerza de las armas porque no es legítimo”, afirmó. De otra parte, la diputada Betty Yañiquez (MAS) señaló que solicitará la “desmilitarización”, bajo lo señalado en el art. 10 de la Constitución Política, al ser Bolivia un “país pacifista”.
No obstante, de acuerdo a la información reflejada en la prensa, en marzo de 2012, las autoridades de ese entonces también ordenaron patrullajes combinados debido a los altos índices de inseguridad ciudadana que se presentaban en el país. Luego de los hechos de violencia registrados a consecuencia del conflicto político y social derivado del fraude electoral y la renuncia de Evo Morales, entre octubre y noviembre de 2019, el actual Gobierno habría dispuesto la medida para precautelar posibles acciones similares, instruyendo en pasados días que militares y policías sean desplegados por todas las ciudades.
“Estamos preparados para cualquier tipo de acción, lógicamente en este caso que es contra la delincuencia, la Policía es la que tiene que llevar adelante todos los trabajos y nosotros estamos coadyuvando y colaborando en los patrullajes que iniciamos hoy (viernes)”, afirmó el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, en marzo de 2012.
Ese año, los ministros de Defensa y de Gobierno eran Rubén Saavedra y Carlos Romero, respectivamente. Fueron los responsables de diseñar el plan de trabajo conjunto entre ambas instituciones, toda vez que en la ciudad de Santa Cruz donde se implementó de manera inicial, los resultados fueron “alentadores”.
El país estuvo sumido en fuertes hechos de violencia, fruto de la crisis en 2019, la que estuvo acompañada de enfrentamientos entre civiles, así como de situaciones en las que la Policía se vio rebasada. Varios sectores criticaron, también, el uso excesivo de la fuerza para la represión y aún no se han esclarecido los hechos de muertes y heridas en enfrentamientos con policías y militares en Senkata y Sacaba, como tampoco se han conocido las responsabilidades en la emboscada que sufrió una delegación de mineros y estudiantes, en noviembre, en la carretera que conecta Potosí, Oruro y La Paz.
Una facción del Movimiento al Socialismo desconoce el proceso de transición en el que se encaminó el país hasta la elección de nuevas autoridades: presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales; sin embargo, otra fracción ha viabilizado con el gobierno de Añez este momento político.
El ala radical del partido que gobernó durante más de 13 años y sus organizaciones, como los productores de coca del trópico de Cochabamba, anunciaron movilizaciones supuestamente pacíficas en rechazo a la ampliación de mandato de Añez, lo que ha alertado no sólo a las autoridades, sino a sectores de la población.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insistió que la medida de sacar a efectivos de la institución castrense y policial sólo tiene como objetivo “precautelar la tranquilidad”.
La evaluación del denominado plan de “Operaciones Bolivia Segura” en 2012 fue positiva debido a las atenciones de casos que se realizaron para hacer frente a la delincuencia. Luego de los primeros operativos, acompañaron a los mismos miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el despliegue de las Fuerzas Armadas para ser parte de acciones conjuntas coordinadas por la Policía Boliviana. “(Ambas) deben enmarcar sus intervenciones en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, precautelando los derechos a la vida, integridad, salud y dignidad de la población y considerando que cualquier exceso cometido es pasible de generar responsabilidad penal individual para sus autores y responsabilidad internacional al Estado boliviano”. (ANF)
Este pasado 16 de enero, el gobierno de Jeanine Añez, a la cabeza de los ministerios de Gobierno y Defensa ordenó que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) realicen operativos de patrullaje conjunto; la decisión fue asumida después que el Movimiento al Socialismo (MAS) advirtiera que la resistencia pacífica en contra del gobierno de transición terminaba este 22 de enero.
La medida ha sido objeto de críticas de los partidarios del MAS, sin embargo, en 2012, el gobierno de Morales también instruyó la salida de efectivos de ambas instituciones para hacer frente a la delincuencia. En ambos casos, el argumento principal ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía, hace ocho años afectados por la delincuencia y ahora, ante las amenazas de movilizaciones que pueden derivar en violencia.
El ministro de Defensa, Fernando López, respecto al operativo dijo que se trata de una acción de prevención, “Estas acciones son simplemente para resguardar, para dar la tranquilidad que se merece el pueblo boliviano, nada más, es un tema de prevención”, argumentó la pasada semana.
Sin embargo, el expresidente Morales desde Buenos Aires, así como otros voceros del MAS calificaron como un “estado de sitio de facto” y un acto de provocación; la medida fue asumida luego que el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, dijera “estamos en un momento de resistencia pacífica contra el fascismo. El 22 de enero, fecha límite, termina de acuerdo a nuestra Constitución, la gestión de gobierno de cinco años, se tomarán algunas medidas”, advirtió.
“Con la militarización de las ciudades más importantes de Bolivia rige un estado de sitio de facto que ha suspendido derechos y garantías constitucionales del pueblo, una prueba más de la dictadura de Añez que gobierna el país”, criticó Morales.
La diputada Sonia Brito (MAS) cargó contra el gobierno señalando “repudiamos una nueva vulneración a los derechos humanos en Bolivia, las tropas militares, tanques y aviones sobrevolando, atemorizando al pueblo. No se dictó estado de sitio, no puede salir el Ejército a reprimir. Este gobierno apela a la fuerza de las armas porque no es legítimo”, afirmó. De otra parte, la diputada Betty Yañiquez (MAS) señaló que solicitará la “desmilitarización”, bajo lo señalado en el art. 10 de la Constitución Política, al ser Bolivia un “país pacifista”.
No obstante, de acuerdo a la información reflejada en la prensa, en marzo de 2012, las autoridades de ese entonces también ordenaron patrullajes combinados debido a los altos índices de inseguridad ciudadana que se presentaban en el país. Luego de los hechos de violencia registrados a consecuencia del conflicto político y social derivado del fraude electoral y la renuncia de Evo Morales, entre octubre y noviembre de 2019, el actual Gobierno habría dispuesto la medida para precautelar posibles acciones similares, instruyendo en pasados días que militares y policías sean desplegados por todas las ciudades.
“Estamos preparados para cualquier tipo de acción, lógicamente en este caso que es contra la delincuencia, la Policía es la que tiene que llevar adelante todos los trabajos y nosotros estamos coadyuvando y colaborando en los patrullajes que iniciamos hoy (viernes)”, afirmó el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, en marzo de 2012.
Ese año, los ministros de Defensa y de Gobierno eran Rubén Saavedra y Carlos Romero, respectivamente. Fueron los responsables de diseñar el plan de trabajo conjunto entre ambas instituciones, toda vez que en la ciudad de Santa Cruz donde se implementó de manera inicial, los resultados fueron “alentadores”.
El país estuvo sumido en fuertes hechos de violencia, fruto de la crisis en 2019, la que estuvo acompañada de enfrentamientos entre civiles, así como de situaciones en las que la Policía se vio rebasada. Varios sectores criticaron, también, el uso excesivo de la fuerza para la represión y aún no se han esclarecido los hechos de muertes y heridas en enfrentamientos con policías y militares en Senkata y Sacaba, como tampoco se han conocido las responsabilidades en la emboscada que sufrió una delegación de mineros y estudiantes, en noviembre, en la carretera que conecta Potosí, Oruro y La Paz.
Una facción del Movimiento al Socialismo desconoce el proceso de transición en el que se encaminó el país hasta la elección de nuevas autoridades: presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales; sin embargo, otra fracción ha viabilizado con el gobierno de Añez este momento político.
El ala radical del partido que gobernó durante más de 13 años y sus organizaciones, como los productores de coca del trópico de Cochabamba, anunciaron movilizaciones supuestamente pacíficas en rechazo a la ampliación de mandato de Añez, lo que ha alertado no sólo a las autoridades, sino a sectores de la población.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insistió que la medida de sacar a efectivos de la institución castrense y policial sólo tiene como objetivo “precautelar la tranquilidad”.
La evaluación del denominado plan de “Operaciones Bolivia Segura” en 2012 fue positiva debido a las atenciones de casos que se realizaron para hacer frente a la delincuencia. Luego de los primeros operativos, acompañaron a los mismos miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el despliegue de las Fuerzas Armadas para ser parte de acciones conjuntas coordinadas por la Policía Boliviana. “(Ambas) deben enmarcar sus intervenciones en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, precautelando los derechos a la vida, integridad, salud y dignidad de la población y considerando que cualquier exceso cometido es pasible de generar responsabilidad penal individual para sus autores y responsabilidad internacional al Estado boliviano”. (ANF)
24 agosto 2017
Juan del Granado: FFAA tienen que precisar quiénes eliminaron archivos
Las Fuerzas Armadas (FFAA) anunciaron que coadyuvarán con el trabajo del Comité de la Verdad para informar sobre las investigaciones avanzadas, a partir de la desclasificación de archivos de la época de la dictadura (1971 – 1982) y las acciones realizadas hasta la fecha, sostuvo el exalcalde de La Paz, Juan del Granado.
En su opinión, empero, “tienen que decir, con precisión, quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos. La destrucción de archivos públicos, mucho más si son archivos castrenses, es un delito penal y castrense. Que nos diga entonces quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos y que han hecho las FFAA para sancionar a esos delincuentes”, dijo ayer en conferencia de prensa.
“NO FUERON DESTRUIDOS”
La exautoridad edil tiene la esperanza de que los archivos de la dictadura no fueron destruidos y que se encuentran en sitios que precisamente no son las oficinas públicas del Estado, por lo cual considera que las FFAA son las que deben decir, de cara a los bolivianos, dónde se encuentran aquellos documentos.
En caso que realmente hubiesen sido destruidos, Del Granado señaló que los uniformados deben informar acerca de los responsables y autores de aquel hecho delictuoso y de las sanciones que se aplicó a los culpables.
“Veamos la posibilidad que se haya destruido, el comandante en jefe de las FFAA tiene que decir al país ¿cuándo se destruyeron? ¿Qué archivos se destruyeron? ¿Todos? (…)”, añadió.
ENCUBRIMIENTO
Recordó que, en la época de las dictaduras, las FFAA, en sus mandos superiores, tuvieron una permanente actitud de encubrimiento de lo sucedido en esos años, contrarios a la democracia.
La Comisión de la Verdad, que fue posesionado el lunes por el presidente Evo Morales, Del Granado señaló que es un error descalificar de inicio a quienes conforman aquel equipo; sin embargo, el hecho que el Gobierno haya decido nombrar a gente vinculada con el partido de Gobierno genera desconfianza en la ciudadanía.
Por lo cual, señaló la exautoridad de la ciudad de La Paz, una de las primeras tareas que tiene la Comisión es ganar la confianza, por ende la credibilidad, de la opinión pública, cumpliendo el mandato establecido en la Ley 879 del 23 de diciembre de 2016.
TRES COMPONENTES
“Este mandato tiene tres componentes: El primero es, sin duda, el de la investigación de la verdad, tiene que realizar una rigurosa investigación de todos los gobiernos dictatoriales, desde el 1964 hasta el año 1982”.
El segundo componente es la justicia y su informe final, es decir, la Comisión debe remitir los antecedentes de esa investigación con los indicios que han encontrado sobre delitos al Ministerio Público, instancia que debe llevar adelante los procesos penales respecto a los responsables con vida.
El tercer mandato es la reparación de las víctimas, “un mandato que está insuficientemente cumplido hasta ahora, lo que es peor, es un mandato que no es suficientemente legislado en la propia ley”.
COMPROMISO
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, sostuvo que los miembros de la Comisión de la Verdad son gente comprometida con la democracia y que luchan por la vigencia de los derechos humanos en Bolivia.
“Se trata de gente que tiene toda su vida, prácticamente, comprometida con la democracia, con la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Son personas de una trayectoria impecable, incuestionable”, aseguró del Gonzales a los periodistas.
El Presidente del Senado hizo la declaración acerca de lo señalado por el ex líder político de oposición Juan Del Granado, quien afirmó que dicha Comisión, si bien es legítima, carece de credibilidad porque, en su criterio, algunos de los miembros son afines al partido de Gobierno.
PARA RECORDAR
Los integrantes de la Comisión de la Verdad son: Nila Heredia (exministra de Salud), Isabel Viscarra (activista en derechos humanos y temas culturales), Teodoro Barrientos (fundador de la Csutcb en Chuquisaca y presidente del Tribunal de Ética del MAS), Edgar Ramírez (exdirigente minero) y Eusebio Gironda (exasesor del presidente Evo Morales).
La Comisión tiene la misión de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves a los derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.
En su opinión, empero, “tienen que decir, con precisión, quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos. La destrucción de archivos públicos, mucho más si son archivos castrenses, es un delito penal y castrense. Que nos diga entonces quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos y que han hecho las FFAA para sancionar a esos delincuentes”, dijo ayer en conferencia de prensa.
“NO FUERON DESTRUIDOS”
La exautoridad edil tiene la esperanza de que los archivos de la dictadura no fueron destruidos y que se encuentran en sitios que precisamente no son las oficinas públicas del Estado, por lo cual considera que las FFAA son las que deben decir, de cara a los bolivianos, dónde se encuentran aquellos documentos.
En caso que realmente hubiesen sido destruidos, Del Granado señaló que los uniformados deben informar acerca de los responsables y autores de aquel hecho delictuoso y de las sanciones que se aplicó a los culpables.
“Veamos la posibilidad que se haya destruido, el comandante en jefe de las FFAA tiene que decir al país ¿cuándo se destruyeron? ¿Qué archivos se destruyeron? ¿Todos? (…)”, añadió.
ENCUBRIMIENTO
Recordó que, en la época de las dictaduras, las FFAA, en sus mandos superiores, tuvieron una permanente actitud de encubrimiento de lo sucedido en esos años, contrarios a la democracia.
La Comisión de la Verdad, que fue posesionado el lunes por el presidente Evo Morales, Del Granado señaló que es un error descalificar de inicio a quienes conforman aquel equipo; sin embargo, el hecho que el Gobierno haya decido nombrar a gente vinculada con el partido de Gobierno genera desconfianza en la ciudadanía.
Por lo cual, señaló la exautoridad de la ciudad de La Paz, una de las primeras tareas que tiene la Comisión es ganar la confianza, por ende la credibilidad, de la opinión pública, cumpliendo el mandato establecido en la Ley 879 del 23 de diciembre de 2016.
TRES COMPONENTES
“Este mandato tiene tres componentes: El primero es, sin duda, el de la investigación de la verdad, tiene que realizar una rigurosa investigación de todos los gobiernos dictatoriales, desde el 1964 hasta el año 1982”.
El segundo componente es la justicia y su informe final, es decir, la Comisión debe remitir los antecedentes de esa investigación con los indicios que han encontrado sobre delitos al Ministerio Público, instancia que debe llevar adelante los procesos penales respecto a los responsables con vida.
El tercer mandato es la reparación de las víctimas, “un mandato que está insuficientemente cumplido hasta ahora, lo que es peor, es un mandato que no es suficientemente legislado en la propia ley”.
COMPROMISO
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, sostuvo que los miembros de la Comisión de la Verdad son gente comprometida con la democracia y que luchan por la vigencia de los derechos humanos en Bolivia.
“Se trata de gente que tiene toda su vida, prácticamente, comprometida con la democracia, con la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Son personas de una trayectoria impecable, incuestionable”, aseguró del Gonzales a los periodistas.
El Presidente del Senado hizo la declaración acerca de lo señalado por el ex líder político de oposición Juan Del Granado, quien afirmó que dicha Comisión, si bien es legítima, carece de credibilidad porque, en su criterio, algunos de los miembros son afines al partido de Gobierno.
PARA RECORDAR
Los integrantes de la Comisión de la Verdad son: Nila Heredia (exministra de Salud), Isabel Viscarra (activista en derechos humanos y temas culturales), Teodoro Barrientos (fundador de la Csutcb en Chuquisaca y presidente del Tribunal de Ética del MAS), Edgar Ramírez (exdirigente minero) y Eusebio Gironda (exasesor del presidente Evo Morales).
La Comisión tiene la misión de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves a los derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.
26 abril 2015
Cardona: En Bolivia opera el 'Cártel de las Estrellas'
Por segunda vez, la prestigiosa e influyente revista brasileña "Veja" vuelve a sostener que Bolivia es un narco-estado en el reportaje titulado "Los aviones de la cocaína", escrito por el periodista Duda Texeira.
La publicación entrevistó al coronel boliviano Germán Cardona, quien pidió este semana asilo en España. Ahí Cardona denuncia que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, conformó en el país un "Cártel de las Estrellas" implicado supuestamente en "narcovuelos y tráfico de drogas".
"Dicho cártel está integrado por altos cargos de las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana", indica Cardona a Veja. Dicha organización sería “un apéndice del Cártel de los Soles de Venezuela”, comandado por el jefe de la Asamblea de ese país, Diosdado Cabello, según reveló hace poco un reportaje del diario ABC de España.
El militar informó a Veja que Quintana era el responsable de negociar la cocaína con los brasileños, cuando se desempeñaba como director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).
Remarcó que el actual ministro tenía pistas de aterrizaje clandestinas por las fronteras vigiladas por civiles y militares armados incluidos los venezolanos para el transporte de la droga.
Agrega que los “aviones de la cocaína”, que partían del aeropuerto de Chimoré en el Chapare, serían “un negocio montado entre Evo Morales y Nicolás Maduro”. El militar también incluye al vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl.
"Coronel boliviano confirma el flujo aéreo de drogas, armas y militares entre Bolivia, Venezuela e Irán", sentencia Veja.
Oposición exige investigación. Ante la nuevas revelaciones de Cardona, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado (UD), exigió la renuncia del ministro Quintana, así como una investigación “nacional e internacional” sobre el denominado “Cártel de las Estrellas”.
“Son denuncias gravísimas que ameritan una investigación urgente, y la mejor manera de llevarla a cabo es con Quintana fuera del gobierno”, sentenció Dorado.
Añadió que estas denuncias confirman lo dicho por el exsenador opositor Róger Pinto, revelaciones que provocaron su persecución y exilio al Brasil.
La publicación entrevistó al coronel boliviano Germán Cardona, quien pidió este semana asilo en España. Ahí Cardona denuncia que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, conformó en el país un "Cártel de las Estrellas" implicado supuestamente en "narcovuelos y tráfico de drogas".
"Dicho cártel está integrado por altos cargos de las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana", indica Cardona a Veja. Dicha organización sería “un apéndice del Cártel de los Soles de Venezuela”, comandado por el jefe de la Asamblea de ese país, Diosdado Cabello, según reveló hace poco un reportaje del diario ABC de España.
El militar informó a Veja que Quintana era el responsable de negociar la cocaína con los brasileños, cuando se desempeñaba como director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).
Remarcó que el actual ministro tenía pistas de aterrizaje clandestinas por las fronteras vigiladas por civiles y militares armados incluidos los venezolanos para el transporte de la droga.
Agrega que los “aviones de la cocaína”, que partían del aeropuerto de Chimoré en el Chapare, serían “un negocio montado entre Evo Morales y Nicolás Maduro”. El militar también incluye al vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl.
"Coronel boliviano confirma el flujo aéreo de drogas, armas y militares entre Bolivia, Venezuela e Irán", sentencia Veja.
Oposición exige investigación. Ante la nuevas revelaciones de Cardona, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado (UD), exigió la renuncia del ministro Quintana, así como una investigación “nacional e internacional” sobre el denominado “Cártel de las Estrellas”.
“Son denuncias gravísimas que ameritan una investigación urgente, y la mejor manera de llevarla a cabo es con Quintana fuera del gobierno”, sentenció Dorado.
Añadió que estas denuncias confirman lo dicho por el exsenador opositor Róger Pinto, revelaciones que provocaron su persecución y exilio al Brasil.
23 abril 2015
Informe “ultra secreto” de Cardona alertó sobre presencia de las FARC en el Chapare
Antes de abandonar el país y huir a España, el coronel Germán Rómulo Cardona remitió a las autoridades un informe que él rotuló como "ultrasecreto" y que de acuerdo a El Deber, habría sido remitido a sus peticionarios el 3 de marzo pasado. El reporte de Cardona fue elaborado a requerimiento de las estructuras castrenses que lo interrogaron sobre algunas publicaciones suyas en las redes sociales.
ANF tuvo acceso a dicho informe, presentado a la comandancia del ejército. El documento responde a siete preguntas que le habrían formulado sus superiores a raíz de un proceso disciplinario.
Esas declaraciones se suman a las que reveló Cardona al diario El Deber sobre las armas que sirvieron de prueba en el llamado caso Terrorismo. Según el coronel, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, "una Delegada Presidencial" y el hermano del Vicepresidente del Estado habrían recogido un lote de armas de la Octava División que después habrían sido utilizadas en abril de 2009 como pruebas para incriminar a la célula dirigida por Eduardo Rózsa, desmantelada por la fuerza en el hotel "Las Américas". Los ministros de Gobierno y Defensa desacreditaron las denuncias de Cardona, expresando dudas acerca de su salud mental. El informe al que tuvo acceso ANF contiene afirmaciones de gravedad, aunque nos e aportan pruebas para sustentarlas.
Lazos del narcotráfico y el gobierno
Según Cardona, sus alumnos de la universidad que viven en localidades como Yapacaní le informaron de que en esa zona del Chapare desde hace siete años, se han organizado sindicatos de fabricantes de cocaína "que en una buena proporción están liderizados por colombianos que en su país pertenecían a las FARC y grupos paramilitares”, cita textualmente en su informe. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un grupo guerrillero colombiano vigente desde hace medio siglo.
Estos grupos estarían directamente relacionados con altos mandos del gobierno, según Cardona. El coronel hace referencia a una pista clandestina incautada en 1999 al narcotraficante conocido como Rey Salomón y que en este momento estaría siendo utilizada por el Ministro Quintana para exportar vía aérea cocaína hacia Brasil, Argentina y Paraguay. "Esta no es la única pista clandestina que opera este político, sino otras a lo largo de la Chiquitanía con apoyo de grupos fuertemente armados”.
Cardona reveló además que sus fuentes le informaron que Perú es una entrada habitual de la cocaína en el país por vías aérea, terrestre y fluvial con destino al aeropuerto de Chimoré para ser transportada a Venezuela y a otros países como Rusia, Irán, Libia, y ser introducida a EEUU, México, Europa, Asia, África, etc.
Financiamiento al partido español Podemos
Además, en virtud de la versión del informe, desde hace seis años los gobiernos de Venezuela y Bolivia estarían financiando la creación y consolidación del partido político español Podemos. Los fondos habrían llegado a España a través de una entidad ficticia denominada Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y en cuyo consejo ejecutivo figuran principales dirigentes de Podemos (Iglesias, Errejón, Alegre y Monedero).
Según la hipótesis de Cardona, que no aporta ninguna prueba al respecto, se trata de que "una vez este partido conquiste el gobierno, España sea la puerta de entrada de cocaína a Europa, que será enviada desde Bolivia por medio de Venezuela en aviones oficiales y militares para distribuirla por el continente sin usar Irán, Rusia, Libia y otros, como ahora lo es Grecia”.
Creación de la Guardia Plurinacional Popular
La versión de Cardona también apunta a la gestación en el Chapare de la Guardia Plurinacional Popular, una organización conformada supuestamente por "cocaleros, bartolinas, ponchos rojos, pueblos originarios", sindicatos afines y otros movimientos sociales, que estaría armándose con provisiones enviadas desde Irán, Rusia y China a través de Venezuela. "Este armamento está siendo introducido y almacenado al interior del Chapare para cuando llegue el momento de ser distribuido entre mandos y unidades”.
Según el coronel, en este momento hay asesores venezolanos y cubanos diseñando un proyecto de ley para insertar esta fuerza armada en la Constitución Política del Estado, que comenzaría a operar desde ese momento primero en el Chapare y después como brazo operativo del gobierno.
Denominación de ultra secreto
El informe "ultra secreto” del Coronel Cardona, al que ha tenido acceso ANF, habría sido catalogado como tal por él mismo. Según el experto en tecnología militar, Samuel Montaño, esta terminología no existe de manera oficial en el ejército boliviano.
Según Montaño, los medios de comunicación están contribuyendo a magnificar un asunto que no tiene mucho sentido y se ha mostrado escéptico ante la versión de Cardona. "No me la creo, ha hecho muchas declaraciones ilógicas”. Montaño no ha descartado la posibilidad de que el coronel pueda padecer un problema mental, y ha citado como una versión probable la frustración por sus aspiraciones a ser Comandante de la Octava División que nunca se vieron materializadas.
ANF tuvo acceso a dicho informe, presentado a la comandancia del ejército. El documento responde a siete preguntas que le habrían formulado sus superiores a raíz de un proceso disciplinario.
Esas declaraciones se suman a las que reveló Cardona al diario El Deber sobre las armas que sirvieron de prueba en el llamado caso Terrorismo. Según el coronel, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, "una Delegada Presidencial" y el hermano del Vicepresidente del Estado habrían recogido un lote de armas de la Octava División que después habrían sido utilizadas en abril de 2009 como pruebas para incriminar a la célula dirigida por Eduardo Rózsa, desmantelada por la fuerza en el hotel "Las Américas". Los ministros de Gobierno y Defensa desacreditaron las denuncias de Cardona, expresando dudas acerca de su salud mental. El informe al que tuvo acceso ANF contiene afirmaciones de gravedad, aunque nos e aportan pruebas para sustentarlas.
Lazos del narcotráfico y el gobierno
Según Cardona, sus alumnos de la universidad que viven en localidades como Yapacaní le informaron de que en esa zona del Chapare desde hace siete años, se han organizado sindicatos de fabricantes de cocaína "que en una buena proporción están liderizados por colombianos que en su país pertenecían a las FARC y grupos paramilitares”, cita textualmente en su informe. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un grupo guerrillero colombiano vigente desde hace medio siglo.
Estos grupos estarían directamente relacionados con altos mandos del gobierno, según Cardona. El coronel hace referencia a una pista clandestina incautada en 1999 al narcotraficante conocido como Rey Salomón y que en este momento estaría siendo utilizada por el Ministro Quintana para exportar vía aérea cocaína hacia Brasil, Argentina y Paraguay. "Esta no es la única pista clandestina que opera este político, sino otras a lo largo de la Chiquitanía con apoyo de grupos fuertemente armados”.
Cardona reveló además que sus fuentes le informaron que Perú es una entrada habitual de la cocaína en el país por vías aérea, terrestre y fluvial con destino al aeropuerto de Chimoré para ser transportada a Venezuela y a otros países como Rusia, Irán, Libia, y ser introducida a EEUU, México, Europa, Asia, África, etc.
Financiamiento al partido español Podemos
Además, en virtud de la versión del informe, desde hace seis años los gobiernos de Venezuela y Bolivia estarían financiando la creación y consolidación del partido político español Podemos. Los fondos habrían llegado a España a través de una entidad ficticia denominada Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y en cuyo consejo ejecutivo figuran principales dirigentes de Podemos (Iglesias, Errejón, Alegre y Monedero).
Según la hipótesis de Cardona, que no aporta ninguna prueba al respecto, se trata de que "una vez este partido conquiste el gobierno, España sea la puerta de entrada de cocaína a Europa, que será enviada desde Bolivia por medio de Venezuela en aviones oficiales y militares para distribuirla por el continente sin usar Irán, Rusia, Libia y otros, como ahora lo es Grecia”.
Creación de la Guardia Plurinacional Popular
La versión de Cardona también apunta a la gestación en el Chapare de la Guardia Plurinacional Popular, una organización conformada supuestamente por "cocaleros, bartolinas, ponchos rojos, pueblos originarios", sindicatos afines y otros movimientos sociales, que estaría armándose con provisiones enviadas desde Irán, Rusia y China a través de Venezuela. "Este armamento está siendo introducido y almacenado al interior del Chapare para cuando llegue el momento de ser distribuido entre mandos y unidades”.
Según el coronel, en este momento hay asesores venezolanos y cubanos diseñando un proyecto de ley para insertar esta fuerza armada en la Constitución Política del Estado, que comenzaría a operar desde ese momento primero en el Chapare y después como brazo operativo del gobierno.
Denominación de ultra secreto
El informe "ultra secreto” del Coronel Cardona, al que ha tenido acceso ANF, habría sido catalogado como tal por él mismo. Según el experto en tecnología militar, Samuel Montaño, esta terminología no existe de manera oficial en el ejército boliviano.
Según Montaño, los medios de comunicación están contribuyendo a magnificar un asunto que no tiene mucho sentido y se ha mostrado escéptico ante la versión de Cardona. "No me la creo, ha hecho muchas declaraciones ilógicas”. Montaño no ha descartado la posibilidad de que el coronel pueda padecer un problema mental, y ha citado como una versión probable la frustración por sus aspiraciones a ser Comandante de la Octava División que nunca se vieron materializadas.
22 abril 2015
EL GOBIERNO NIEGA PERSECUCIÓN A UN OFICIAL DEL EJÉRCITO
El ministro de Gobierno Hugo Moldiz negó, ayer, que haya una pesecusión política en contra del coronel de Ejército Germán Cardona López, que el lunes viajó a España para solicitar refugió
Cardona López reveló el lunes que las armas que presentó el Gobierno para sustentar sus acusaciones en el caso Rózsa fueron presuntamente retiradas de la Octava División de Ejército.
El militar dijo en Santa Cruz que entregó un informe clasificado de “ultra secreto” en el que implica a dos ministros de Estado, un Viceministro y una autoridad de primer nivel de la Asamblea Legislativa.
El oficial reveló, también, que esas armas eran pruebas de diferentes procesos judiciales por tráfico de armas y narcotráfico.
Este hecho que fue calificado como de “locura política” por el ministro de Gobierno, dijo que lo único que busca es volver a paralizar el proceso separatista que se gestó en Santa Cruz y que involucra a autoridades judiciales.
"Hay personas con una gran imaginación pero por detrás esconden una agenda política, todo lo que dice este señor es absolutamente falso. Tendría que aportar pruebas de que ha sido objeto de una persecución política".
Cuatro demandas. Moldiz afirmó que antes de salir del país, Cardona López presentó cuatro demandas en menos de dos días ante la justicia contra militares, exautoridades, incluido el propio ministro Moldiz, pero que no puede, ahora, sustentar porque se autoexilió bajo el argumento de que es un perseguido político.
“Él considera ser víctima de persecución política por haber dejado un informe 'ultra secreto' al Comando General del Ejército, donde indica que se retiró armamento de la Octava División por personas vinculadas al Gobierno, que se mostró en 2009. ¿Por qué no se quedó en el país para seguir aportando más evidencia?”. Se preguntó.
Hugo Moldiz calificó estas denuncias de "dardos" que se lanzan en demostración de que se trata de reaccionar de una manera desesperada ante el avance del juicio, que ya tiene cuatro sentenciados.
El caso Rózsa se investiga desde abril de 2009, después de que la Policía desarticuló un grupo irregular en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que era dirigido por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Eduardo Rózsa dirigía una agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar acciones separatistas destinadas a desestabilizar al Gobierno del presidente Evo Morales, que se inició con un atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz.
Cardona López reveló el lunes que las armas que presentó el Gobierno para sustentar sus acusaciones en el caso Rózsa fueron presuntamente retiradas de la Octava División de Ejército.
El militar dijo en Santa Cruz que entregó un informe clasificado de “ultra secreto” en el que implica a dos ministros de Estado, un Viceministro y una autoridad de primer nivel de la Asamblea Legislativa.
El oficial reveló, también, que esas armas eran pruebas de diferentes procesos judiciales por tráfico de armas y narcotráfico.
Este hecho que fue calificado como de “locura política” por el ministro de Gobierno, dijo que lo único que busca es volver a paralizar el proceso separatista que se gestó en Santa Cruz y que involucra a autoridades judiciales.
"Hay personas con una gran imaginación pero por detrás esconden una agenda política, todo lo que dice este señor es absolutamente falso. Tendría que aportar pruebas de que ha sido objeto de una persecución política".
Cuatro demandas. Moldiz afirmó que antes de salir del país, Cardona López presentó cuatro demandas en menos de dos días ante la justicia contra militares, exautoridades, incluido el propio ministro Moldiz, pero que no puede, ahora, sustentar porque se autoexilió bajo el argumento de que es un perseguido político.
“Él considera ser víctima de persecución política por haber dejado un informe 'ultra secreto' al Comando General del Ejército, donde indica que se retiró armamento de la Octava División por personas vinculadas al Gobierno, que se mostró en 2009. ¿Por qué no se quedó en el país para seguir aportando más evidencia?”. Se preguntó.
Hugo Moldiz calificó estas denuncias de "dardos" que se lanzan en demostración de que se trata de reaccionar de una manera desesperada ante el avance del juicio, que ya tiene cuatro sentenciados.
El caso Rózsa se investiga desde abril de 2009, después de que la Policía desarticuló un grupo irregular en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que era dirigido por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Eduardo Rózsa dirigía una agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar acciones separatistas destinadas a desestabilizar al Gobierno del presidente Evo Morales, que se inició con un atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz.
21 abril 2015
Coronel del Ejército viaja a España para pedir asilo político
El coronel de Ejército Germán Cardona viajó el pasado domingo a España para pedir asilo político, al considerar que es perseguido por el Gobierno boliviano tras revelar un presunto montaje por parte del Ejecutivo en el polémico "caso terrorismo".
"Estoy libre en España, empezaré a tramitar mi refugio, mi familia es el único dolor", dice el militar en unas declaraciones publicadas hoy por el diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz.
Antes de partir, Cardona declaró a ese medio que la razón de su huida es la supuesta persecución que sufre por haber elaborado en febrero pasado lo que él califica de informe interno "ultrasecreto" sobre el llamado "caso terrorismo".
En abril de 2009, las autoridades bolivianas desmantelaron un grupo en la ciudad de Santa Cruz que, según el Gobierno, planeba acciones terroristas y la organización de milicias para apoyar la eventual secesión de esa región, planes supuestamente financiados por líderes autonomistas cruceños enfrentados al Ejecutivo.
Según Cardona, en su informe confidencial para el comando del Ejército plasmó "hechos de corrupción y narcotráfico que comprometen al Gobierno" y denunció el uso de armas custodiadas por los propios militares como pruebas en el caso llamado "terrorismo" por parte del Gobierno.
El 9 de marzo del 2009, refirió Cardona, el comandante de la Octava División del Ejército, con base en Santa Cruz, habría entregado a funcionarios del Gobierno armas decomisadas en casos penales.
Esas armas, siempre según el informe del militar, fueron presentadas el 16 de abril de ese año como pertenecientes al supuesto grupo terrorista, del que formaban parte varios ciudadanos europeos.
"El 16 de abril en el famoso 'caso terrorismo' cuando presentan las pruebas y exponen las armas me sorprende ver que eran las armas que justamente yo, en su momento, había recibido en calidad de custodia y que estaban en la Octava División", señaló Cardona.
"Lo que me motiva ahora a decir la verdad y de una vez por todas sacar a la luz esto es que el pueblo de Bolivia y el mundo entero sepan que el 'caso terrorismo' nunca fue como se muestra en el proceso que siguen a esa pobre gente. Fue un caso armado con las pruebas que el mismo comandante entregó el 2009", agregó.
Ese mismo 16 de abril de 2009, en una operación policial realizada en un hotel de Santa Cruz, murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.
Al asalto policial sobrevivieron el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, condenados en febrero pasado a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.
Tadic y Tóásó se acogieron a un proceso abreviado en la Justicia boliviana tras admitir su culpa y llegaron a un acuerdo con los fiscales para lograr condenas mínimas que ya cumplieron durante su detención preventiva, por lo que ahora se encuentran en libertad.
La oposición política boliviana ya había denunciado que la operación fue orquestada por el propio Gobierno de Evo Morales para perseguir políticamente a sus opositores cruceños.
Cardona dijo que a raíz de sus denuncias el Ejército aprobó una resolución para darlo de baja, una decisión que ha sido recurrida.
El militar es la segunda persona que huye a otro país y solicita refugio en relación con el "caso terrorismo".
En marzo del 2014, el exfiscal boliviano Marcelo Soza, que ejerció la acusación pública en el caso, escapó a Brasil y solicitó refugio en ese país tras ser incriminado en supuestos actos de corrupción, a la vez que la Fiscalía le abrió un proceso por incumplimiento de deberes.
"Estoy libre en España, empezaré a tramitar mi refugio, mi familia es el único dolor", dice el militar en unas declaraciones publicadas hoy por el diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz.
Antes de partir, Cardona declaró a ese medio que la razón de su huida es la supuesta persecución que sufre por haber elaborado en febrero pasado lo que él califica de informe interno "ultrasecreto" sobre el llamado "caso terrorismo".
En abril de 2009, las autoridades bolivianas desmantelaron un grupo en la ciudad de Santa Cruz que, según el Gobierno, planeba acciones terroristas y la organización de milicias para apoyar la eventual secesión de esa región, planes supuestamente financiados por líderes autonomistas cruceños enfrentados al Ejecutivo.
Según Cardona, en su informe confidencial para el comando del Ejército plasmó "hechos de corrupción y narcotráfico que comprometen al Gobierno" y denunció el uso de armas custodiadas por los propios militares como pruebas en el caso llamado "terrorismo" por parte del Gobierno.
El 9 de marzo del 2009, refirió Cardona, el comandante de la Octava División del Ejército, con base en Santa Cruz, habría entregado a funcionarios del Gobierno armas decomisadas en casos penales.
Esas armas, siempre según el informe del militar, fueron presentadas el 16 de abril de ese año como pertenecientes al supuesto grupo terrorista, del que formaban parte varios ciudadanos europeos.
"El 16 de abril en el famoso 'caso terrorismo' cuando presentan las pruebas y exponen las armas me sorprende ver que eran las armas que justamente yo, en su momento, había recibido en calidad de custodia y que estaban en la Octava División", señaló Cardona.
"Lo que me motiva ahora a decir la verdad y de una vez por todas sacar a la luz esto es que el pueblo de Bolivia y el mundo entero sepan que el 'caso terrorismo' nunca fue como se muestra en el proceso que siguen a esa pobre gente. Fue un caso armado con las pruebas que el mismo comandante entregó el 2009", agregó.
Ese mismo 16 de abril de 2009, en una operación policial realizada en un hotel de Santa Cruz, murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.
Al asalto policial sobrevivieron el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, condenados en febrero pasado a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.
Tadic y Tóásó se acogieron a un proceso abreviado en la Justicia boliviana tras admitir su culpa y llegaron a un acuerdo con los fiscales para lograr condenas mínimas que ya cumplieron durante su detención preventiva, por lo que ahora se encuentran en libertad.
La oposición política boliviana ya había denunciado que la operación fue orquestada por el propio Gobierno de Evo Morales para perseguir políticamente a sus opositores cruceños.
Cardona dijo que a raíz de sus denuncias el Ejército aprobó una resolución para darlo de baja, una decisión que ha sido recurrida.
El militar es la segunda persona que huye a otro país y solicita refugio en relación con el "caso terrorismo".
En marzo del 2014, el exfiscal boliviano Marcelo Soza, que ejerció la acusación pública en el caso, escapó a Brasil y solicitó refugio en ese país tras ser incriminado en supuestos actos de corrupción, a la vez que la Fiscalía le abrió un proceso por incumplimiento de deberes.
06 mayo 2014
Alto Mando Militar ignoró adecuación de normativas a la CPE desde 2009
Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas ignoró durante 5 años la adecuación de sus normas a la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en febrero de 2009 y la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Tuvieron que esperar que los suboficiales y sargentos alerten del tema el 2012, posteriormente nacen las movilizaciones que hasta el momento siguen en pie.
La nueva Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009 y desde esa fecha debieron las Fuerzas Armadas adecuar sus normas de “Descolonización” y recién ahora y gracias a los suboficiales y sargentos sentaron una mesa de trabajo de su conducto “natural”, no quienes reclaman y se movilizaron durante más de un mes junto a sus esposas, familiares, Ponchos Rojos y otros sectores.
Uno de los suboficiales, Erick Magne Chinches, ratifica esta versión al anunciar que las denuncias sobre discriminación al interior de las Fuerzas Armadas llegaron hasta el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, el 26 de diciembre de 2012, sin que hasta el momento se haya realizado nada en concreto.
Agregó que el viceministro Cárdenas en respuesta les dijo: “Todavía no se inició la descolonización en las Fuerzas Armadas”. El 2012, el funcionario comprometió seminarios para iniciar la descolonización, pero “hasta ahora no empezó”, según una declaración a Erbol.
Los movilizados sostienen que sus reclamos “están argumentados en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado, que efectivamente estipula la igualdad de derechos, no refiere a grados, sueldos, sino al trato digno que deben tener los uniformados en sus unidades, pero también al beneficio de los servicios”. Refieren también que las normas deben adecuarse a la Ley 045, dirigido a la eliminación del racismo y discriminación.
Magne cuestionó que en dos años de constantes peticiones solo sirvió para que los documentos “vayan a los escritorios y se queden ahí, estancadas las solicitudes y no se dé curso”.
DESDE EL 2012
Por su lado y en la misma entrevista, el suboficial Franklin Colque Laime manifestó: “Se hizo bastantes proyectos y pedidos, por ejemplo hay un proyecto del 2012 que indica que nosotros queremos mejorar nuestras condiciones, se habla de un proyecto de nivelación salarial, también se expone la discriminación en las Fuerzas Armadas mediante conducto regular. Entonces ese conducto regular lo único que ha servido es para filtrar y obstaculizar un pedido o un reclamo que atente contra los suboficiales y sargentos”.
MESAS DE TRABAJO
El suboficial Wilson Jerez, ayer en conferencia de prensa, explicó sobre el conflicto en una de las mesas de retiro obligatorio, la cual preside el General Rojas, continúa analizando el retiro de los suboficiales y sargentos además de la reapertura de los institutos militares de las tres fuerzas.
Mientras que la segunda mesa está a la cabeza del general Remberto Durán, inspector del Comando en Jefe, que trabaja en la redacción de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), junto con la propuesta presentada por suboficiales y sargentos, pero del mando “natural” y no con los uniformados movilizados y esposas que alertaron de la no adecuación de las normas militares a la nueva CPE, confirmado que el Alto Mando Militar ignoró completamente esa adecuación durante 5 años.
Jerez puntualizó que ambas mesas trabajan desde hace tres días, teniendo un avance de un 70%, estimándose que esta semana se hará conocer los resultados de las conclusiones, que las mismas deben estar apoyadas a la CPE y la Ley 045, reclamo que realizan los uniformados movilizados y las esposas.
Como bien se conoce desde hace más de un mes, cientos de suboficiales y sargentos de diferentes departamentos se movilizaron en la ciudad de La Paz, pidiendo eliminar la discriminación en las FFAA, además de pedir la igualdad de oportunidades, puesto que denunciaron estar prohibidos de acceder a estudios, salud y otros servicios que son de privilegio de grados superiores.
La nueva Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009 y desde esa fecha debieron las Fuerzas Armadas adecuar sus normas de “Descolonización” y recién ahora y gracias a los suboficiales y sargentos sentaron una mesa de trabajo de su conducto “natural”, no quienes reclaman y se movilizaron durante más de un mes junto a sus esposas, familiares, Ponchos Rojos y otros sectores.
Uno de los suboficiales, Erick Magne Chinches, ratifica esta versión al anunciar que las denuncias sobre discriminación al interior de las Fuerzas Armadas llegaron hasta el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, el 26 de diciembre de 2012, sin que hasta el momento se haya realizado nada en concreto.
Agregó que el viceministro Cárdenas en respuesta les dijo: “Todavía no se inició la descolonización en las Fuerzas Armadas”. El 2012, el funcionario comprometió seminarios para iniciar la descolonización, pero “hasta ahora no empezó”, según una declaración a Erbol.
Los movilizados sostienen que sus reclamos “están argumentados en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado, que efectivamente estipula la igualdad de derechos, no refiere a grados, sueldos, sino al trato digno que deben tener los uniformados en sus unidades, pero también al beneficio de los servicios”. Refieren también que las normas deben adecuarse a la Ley 045, dirigido a la eliminación del racismo y discriminación.
Magne cuestionó que en dos años de constantes peticiones solo sirvió para que los documentos “vayan a los escritorios y se queden ahí, estancadas las solicitudes y no se dé curso”.
DESDE EL 2012
Por su lado y en la misma entrevista, el suboficial Franklin Colque Laime manifestó: “Se hizo bastantes proyectos y pedidos, por ejemplo hay un proyecto del 2012 que indica que nosotros queremos mejorar nuestras condiciones, se habla de un proyecto de nivelación salarial, también se expone la discriminación en las Fuerzas Armadas mediante conducto regular. Entonces ese conducto regular lo único que ha servido es para filtrar y obstaculizar un pedido o un reclamo que atente contra los suboficiales y sargentos”.
MESAS DE TRABAJO
El suboficial Wilson Jerez, ayer en conferencia de prensa, explicó sobre el conflicto en una de las mesas de retiro obligatorio, la cual preside el General Rojas, continúa analizando el retiro de los suboficiales y sargentos además de la reapertura de los institutos militares de las tres fuerzas.
Mientras que la segunda mesa está a la cabeza del general Remberto Durán, inspector del Comando en Jefe, que trabaja en la redacción de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), junto con la propuesta presentada por suboficiales y sargentos, pero del mando “natural” y no con los uniformados movilizados y esposas que alertaron de la no adecuación de las normas militares a la nueva CPE, confirmado que el Alto Mando Militar ignoró completamente esa adecuación durante 5 años.
Jerez puntualizó que ambas mesas trabajan desde hace tres días, teniendo un avance de un 70%, estimándose que esta semana se hará conocer los resultados de las conclusiones, que las mismas deben estar apoyadas a la CPE y la Ley 045, reclamo que realizan los uniformados movilizados y las esposas.
Como bien se conoce desde hace más de un mes, cientos de suboficiales y sargentos de diferentes departamentos se movilizaron en la ciudad de La Paz, pidiendo eliminar la discriminación en las FFAA, además de pedir la igualdad de oportunidades, puesto que denunciaron estar prohibidos de acceder a estudios, salud y otros servicios que son de privilegio de grados superiores.
05 mayo 2014
FFAA reintegrarán a 660 suboficiales retirados por manifestarse
Las Fuerzas Armadas (FFAA) incrementarán esta semana a 660 el número de suboficiales y sargentos que se reintegrarán a la entidad, de los 715 retirados por protagonizar manifestaciones callejeras para pedir reformas internas, informaron hoy fuentes oficiales.
El comandante en jefe de las FFAA, almirante Víctor Baldivieso, dijo a los medios que ese es el número de los militares de baja graduación que serán reincorporados después de que estos pidieran su reincorporación a los tribunales de las diferentes armas.
"Las resoluciones dejan sin efecto el retiro obligatorio llegarán al menos a 660", dijo Baldivieso a la agencia estatal ABI.
Hasta el viernes pasado, los militares readmitidos sumaron 430.
Los suboficiales y sargentos había sido despedidos hace dos semanas bajo los cargos de "sedición, motín, desacato, realizar acción política y atentar contra la dignidad y honor" de las FFAA, tras protagonizar manifestaciones en las calles de varias ciudades.
Los uniformados de baja graduación reclamaron un mejor trato en la entidad y denunciaron que son objeto de discriminación y racismo en el seguro médico, los alimentos, las viviendas y la educación que reciben en las Fuerzas Armadas, entidad que negó las acusaciones.
Una de las peticiones de los movilizados es que se cambie la designación de suboficiales por la de oficiales técnicos porque consideran que el primer término provoca actos discriminatorios.
Baldivieso dijo hoy que prácticamente un 99 por ciento de los que hacían las protestas se han reincorporado a sus puestos en las unidades militares, y que en paralelo avanzan las conversaciones con ese sector para reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
"Ya no habría motivos, ni razón, para que sigan marchando", dijo el comandante en jefe, que también desmintió denuncias del sector en sentido de que se producirán nuevos despidos en la entidad.
El comandante en jefe de las FFAA, almirante Víctor Baldivieso, dijo a los medios que ese es el número de los militares de baja graduación que serán reincorporados después de que estos pidieran su reincorporación a los tribunales de las diferentes armas.
"Las resoluciones dejan sin efecto el retiro obligatorio llegarán al menos a 660", dijo Baldivieso a la agencia estatal ABI.
Hasta el viernes pasado, los militares readmitidos sumaron 430.
Los suboficiales y sargentos había sido despedidos hace dos semanas bajo los cargos de "sedición, motín, desacato, realizar acción política y atentar contra la dignidad y honor" de las FFAA, tras protagonizar manifestaciones en las calles de varias ciudades.
Los uniformados de baja graduación reclamaron un mejor trato en la entidad y denunciaron que son objeto de discriminación y racismo en el seguro médico, los alimentos, las viviendas y la educación que reciben en las Fuerzas Armadas, entidad que negó las acusaciones.
Una de las peticiones de los movilizados es que se cambie la designación de suboficiales por la de oficiales técnicos porque consideran que el primer término provoca actos discriminatorios.
Baldivieso dijo hoy que prácticamente un 99 por ciento de los que hacían las protestas se han reincorporado a sus puestos en las unidades militares, y que en paralelo avanzan las conversaciones con ese sector para reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
"Ya no habría motivos, ni razón, para que sigan marchando", dijo el comandante en jefe, que también desmintió denuncias del sector en sentido de que se producirán nuevos despidos en la entidad.
04 mayo 2014
Militares y dirigentes son mayoría en las embajadas
Militares jubilados, exfuncionarios de Gobierno, políticos y dirigentes de grupos afines al MAS, ocupan la mayoría de las embajadas bolivianas en 35 países, según el portal de la Cancillería de Bolivia. De la academia diplomática que formaba profesionales en esta área, solo quedan tres embajadores en el exterior.
Movimientos afines al Gobierno, como los cooperativistas mineros y las mujeres campesinas, tienen el 5% de participación en esta nueva composición diplomática que es defendida por el Senado, que se encarga de las designaciones. Un exmilitar representa al país en China al igual que en Argentina y Panamá, mientras que otro exgeneral es agregado de negocios en EEUU.
La presidenta de la comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), afirmó que las designaciones no se rigen por los parámetros que se usaban en el “periodo neoliberal” y que la experiencia profesional en el Estado Plurinacional forma al futuro diplomático.
“Y quienes representan esa mirada son los mejores embajadores; eso puede venir de una experiencia política amplia, puede venir de la mano de una amplia experiencia en el ámbito diplomático, de la mano de hombres y mujeres que sean capaces de transmitir al resto del mundo esta construcción del nuevo Estado. No son los parámetros de la vieja democracia pactada lo que definen a un embajador”, justificó.
Su homóloga en la Cámara de Diputados, Betty Tejada (MAS), aseguró que la cesación en funciones públicas o la conclusión de una carrera militar no puede privar del derecho a representar al país si hay capacidad demostrada durante su carrera. “No podemos matar civilmente a las personas ni suponer que un militar sea inadecuado por ser militar. En el tema de personas que han ocupado espacios políticos creo que también tuvieron la capacidad de conducir una repartición del Estado”, argumentó. Al respecto, la que fuera candidata masista al municipio paceño, Elizabeth Salguero, es diplomática en Alemania y se fue meses después de ser derrotada en las urnas. Otro ejemplo es la nueva cónsul en Estados Unidos, Jessica Jordan, que candidateó a la Gobernación de Beni y perdió.
El vocal del Comité de Relaciones Económicas Internacionales del Senado, Bernard Gutiérrez (CN), dijo que las designaciones de embajadores tienen un claro tinte de premiación a exmilitares, exfuncionarios y grupos que apoyan al Gobierno, y dijo que en las votaciones que se realizan en la Cámara Alta el bando opositor se acoge al voto en blanco.
Mayor participación
Pero de los grupos afines al MAS no todos saludan las designaciones. El ejecutivo de los colonizadores, Gustavo Aliaga, homónimo del diplomático, dijo que hace un año solicitaron a las autoridades una mayor participación dentro el cuerpo consular, pero estos pedidos fueron postergados; la nueva conformación de las embajadas debía producirse en 2013, pero solo los cooperativistas mineros y las bartolinas lograron espacios
Movimientos afines al Gobierno, como los cooperativistas mineros y las mujeres campesinas, tienen el 5% de participación en esta nueva composición diplomática que es defendida por el Senado, que se encarga de las designaciones. Un exmilitar representa al país en China al igual que en Argentina y Panamá, mientras que otro exgeneral es agregado de negocios en EEUU.
La presidenta de la comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), afirmó que las designaciones no se rigen por los parámetros que se usaban en el “periodo neoliberal” y que la experiencia profesional en el Estado Plurinacional forma al futuro diplomático.
“Y quienes representan esa mirada son los mejores embajadores; eso puede venir de una experiencia política amplia, puede venir de la mano de una amplia experiencia en el ámbito diplomático, de la mano de hombres y mujeres que sean capaces de transmitir al resto del mundo esta construcción del nuevo Estado. No son los parámetros de la vieja democracia pactada lo que definen a un embajador”, justificó.
Su homóloga en la Cámara de Diputados, Betty Tejada (MAS), aseguró que la cesación en funciones públicas o la conclusión de una carrera militar no puede privar del derecho a representar al país si hay capacidad demostrada durante su carrera. “No podemos matar civilmente a las personas ni suponer que un militar sea inadecuado por ser militar. En el tema de personas que han ocupado espacios políticos creo que también tuvieron la capacidad de conducir una repartición del Estado”, argumentó. Al respecto, la que fuera candidata masista al municipio paceño, Elizabeth Salguero, es diplomática en Alemania y se fue meses después de ser derrotada en las urnas. Otro ejemplo es la nueva cónsul en Estados Unidos, Jessica Jordan, que candidateó a la Gobernación de Beni y perdió.
El vocal del Comité de Relaciones Económicas Internacionales del Senado, Bernard Gutiérrez (CN), dijo que las designaciones de embajadores tienen un claro tinte de premiación a exmilitares, exfuncionarios y grupos que apoyan al Gobierno, y dijo que en las votaciones que se realizan en la Cámara Alta el bando opositor se acoge al voto en blanco.
Mayor participación
Pero de los grupos afines al MAS no todos saludan las designaciones. El ejecutivo de los colonizadores, Gustavo Aliaga, homónimo del diplomático, dijo que hace un año solicitaron a las autoridades una mayor participación dentro el cuerpo consular, pero estos pedidos fueron postergados; la nueva conformación de las embajadas debía producirse en 2013, pero solo los cooperativistas mineros y las bartolinas lograron espacios
30 abril 2014
Militares movilizados denuncian 300 nuevas bajas
Respaldados en mayor número por sectores civiles, además de sus esposas, el sector de militares de baja graduación mantienen firmes sus demandas y piden diálogo directo con el presidente Evo Morales, ya que no creen en las intenciones de negociación del Alto Mando Militar que habría firmado 300 nuevas bajas.
“Una vez más, el Alto Mando Militar ha engañado al pueblo boliviano, para seguir masacrando a nuestros esposos, quiero denunciar con documentos (…) que hay trescientas bajas más el día de hoy, esta es una masacre”, afirmó en su discurso de ayer, Sandra López, representante legal de las esposas de suboficiales y sargentos a nivel nacional, frente a medios de comunicación y las algo más de 2.000 personas que acompañaron la movilización que bajó desde la Ceja de El Alto.
Documento en mano, López afirmó que dichas bajas, que en total ya sumarían más de mil, es un hecho insólito y sin precedentes en la historia militar de nuestro país, mientras el Alto Mando anunciaba una reunión de diálogo con suboficiales Comando en el Estado Mayor.
En la reunión del Estado Mayor, Víctor Hugo Baldivieso, comandante de las FFAA, afirmó que se habían tratado 16 de 18 puntos solicitados por suboficiales maestres a quienes identificó como los únicos representantes legales y naturales.
La noche del lunes, los suboficiales comando se apersonaron a la sede de los movilizados y pidieron que se suspenda la marcha, pero el pedido no fue atendido debido a que en las mesas de diálogo no existían garantías de que sus demandas sean escuchadas sin amedrentamientos, como afirmó otra de las esposas que llegó en otra delegación desde Cochabamba y pidió ser no identificada.
Mientras ayer, en la plaza San Francisco, esposas, familiares, Ponchos Rojos, delegados del magisterio, la UMSA, y otros coreaban: “no están solos, no están solos”, López aseveró que el mayor temor del Alto Mando Militar es que se realicen auditorías al interior de las FFAA, donde se hallarían varias irregularidades sobre el origen de las propiedades de los oficiales de alto rango.
“El ministro de Defensa, (Rubén Saavedra) si en verdad quiere defender las FFAA, primero que extienda una orden, sin (lugar a) reclamo alguno, una orden radical, para que se haga contraloría a todos los generales y altos mandos”, para que expliquen cómo hicieron sus riquezas, demandó López.
Por su parte, Eric Magne dio lectura de una carta en la que se dirige al presidente Morales, pidiendo audiencia, para exponer, en primer lugar, la situación “real” al interior de las FFAA, otro punto que se solicita al mandatario de las medidas disciplinarias, que se han dado como amedrentamiento a los representantes y los más de 1.000 efectivos dados de baja.
“Una vez más, el Alto Mando Militar ha engañado al pueblo boliviano, para seguir masacrando a nuestros esposos, quiero denunciar con documentos (…) que hay trescientas bajas más el día de hoy, esta es una masacre”, afirmó en su discurso de ayer, Sandra López, representante legal de las esposas de suboficiales y sargentos a nivel nacional, frente a medios de comunicación y las algo más de 2.000 personas que acompañaron la movilización que bajó desde la Ceja de El Alto.
Documento en mano, López afirmó que dichas bajas, que en total ya sumarían más de mil, es un hecho insólito y sin precedentes en la historia militar de nuestro país, mientras el Alto Mando anunciaba una reunión de diálogo con suboficiales Comando en el Estado Mayor.
En la reunión del Estado Mayor, Víctor Hugo Baldivieso, comandante de las FFAA, afirmó que se habían tratado 16 de 18 puntos solicitados por suboficiales maestres a quienes identificó como los únicos representantes legales y naturales.
La noche del lunes, los suboficiales comando se apersonaron a la sede de los movilizados y pidieron que se suspenda la marcha, pero el pedido no fue atendido debido a que en las mesas de diálogo no existían garantías de que sus demandas sean escuchadas sin amedrentamientos, como afirmó otra de las esposas que llegó en otra delegación desde Cochabamba y pidió ser no identificada.
Mientras ayer, en la plaza San Francisco, esposas, familiares, Ponchos Rojos, delegados del magisterio, la UMSA, y otros coreaban: “no están solos, no están solos”, López aseveró que el mayor temor del Alto Mando Militar es que se realicen auditorías al interior de las FFAA, donde se hallarían varias irregularidades sobre el origen de las propiedades de los oficiales de alto rango.
“El ministro de Defensa, (Rubén Saavedra) si en verdad quiere defender las FFAA, primero que extienda una orden, sin (lugar a) reclamo alguno, una orden radical, para que se haga contraloría a todos los generales y altos mandos”, para que expliquen cómo hicieron sus riquezas, demandó López.
Por su parte, Eric Magne dio lectura de una carta en la que se dirige al presidente Morales, pidiendo audiencia, para exponer, en primer lugar, la situación “real” al interior de las FFAA, otro punto que se solicita al mandatario de las medidas disciplinarias, que se han dado como amedrentamiento a los representantes y los más de 1.000 efectivos dados de baja.
187 militares son reincorporados y conforman dos comisiones para atender demanda
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), almirante Víctor Baldivieso, informó que el Alto Mando Militar conformó dos comisiones de trabajo para atender las demandas de sargentos y suboficiales, una para analizar los 715 retiros obligatorios y otra para abordar las modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA).
La noche del martes, los Tribunales del Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada dispusieron suspender el retiro obligatorio de 187 uniformados que se constituyeron en sus unidades con el siguiente detalle: Ejército 110, Fuerza Aérea 70 y la Armada 7 efectivos.
Baldivieso pidió a los militares que aún se encuentran movilizados, reincorporarse a sus unidades para solicitar la reconsideración de su retiro obligatorio, para que el Tribunal de Personal, después de un análisis, vea la posibilidad de dejar sin efecto tal determinación.
"Habiéndose aperturado el conducto regular, el espacio para la recepción de solicitudes y requerimientos por parte de suboficiales y sargentos que han participado en los últimos conflictos, se han establecido dos mesas de trabajo, el primero con el tema retiro obligatorio, el segundo con el tema reformas a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en ese contexto están trabajando", manifestó Baldivieso a la Red Uno.
Desde hace una semana los militares de baja graduación realizan inéditas movilizaciones en la ciudad de La Paz, exigiendo la eliminación del racismo y la discriminación en las FFAA, además de la igualdad de oportunidades al interior de esta institución, donde señalan que están prohibidos de acceder a estudios, salud y otros. Por estas medidas de protesta, es que el Alto Mando, la pasada semana, decidió retirar a más de 700 uniformados.
Estas movilizaciones se replicaron en diferentes departamentos del país de parte de las esposas y padres de familia de los suboficiales y sargentos, que exigen atención del Gobierno a las demandas de sus hijos.
La noche del martes, los Tribunales del Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada dispusieron suspender el retiro obligatorio de 187 uniformados que se constituyeron en sus unidades con el siguiente detalle: Ejército 110, Fuerza Aérea 70 y la Armada 7 efectivos.
Baldivieso pidió a los militares que aún se encuentran movilizados, reincorporarse a sus unidades para solicitar la reconsideración de su retiro obligatorio, para que el Tribunal de Personal, después de un análisis, vea la posibilidad de dejar sin efecto tal determinación.
"Habiéndose aperturado el conducto regular, el espacio para la recepción de solicitudes y requerimientos por parte de suboficiales y sargentos que han participado en los últimos conflictos, se han establecido dos mesas de trabajo, el primero con el tema retiro obligatorio, el segundo con el tema reformas a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en ese contexto están trabajando", manifestó Baldivieso a la Red Uno.
Desde hace una semana los militares de baja graduación realizan inéditas movilizaciones en la ciudad de La Paz, exigiendo la eliminación del racismo y la discriminación en las FFAA, además de la igualdad de oportunidades al interior de esta institución, donde señalan que están prohibidos de acceder a estudios, salud y otros. Por estas medidas de protesta, es que el Alto Mando, la pasada semana, decidió retirar a más de 700 uniformados.
Estas movilizaciones se replicaron en diferentes departamentos del país de parte de las esposas y padres de familia de los suboficiales y sargentos, que exigen atención del Gobierno a las demandas de sus hijos.
29 abril 2014
Suboficial graduado con honores: “Soy discriminado porque debo servir a un subteniente”
Arrodillado frente al colchón en el que cumple ayuno una de sus familiares, un suboficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) recuerda que el haber egresado como técnico superior de la Escuela de Ingeniería Militar (EMI) le trajo muchas satisfacciones personales, pero no así profesionales.
Acaba de llegar a la sede de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Ascinalss) de una de las movilizaciones realizada por sus camaradas que piden la descolonización de la institución
El uniformado afirma que se siente frustrado y decepcionado del sistema militar porque por ser suboficial nunca pudo acceder a una licenciatura en la EMI.
¿Hace cuánto tiempo se graduó como técnico superior?
Son 12 años. Estudié los tres años porque hubo una temporada en la que las Fuerzas Armadas requerían que seamos egresados de la EMI. Pese a que yo ya había egresado como técnico superior de mi fuerza, volví a hacer el curso y me gradué con honores. Pero hablé con el jefe de carrera y me dijo que no era posible que estudie la licenciatura, porque ésta no estaba contemplada para suboficiales y sargentos. Yo les pregunto a los del Alto Mando que si por ser suboficial mi capacidad llega hasta ahí o no tengo la oportunidad de avanzar más allá.
Con esta actitud, ¿usted sintió discriminación?
Me siento discriminado porque tengo casi 15 años de carrera y a estas alturas debo servir a un subteniente que viene para recomendarme con otros. ¿Una persona con menos experiencia?, eso nos da rabia.
Entonces, ¿cuál es su pedido específicamente?
No estamos yendo contra el Gobierno. Particularmente yo voté por Evo (Morales) porque estaba seguro de que iba a haber un proceso de cambio, porque las mismas normas dicen que las Fuerzas Armadas deben ser descolonizadas, pero nosotros hemos sido los que dimos el paso inicial. ¿No era mejor que el Alto Mando nos diga que la Constitución Política del Estado (CPE) ha cambiado, nos reúna y adecuemos juntos la LOFA (Ley Orgánica de las FFAA) para que no haya discriminación? Debía partir de ellos. Por qué hasta la fecha los suboficiales y sargentos debemos estar debajo de un oficial.
¿Qué ocurrió con sus camaradas que también obtuvieron buenos puntajes luego de graduarse como técnico superior?
Conozco a mucha gente que es muy capaz. De mi curso, algunos camaradas consiguieron trabajo en Estados Unidos, en España, para salir de aquí. Si usted viera cómo ha cambiado su vida en esos países, cuando llegan a Bolivia se los ve en sus vehículos de lujo. Mi auto es de 1975 y hasta la fecha no puedo tener otro.
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el salario de un subteniente y el de un suboficial?
Hay diferencias. Un oficial que también egresó de la EMI pero como licenciado recibe un bono DIN (Diplomado en Ingeniería Militar). Un suboficial que egresó de la EMI como técnico superior, aunque haya sido negada su aspiración a la licenciatura, no recibe nada. Con todo eso, un teniente con cinco años de carrera gana más que yo, que tengo 12 años. Hay una diferencia de 3.000 bolivianos, por lo menos. Eso es lo que nos molesta. Ahora, un suboficial maestre que está a punto de jubilarse gana el sueldo de un mayor en su tercer año ¿por qué?, porque este último tiene el bono de Diplomado en Altos Estudios Nacionales (DAEN), tiene su bono de magister. De esa manera van acumulando pero como nosotros somos técnicos nunca vamos a llegar a eso.
Hay testimonios sobre suboficiales que intentaron tener un cargo en el Tribunal Superior de Justicia Militar y que no pudieron lograrlo, ¿esto es verdad?
Es verdad. Un camarada que es suboficial, pero que estudió Derecho y es un buen abogado, siempre le dieron el cargo de secretario. Hizo el curso de Diplomado de Altos Estudios a escondidas, se enteraron los jefes y lo trataban como títere, un coronel le dijo que no le corresponde el bono DAEN porque era suboficial y que no se le ocurra pedir.
Usted eligió ser militar, pero esas denuncias de discriminación ya tienen sus años, ¿esto no le acobardó al momento de ingresar a la escuela?
Yo estaba consciente de que en las Fuerzas Armadas hay una jerarquía. Yo respeto la cadena de mando, sabía que nunca podría llegar a ser general porque no hice la carrera en el Colegio Militar, porque eso implicaba dinero y mi familia no lo tenía. Pero el ser suboficial no les da derecho a los oficiales a maltratarnos. Nosotros estamos en contra del racismo y de la discriminación, y nos pareció adecuado que este Gobierno que tanto ha defendido a los indígenas y la antidiscriminación pueda abrirse para descolonizar las Fuerzas Armadas. Nos sentimos defraudados porque chocamos contra una pared.
Acaba de llegar a la sede de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Ascinalss) de una de las movilizaciones realizada por sus camaradas que piden la descolonización de la institución
El uniformado afirma que se siente frustrado y decepcionado del sistema militar porque por ser suboficial nunca pudo acceder a una licenciatura en la EMI.
¿Hace cuánto tiempo se graduó como técnico superior?
Son 12 años. Estudié los tres años porque hubo una temporada en la que las Fuerzas Armadas requerían que seamos egresados de la EMI. Pese a que yo ya había egresado como técnico superior de mi fuerza, volví a hacer el curso y me gradué con honores. Pero hablé con el jefe de carrera y me dijo que no era posible que estudie la licenciatura, porque ésta no estaba contemplada para suboficiales y sargentos. Yo les pregunto a los del Alto Mando que si por ser suboficial mi capacidad llega hasta ahí o no tengo la oportunidad de avanzar más allá.
Con esta actitud, ¿usted sintió discriminación?
Me siento discriminado porque tengo casi 15 años de carrera y a estas alturas debo servir a un subteniente que viene para recomendarme con otros. ¿Una persona con menos experiencia?, eso nos da rabia.
Entonces, ¿cuál es su pedido específicamente?
No estamos yendo contra el Gobierno. Particularmente yo voté por Evo (Morales) porque estaba seguro de que iba a haber un proceso de cambio, porque las mismas normas dicen que las Fuerzas Armadas deben ser descolonizadas, pero nosotros hemos sido los que dimos el paso inicial. ¿No era mejor que el Alto Mando nos diga que la Constitución Política del Estado (CPE) ha cambiado, nos reúna y adecuemos juntos la LOFA (Ley Orgánica de las FFAA) para que no haya discriminación? Debía partir de ellos. Por qué hasta la fecha los suboficiales y sargentos debemos estar debajo de un oficial.
¿Qué ocurrió con sus camaradas que también obtuvieron buenos puntajes luego de graduarse como técnico superior?
Conozco a mucha gente que es muy capaz. De mi curso, algunos camaradas consiguieron trabajo en Estados Unidos, en España, para salir de aquí. Si usted viera cómo ha cambiado su vida en esos países, cuando llegan a Bolivia se los ve en sus vehículos de lujo. Mi auto es de 1975 y hasta la fecha no puedo tener otro.
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el salario de un subteniente y el de un suboficial?
Hay diferencias. Un oficial que también egresó de la EMI pero como licenciado recibe un bono DIN (Diplomado en Ingeniería Militar). Un suboficial que egresó de la EMI como técnico superior, aunque haya sido negada su aspiración a la licenciatura, no recibe nada. Con todo eso, un teniente con cinco años de carrera gana más que yo, que tengo 12 años. Hay una diferencia de 3.000 bolivianos, por lo menos. Eso es lo que nos molesta. Ahora, un suboficial maestre que está a punto de jubilarse gana el sueldo de un mayor en su tercer año ¿por qué?, porque este último tiene el bono de Diplomado en Altos Estudios Nacionales (DAEN), tiene su bono de magister. De esa manera van acumulando pero como nosotros somos técnicos nunca vamos a llegar a eso.
Hay testimonios sobre suboficiales que intentaron tener un cargo en el Tribunal Superior de Justicia Militar y que no pudieron lograrlo, ¿esto es verdad?
Es verdad. Un camarada que es suboficial, pero que estudió Derecho y es un buen abogado, siempre le dieron el cargo de secretario. Hizo el curso de Diplomado de Altos Estudios a escondidas, se enteraron los jefes y lo trataban como títere, un coronel le dijo que no le corresponde el bono DAEN porque era suboficial y que no se le ocurra pedir.
Usted eligió ser militar, pero esas denuncias de discriminación ya tienen sus años, ¿esto no le acobardó al momento de ingresar a la escuela?
Yo estaba consciente de que en las Fuerzas Armadas hay una jerarquía. Yo respeto la cadena de mando, sabía que nunca podría llegar a ser general porque no hice la carrera en el Colegio Militar, porque eso implicaba dinero y mi familia no lo tenía. Pero el ser suboficial no les da derecho a los oficiales a maltratarnos. Nosotros estamos en contra del racismo y de la discriminación, y nos pareció adecuado que este Gobierno que tanto ha defendido a los indígenas y la antidiscriminación pueda abrirse para descolonizar las Fuerzas Armadas. Nos sentimos defraudados porque chocamos contra una pared.
Suboficiales y sargentos marchan de El Alto a La Paz encabezados por ponchos rojos
Suboficiales y sargentos movilizados participan hoy, por tercera vez, de una marcha de protesta, vestidos de uniforme de campaña, que baja desde la ciudad de El Alto hasta el centro paceño en demanda de atención a sus exigencias centradas en la eliminación de la discriminación. Campesinos denominados ponchos rojos engrosan y encabezan la columna.
Desde las 07.00 los uniformados fueron concentrándose a la altura del Multifuncional de la Ceja, límite entre ambas ciudades, en cumplimiento de una determinación asumida y anuncia el viernes, tras el retiro obligatorio de 715 militares por participar de las protestas que exigen además diálogo con el presidente Evo Morales.
Al menos 100 ponchos rojos lideran la marcha, seguidas por las esposas y familiares de los uniformados, que hoy son un número reducido frente a las anteriores movilizaciones, describió el periodista de la emisora Compañera.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que los movilizados equivocan la vía de solución y ve intereses políticos. “Habían equivocado el camino, el procedimiento, el método y su estrategia, nada mas equivocada para un grupo de las Fuerzas Armadas que utilizar el camino de la protesta. No hay nada más equivocado para un grupo de las Fuerzas Armadas para utilizar el camino de la sedición”.
“Hay organizaciones sociales que se están plegando a esta causa, que es justa y constitucional”, señaló uno de los uniformados momentos antes de la marcha hacia el centro paceño. Similar medida fue registrada la semana pasada en dos oportunidades.
El suboficial y representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss), Yhonny Gil Denis, informó desde de la columna de la marcha que la protesta está fortalecida con la participación de la sociedad civil. “Seguramente en una próxima marcha vamos a ser miles”.
El Alto Mando militar informó el lunes de un plazo de 15 días para que los afectados por el retiro obligatorio apelen la decisión, una vez se notifiquen. Uno de los representantes informó ayer de que el último anuncio pretende desmovilizar la protesta, ya que la ley militar otorga un plazo de dos años para la impugnación.
Una apertura al diálogo fue concretado ayer, sin embargo no asistieron los delegados de los movilizados a la cabeza de la Ascinalss) y ratificaron la concentración y marcha para hoy.
“Somos representantes de Cochabamba, lo que pedimos es que se elimine toda forma de discriminación. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, señaló una de las esposas movilizadas, que apoyan la exigencia de lucha contra la discriminación y aprobación de reformas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para crear una guardia civil y eliminar el estamento de suboficiales y sargentos.
“Suboficiales y sargentos deben pedir permiso hasta para casarse”
El presidente de los Padres de Familia de los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, Edgar Tuco, denunció este lunes que sus hijos, además de soportar actos de discriminación de parte de los oficiales, deben afrontar situaciones de “esclavismo” que se traducen, por ejemplo, en hechos como pedir permiso al Comando para contraer matrimonio.
“En la actualidad dentro de las Fuerzas Armadas existe la discriminación y el esclavismo, el esclavismo al vivo estilo de la Colonia. Por qué motivo digo esto, porque el oficial superior tiene que darle permiso al sargento y al suboficial para que se case, es más, desde que egresa, y esto va también para los subtenientes, tienen máximo cinco años después para casarse, antes no pueden hacerlo”, dijo en entrevista con PAT.
Además de ello, para casarse, el efectivo militar que quiere contraer nupcias debe presentar al Comando una “solicitud de matrimonio”. “Qué tiene que hacer, tiene que llevar la novia a la entrevista con el comandante, el comandante hace una entrevista con la novia y si aprueba le da la autorización y si no, no se casa”, detalló el padre de familia.
Con fotografías en mano, Tuco dijo que sus hijos son obligados a realizar trabajos que no conciernen a las Fuerzas Armadas, como ser la construcción de viviendas para oficiales en el oriente boliviano.
“El sargento está obligado en el oriente a construir la casa del comandante y hay pruebas de lo que ha pasado y se usa material de las Fuerzas Armadas que son del Estado”, manifestó.
Por estas y otras razones es que los militares de bajo rango exigen al presidente Evo Morales aprobar una Ley de Descolonización de las FFAA, que pueda eliminar los grados de sargentos y suboficiales para que sean reemplazados por oficiales técnicos. Además el documento establece una serie de medidas para evitar la discriminación y otros tratos degradantes hacia este sector.
De acuerdo al suboficial Erick Magne, representante de los movilizados, esta ley permitirá evitar que suboficiales y sargentos sean utilizados en tareas y servicios personales de los superiores jerárquicos; además de no ser sometidos a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y a no recibir ningún tipo de acoso sexual, laboral y económico.
“Existen ciertas situaciones de alguna forma sutil que hacen, invitaciones a sargentos y sargentas damas, que ya existen, y hay acoso sexual”, denunció el militar.
La semana pasada, los suboficiales y sargentos protagonizaron cuatro marchas por las calles de la ciudad de La Paz exigiendo la aprobación de este proyecto de ley, por ello fueron dados de baja 715 efectivos acusados de “sedición” por el Alto Mando Militar.
Desde el Gobierno no se ha dado vía libre a sus demandas, ya que, alega, los suboficiales y sargentos optaron por una vía incorrecta como es la protesta, eludiendo los conductos regulares que están establecidos en las normas y leyes para solicitar algún recurso.ANF
“En la actualidad dentro de las Fuerzas Armadas existe la discriminación y el esclavismo, el esclavismo al vivo estilo de la Colonia. Por qué motivo digo esto, porque el oficial superior tiene que darle permiso al sargento y al suboficial para que se case, es más, desde que egresa, y esto va también para los subtenientes, tienen máximo cinco años después para casarse, antes no pueden hacerlo”, dijo en entrevista con PAT.
Además de ello, para casarse, el efectivo militar que quiere contraer nupcias debe presentar al Comando una “solicitud de matrimonio”. “Qué tiene que hacer, tiene que llevar la novia a la entrevista con el comandante, el comandante hace una entrevista con la novia y si aprueba le da la autorización y si no, no se casa”, detalló el padre de familia.
Con fotografías en mano, Tuco dijo que sus hijos son obligados a realizar trabajos que no conciernen a las Fuerzas Armadas, como ser la construcción de viviendas para oficiales en el oriente boliviano.
“El sargento está obligado en el oriente a construir la casa del comandante y hay pruebas de lo que ha pasado y se usa material de las Fuerzas Armadas que son del Estado”, manifestó.
Por estas y otras razones es que los militares de bajo rango exigen al presidente Evo Morales aprobar una Ley de Descolonización de las FFAA, que pueda eliminar los grados de sargentos y suboficiales para que sean reemplazados por oficiales técnicos. Además el documento establece una serie de medidas para evitar la discriminación y otros tratos degradantes hacia este sector.
De acuerdo al suboficial Erick Magne, representante de los movilizados, esta ley permitirá evitar que suboficiales y sargentos sean utilizados en tareas y servicios personales de los superiores jerárquicos; además de no ser sometidos a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y a no recibir ningún tipo de acoso sexual, laboral y económico.
“Existen ciertas situaciones de alguna forma sutil que hacen, invitaciones a sargentos y sargentas damas, que ya existen, y hay acoso sexual”, denunció el militar.
La semana pasada, los suboficiales y sargentos protagonizaron cuatro marchas por las calles de la ciudad de La Paz exigiendo la aprobación de este proyecto de ley, por ello fueron dados de baja 715 efectivos acusados de “sedición” por el Alto Mando Militar.
Desde el Gobierno no se ha dado vía libre a sus demandas, ya que, alega, los suboficiales y sargentos optaron por una vía incorrecta como es la protesta, eludiendo los conductos regulares que están establecidos en las normas y leyes para solicitar algún recurso.ANF
Armada Boliviana asegura que no es definitivo retiro de más de 700 suboficiales y sargentos
Los más de 700 suboficiales y sargentos, que fueron echados por pedir la “descolonización” de la institución castrense no están dados de baja y aún pueden apelar en dos instancias su “retiro obligatorio” para ser reincorporados, según el coronel Javier Torrico, director de Comunicación Social de la Armada Boliviana.
Aunque al respecto y contradictoriamente, la coronel Sara Aramayo, directora de Comunicación Social del Ejército, afirmó que ellos fueron sancionados porque transgredieron las normas de las FFAA y la propia Constitución, en la que se afirma que la institución “descansa” en la jerarquía y la disciplina, además es obediente y no delibera según declaraciones que realizaron ayer en radio Erbol.9
Como bien se conoce inicialmente fueron echados de las FFAA cuatro suboficiales, luego otros nueve y finalmente se dio a conocer el retiro de 702 militares que aún están movilizados y piden que la entidad castrense adecue su normas a la nueva Constitución Política del Estado.
Aramayo sostiene que tras las movilizaciones de los suboficiales y sargentos, “se hicieron el respectivo proceso contra todos ellos que tenían el pleno conocimiento (a lo que se estaban sometiendo) al realizar el desacato a los reglamentos militares (con sus medidas de presión), ellos debieron reincorporarse a sus pequeñas y grandes unidades de donde salieron para realizar las marchas, sin embargo, ahora que fueron sancionados con retiro obligatorio, ellos tienen (todavía dos recursos de apelación) y así poder reincorporarse en sus unidades”, explicó.
Por su lado el capitán Javier Torrico, ratificó que el retiro obligatorio es una sanción que se impone al militar y en este caso fue por desacato y por atentar contra la dignidad y honor de las FFAA, pero también reconoció que los implicados no están de manera definitiva fuera de la institución armada.
Agregó que “los oficiales que fueron afectados por el retiro obligatorio, tienen un proceso por el cual pueden representar, en ese aspecto, (primero) tienen 15 días para hacer el recurso de reconsideración y el Tribunal de Personal tiene 25 días para manifestarse al respecto; si esta situación no prosperara, tienen otros 15 días para hacer un recurso de apelación; esos procesos están establecidos en nuestras leyes y reglamentos, creo que el personal que ha sido afectado por el retiro obligatorio debía apelarse a estas normas y reglamentos, para hacer prevalecer sus derechos”, sostuvo Torrico.
Insistió que si los suboficiales creen que no se siguieron los reglamentos para ser sancionados con el retiro obligatorio, tienen aún el proceso legal correspondiente dentro de las Fuerzas Armadas para reclamar y fundamentar alguna causa legal en su favor ante el Tribunal de Personal, para que esta instancia revise su resolución y emita un nuevo fallo.
“La situación militar determina el retiro obligatorio y la baja, que son totalmente diferentes, el primero es una sanción que se impone al militar (...) cuando se configuran las faltas, en tanto que la baja es la separación definitiva del servicio, sin goce de haberes, grados y honores”, explicó por su parte el capitán Hernán Crespo, director de Comunicación Social del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El coronel Julio Rojas, director de Comunicación Social de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), apuntó que pese a que persiste este conflicto desatado por suboficiales y sargentos, muchos ya retornaron desde este lunes a sus unidades. “Hubo un retorno masivo”, destacó.
ESPOSAS
La representante de los suboficiales y sargentos en la Asociación de Esposas del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Margarita Torres, informó ayer que la organización a la que representa está gestionando la “reconsideración” de las bajas de los militares, pero siempre que ellos retornen a sus unidades a su labor habitual.
“Como mujer, esposa y madre veo con bastante preocupación las bajas por haber faltado a sus fuentes de trabajo durante cinco días consecutivos, pero como acción social estamos gestionando qué se pueda hacer y me indicaron que pueden reconsiderar y apelar a las decisiones de los tribunales de personal”, dijo a los medios de comunicación.
Aunque al respecto y contradictoriamente, la coronel Sara Aramayo, directora de Comunicación Social del Ejército, afirmó que ellos fueron sancionados porque transgredieron las normas de las FFAA y la propia Constitución, en la que se afirma que la institución “descansa” en la jerarquía y la disciplina, además es obediente y no delibera según declaraciones que realizaron ayer en radio Erbol.9
Como bien se conoce inicialmente fueron echados de las FFAA cuatro suboficiales, luego otros nueve y finalmente se dio a conocer el retiro de 702 militares que aún están movilizados y piden que la entidad castrense adecue su normas a la nueva Constitución Política del Estado.
Aramayo sostiene que tras las movilizaciones de los suboficiales y sargentos, “se hicieron el respectivo proceso contra todos ellos que tenían el pleno conocimiento (a lo que se estaban sometiendo) al realizar el desacato a los reglamentos militares (con sus medidas de presión), ellos debieron reincorporarse a sus pequeñas y grandes unidades de donde salieron para realizar las marchas, sin embargo, ahora que fueron sancionados con retiro obligatorio, ellos tienen (todavía dos recursos de apelación) y así poder reincorporarse en sus unidades”, explicó.
Por su lado el capitán Javier Torrico, ratificó que el retiro obligatorio es una sanción que se impone al militar y en este caso fue por desacato y por atentar contra la dignidad y honor de las FFAA, pero también reconoció que los implicados no están de manera definitiva fuera de la institución armada.
Agregó que “los oficiales que fueron afectados por el retiro obligatorio, tienen un proceso por el cual pueden representar, en ese aspecto, (primero) tienen 15 días para hacer el recurso de reconsideración y el Tribunal de Personal tiene 25 días para manifestarse al respecto; si esta situación no prosperara, tienen otros 15 días para hacer un recurso de apelación; esos procesos están establecidos en nuestras leyes y reglamentos, creo que el personal que ha sido afectado por el retiro obligatorio debía apelarse a estas normas y reglamentos, para hacer prevalecer sus derechos”, sostuvo Torrico.
Insistió que si los suboficiales creen que no se siguieron los reglamentos para ser sancionados con el retiro obligatorio, tienen aún el proceso legal correspondiente dentro de las Fuerzas Armadas para reclamar y fundamentar alguna causa legal en su favor ante el Tribunal de Personal, para que esta instancia revise su resolución y emita un nuevo fallo.
“La situación militar determina el retiro obligatorio y la baja, que son totalmente diferentes, el primero es una sanción que se impone al militar (...) cuando se configuran las faltas, en tanto que la baja es la separación definitiva del servicio, sin goce de haberes, grados y honores”, explicó por su parte el capitán Hernán Crespo, director de Comunicación Social del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El coronel Julio Rojas, director de Comunicación Social de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), apuntó que pese a que persiste este conflicto desatado por suboficiales y sargentos, muchos ya retornaron desde este lunes a sus unidades. “Hubo un retorno masivo”, destacó.
ESPOSAS
La representante de los suboficiales y sargentos en la Asociación de Esposas del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Margarita Torres, informó ayer que la organización a la que representa está gestionando la “reconsideración” de las bajas de los militares, pero siempre que ellos retornen a sus unidades a su labor habitual.
“Como mujer, esposa y madre veo con bastante preocupación las bajas por haber faltado a sus fuentes de trabajo durante cinco días consecutivos, pero como acción social estamos gestionando qué se pueda hacer y me indicaron que pueden reconsiderar y apelar a las decisiones de los tribunales de personal”, dijo a los medios de comunicación.
Militares movilizados son marginados de reunión con Alto Mando de FFAA
Una reunión con los mandos naturales y comandantes de las Fuerzas Armadas, que no son precisamente los militares en conflicto o movilizados, decidió reunirse hoy a las 09.00 horas para tratar los despidos de los más de 700 suboficiales y sargentos y los posibles cambios de las normas en la entidad castrense.
En tanto el primer encuetro que se realizó ayer por la noche fuera desconocido por los militares en protesta que piden una descolonización dentro las Fuerzas Armadas y que desde la semana anterior protagonizan marchas.
Desde las instalaciones de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado (Ascinalss), los sargentos y suboficiales que marcharon en demanda de mejor trato en las FFAA desconocieron la cita y aseguraron que sus medidas de protesta continuarán hoy como lo tenían planificado.
En contacto con los medios, el presidente de la Ascinalss, suboficial Jhonny Gil Lenis, sostuvo: “El Alto Mando se reunió con personas allegadas, es por eso que no asistimos a esa reunión, porque además no se nos hizo una convocatoria oficial, lo que existe es la intención de confundir a la opinión pública”.
Por su parte, a través de un comunicado de prensa, que dio a conocer el Alto Mando Militar en horas de la tarde aseguró que las Fuerzas Armadas estaba dispuesta a dialogar en instalaciones del Estado Mayor en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
En ese entendido, ayer los suboficiales maestres, primeros y mayores, además de Fidel Surco, como presidente de la Comisión de Seguridad de Estado y Fuerzas Armadas del Senado, se reunieron con el Alto Mando para tratar la problemática, sin embargo dicho encuentro no tuvo ningún resultado.
Luego de una semana tensa en la que el Gobierno dio paso al “retiro obligatorio” de más de 700 uniformados por parte del Alto Mando Militar.
Ayer por la noche, los representantes de los militares movilizados confirmaron para hoy otra gran marcha a la que ya han confirmado su presencia 300 Ponchos Rojos y otras delegaciones sociales.
En contrapartida, el Alto Mando Militar ha hecho conocer que las bajas serían “revisables”, toda vez que los afectados presenten su apelación ante el Tribunal de Personal, quien se pronunciará en su procedencia o improcedencia en un plazo de 15 días.
Por su parte, y al cierre de esta sección el senador Fidel Surco, anoche dio a conocer que se hace un llamado a diálogo para hoy, a las 9,00 de la mañana, donde se prevé una posible revisión de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y que esta convocatoria no tiene restricciones, por lo cual no deberían faltar los sectores movilizados y así terminar con el estado de emergencia en el que se han declarado suboficiales y sargentos desde el lunes de la semana pasada.
En tanto el primer encuetro que se realizó ayer por la noche fuera desconocido por los militares en protesta que piden una descolonización dentro las Fuerzas Armadas y que desde la semana anterior protagonizan marchas.
Desde las instalaciones de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado (Ascinalss), los sargentos y suboficiales que marcharon en demanda de mejor trato en las FFAA desconocieron la cita y aseguraron que sus medidas de protesta continuarán hoy como lo tenían planificado.
En contacto con los medios, el presidente de la Ascinalss, suboficial Jhonny Gil Lenis, sostuvo: “El Alto Mando se reunió con personas allegadas, es por eso que no asistimos a esa reunión, porque además no se nos hizo una convocatoria oficial, lo que existe es la intención de confundir a la opinión pública”.
Por su parte, a través de un comunicado de prensa, que dio a conocer el Alto Mando Militar en horas de la tarde aseguró que las Fuerzas Armadas estaba dispuesta a dialogar en instalaciones del Estado Mayor en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
En ese entendido, ayer los suboficiales maestres, primeros y mayores, además de Fidel Surco, como presidente de la Comisión de Seguridad de Estado y Fuerzas Armadas del Senado, se reunieron con el Alto Mando para tratar la problemática, sin embargo dicho encuentro no tuvo ningún resultado.
Luego de una semana tensa en la que el Gobierno dio paso al “retiro obligatorio” de más de 700 uniformados por parte del Alto Mando Militar.
Ayer por la noche, los representantes de los militares movilizados confirmaron para hoy otra gran marcha a la que ya han confirmado su presencia 300 Ponchos Rojos y otras delegaciones sociales.
En contrapartida, el Alto Mando Militar ha hecho conocer que las bajas serían “revisables”, toda vez que los afectados presenten su apelación ante el Tribunal de Personal, quien se pronunciará en su procedencia o improcedencia en un plazo de 15 días.
Por su parte, y al cierre de esta sección el senador Fidel Surco, anoche dio a conocer que se hace un llamado a diálogo para hoy, a las 9,00 de la mañana, donde se prevé una posible revisión de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y que esta convocatoria no tiene restricciones, por lo cual no deberían faltar los sectores movilizados y así terminar con el estado de emergencia en el que se han declarado suboficiales y sargentos desde el lunes de la semana pasada.
28 abril 2014
El 80% del presupuesto de las FFAA se va para salarios
Militares y ministros, en entredicho; en eso derivó el conflicto. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reveló ayer que el 80% del presupuesto de Defensa y de las Fuerzas Armadas (FFAA) se va a salarios de los militares, y puntualizó que el 45% se lo lleva los oficiales y el 55%, los sargentos y suboficiales.
Los uniformados de baja graduación, que se movilizan desde hace más de tres semanas y amenazan con radicalizar sus protestas esta semana, respondieron que se debe tomar en cuenta que los sargentos y suboficiales conforman el 70% del personal militar y los oficiales llegan al 30%, es decir, para ellos la desigualdad se comprueba con esos porcentajes.
“Sobre el tema salarial, ellos dicen que los discriminan. Desde el año 2000 al 2005 las FFAA no recibieron más incremento que el 3%. Entre 2006 y 2014, en las FFAA se otorgó un incremento mayúsculo. Para dar un ejemplo respecto al crecimiento del presupuesto del sector de defensa y de las FFAA, casi el 80% del presupuesto de las FFAA y del Ministerio de Defensa se va a salarios, a sueldos”, explicó Quintana a medios estatales. Vale decir, la gran mayoría de los recursos de Defensa, una de las carteras que más percibe del Ejecutivo, va para el gasto.
“Cuando llegamos al Gobierno, su presupuesto era de Bs 1.176 millones. Hoy asciende a 2.177 millones, casi el 100% de incremento, y en términos del presupuesto de defensa, de 1.535 millones a Bs 4.150 millones, 170%”, complementó.
Un suboficial, que prefirió no identificarse, explicó que “los suboficiales y sargentos conforman el 70% del personal de las FFAA. Usted se da cuenta de que no es justa la comparación”.
Otro sostuvo que “ellos (los oficiales) son 3.000, nosotros 10.000 (una relación de tres suboficiales por cada oficial). Pero el problema es la distribución desigual. Los oficiales tienen un bono de diplomado, altos estudios, maestría, y otros que no nos llegan. Nosotros tenemos dos bonos, el de diplomado y el jerárquico, y son mínimos”.
Quintana aseveró que en los últimos años, el Gobierno aplicó una escala salarial inversamente proporcional en las FFAA, y eso beneficia a sargentos y suboficiales. “En 2009, el aumento para un general de fuerza era de 4% y para un sargento, de 26%. Esto, para corregir las asimetrías, fue una decisión de shock, porque había una disparidad muy fuerte. En 2012, 1% para un general de fuerza, y 8% para un sargento inicial”, acotó.
Otro suboficial consultado señaló que “el incremento inversamente proporcional no nos conviene. Primero porque al llegar al máximo grado no aspiramos a ganar más de Bs 8.000. Un general gana más de Bs 15.000. Además, nosotros ascendemos, y a medida de que lo hacemos, nuestro ingreso se reduce. Esta opción será buena para una persona que se quedará 30 años en un mismo puesto”. El otro complementó que “los generales aceptaron aumentarse solo el 4% en 2009, porque si accedían al incremento del 26% iban a ganar más que el ministro de Defensa o tal vez que el presidente Evo Morales”.
Para hoy se anuncia la masificación de la huelga de hambre con más familiares y sectores sociales, y para mañana una marcha masiva. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, acusó a los manifestantes de estar con la oposición política
ANÁLISIS
No es correcto ese presupuesto para salarios
Samuel Montaño - ANALISTA
No es correcto que el 80% del presupuesto de la Defensa se vaya a salarios. Dentro de las FFAA, en los últimos años, se ha creado una serie de cargos jerárquicos, y comandos, para mí, con la finalidad de comer más presupuesto. Por ejemplo, no entiendo para qué crear un Comando de Seguridad Aérea para cumplir la Ley de Control Aéreo, aprobada recién.
Se supone que esa misión la tiene la Fuerza Aérea. Lo crearon para generar un nuevo general y coronel que se hagan cargo de este emprendimiento, y eso es más presupuesto.
No es correcto que el 80% del presupuesto vaya a sueldos porque aumenta el número de oficiales, no puede ser que unas FFAA tengan 40.000 hombres, 10.000 oficiales y, digamos 3.000 oficiales; aunque yo creo que no pasan de 700 en este momento.
La tendencia mundial es que las FFAA se reduzcan, tanto en cantidad de oficiales como de tropa. Más que por cuestiones de presupuesto, es para atender la profesionalización. El Ejército de Chile, el de Colombia, que tuvo problemas con las FARC y otras guerrillas, eliminaron mandos ociosos y optimizaron esta lucha. Se debería usar ese dinero en equipamiento y otros temas de inversión estratégica para el área
Los uniformados de baja graduación, que se movilizan desde hace más de tres semanas y amenazan con radicalizar sus protestas esta semana, respondieron que se debe tomar en cuenta que los sargentos y suboficiales conforman el 70% del personal militar y los oficiales llegan al 30%, es decir, para ellos la desigualdad se comprueba con esos porcentajes.
“Sobre el tema salarial, ellos dicen que los discriminan. Desde el año 2000 al 2005 las FFAA no recibieron más incremento que el 3%. Entre 2006 y 2014, en las FFAA se otorgó un incremento mayúsculo. Para dar un ejemplo respecto al crecimiento del presupuesto del sector de defensa y de las FFAA, casi el 80% del presupuesto de las FFAA y del Ministerio de Defensa se va a salarios, a sueldos”, explicó Quintana a medios estatales. Vale decir, la gran mayoría de los recursos de Defensa, una de las carteras que más percibe del Ejecutivo, va para el gasto.
“Cuando llegamos al Gobierno, su presupuesto era de Bs 1.176 millones. Hoy asciende a 2.177 millones, casi el 100% de incremento, y en términos del presupuesto de defensa, de 1.535 millones a Bs 4.150 millones, 170%”, complementó.
Un suboficial, que prefirió no identificarse, explicó que “los suboficiales y sargentos conforman el 70% del personal de las FFAA. Usted se da cuenta de que no es justa la comparación”.
Otro sostuvo que “ellos (los oficiales) son 3.000, nosotros 10.000 (una relación de tres suboficiales por cada oficial). Pero el problema es la distribución desigual. Los oficiales tienen un bono de diplomado, altos estudios, maestría, y otros que no nos llegan. Nosotros tenemos dos bonos, el de diplomado y el jerárquico, y son mínimos”.
Quintana aseveró que en los últimos años, el Gobierno aplicó una escala salarial inversamente proporcional en las FFAA, y eso beneficia a sargentos y suboficiales. “En 2009, el aumento para un general de fuerza era de 4% y para un sargento, de 26%. Esto, para corregir las asimetrías, fue una decisión de shock, porque había una disparidad muy fuerte. En 2012, 1% para un general de fuerza, y 8% para un sargento inicial”, acotó.
Otro suboficial consultado señaló que “el incremento inversamente proporcional no nos conviene. Primero porque al llegar al máximo grado no aspiramos a ganar más de Bs 8.000. Un general gana más de Bs 15.000. Además, nosotros ascendemos, y a medida de que lo hacemos, nuestro ingreso se reduce. Esta opción será buena para una persona que se quedará 30 años en un mismo puesto”. El otro complementó que “los generales aceptaron aumentarse solo el 4% en 2009, porque si accedían al incremento del 26% iban a ganar más que el ministro de Defensa o tal vez que el presidente Evo Morales”.
Para hoy se anuncia la masificación de la huelga de hambre con más familiares y sectores sociales, y para mañana una marcha masiva. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, acusó a los manifestantes de estar con la oposición política
ANÁLISIS
No es correcto ese presupuesto para salarios
Samuel Montaño - ANALISTA
No es correcto que el 80% del presupuesto de la Defensa se vaya a salarios. Dentro de las FFAA, en los últimos años, se ha creado una serie de cargos jerárquicos, y comandos, para mí, con la finalidad de comer más presupuesto. Por ejemplo, no entiendo para qué crear un Comando de Seguridad Aérea para cumplir la Ley de Control Aéreo, aprobada recién.
Se supone que esa misión la tiene la Fuerza Aérea. Lo crearon para generar un nuevo general y coronel que se hagan cargo de este emprendimiento, y eso es más presupuesto.
No es correcto que el 80% del presupuesto vaya a sueldos porque aumenta el número de oficiales, no puede ser que unas FFAA tengan 40.000 hombres, 10.000 oficiales y, digamos 3.000 oficiales; aunque yo creo que no pasan de 700 en este momento.
La tendencia mundial es que las FFAA se reduzcan, tanto en cantidad de oficiales como de tropa. Más que por cuestiones de presupuesto, es para atender la profesionalización. El Ejército de Chile, el de Colombia, que tuvo problemas con las FARC y otras guerrillas, eliminaron mandos ociosos y optimizaron esta lucha. Se debería usar ese dinero en equipamiento y otros temas de inversión estratégica para el área
FFAA dan plazo para apelar bajas y Gobierno ve delitos en protesta
Las Fuerzas Armadas (FFAA) otorgan 15 días para que 715 suboficiales y sargentos puedan apelar sus bajas de la institución. El Gobierno advirtió a los movilizados que las medidas que protagonizan ya incurren en delitos penales como la sedición, por lo que les invocó a no sumarse a más protestas.
El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado, explicó que los uniformados afectados deben presentarse en sus unidades de destino para notificarse con su retiro obligatorio de la entidad. A partir de ese momento, añade, corre el plazo para que puedan plantear el Recurso de Reconsideración, conforme al Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas.
Militares de baja graduación se concentraron en la ciudad de La Paz y protagonizaron el martes y jueves de la anterior semana inéditas marchas en demanda de la eliminación de la discriminación en las filas castrenses y la aprobación de una ley, en la cual plantean anular los grados de sargentos y suboficiales y crear el de oficiales técnicos. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas dio de baja a 715 uniformados.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, criticó, en una entrevista con medios estatales, que los movilizados dejaron sus armas, sus puestos en sus unidades y las fronteras, poniendo en riesgo la seguridad del Estado, “amenazando la democracia, el proceso de transformación, de cambio”.
“Ya no es un problema de disciplina, ya no es un problema de faltas que tiene sanciones por el Reglamento 23 de Falta Disciplinarias y Sanciones, esto es sedición, instigación al delito”, aseguró y pidió reflexión en las filas de los uniformados. Quienes “pretenden incorporarse, cesen en sus medidas”.
El artículo 130 del Código Penal prevé que la instigación pública a delinquir es sancionada con entre un mes y un año de cárcel, y hasta con dos años si se refiere a delitos contra la seguridad del Estado. La sedición es penada con hasta tres años de reclusión.
En el comunicado de Defensa se asegura que los uniformados retirados tienen garantizado su derecho a la defensa. De aceptarse la reconsideración, será anulado el retiro; de no ser así, el afectado podrá recurrir a otras dos instancias superiores. “Tienen garantizada ampliamente su defensa”, refiere parte del documento.
Una asamblea del viernes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss) rechazó que sus medidas busquen la desestabilización del Gobierno, como denunció la jerarquía militar el miércoles, y convocó para el martes a una concentración en La Paz. La representante de las esposas de los uniformados en Cochabamba, Maribel Moscoso, indicó que lograron el apoyo de organizaciones sociales de esta ciudad y de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
“El martes estaremos en La Paz con líderes de cada organización, mientras la huelga de las esposas persistirá porque consideramos intransigente e injusta la postura de no escuchar y encima despedir a tantos suboficiales”. Cinco esposas en huelga en Santa Cruz levantaron su medida y anunciaron que llegarán mañana a La Paz.
En La Paz, un uniformado, que pidió el anonimato, rechazó la posición de Quintana. Negó acciones de sedición y anunció masificar protestas hasta lograr atención a sus pedidos. El secretario de Relaciones de los Ponchos Rojos, Raúl Bautista, aseguró que 300 de sus afiliados participarán de la concentración del martes. “Queremos que se instale el diálogo y quede sin efecto el despido de más de 700 suboficiales”. A diferencia de este sector, dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a sectores afines al oficialismo, condenaron la movilización militar.
El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Víctor Hugo Meneses, informó ayer que la baja de 715 uniformados fue por inasistencia a sus fuentes de trabajo, según ANF.
El presidente Evo Morales exigió el viernes disciplina y el vicepresidente Álvaro García negó el sábado diálogo al margen del respeto a la cadena de mando y el conducto regular. El ministro Quintana consideró que los movilizados “están en la esfera del delito”.
‘Nos duele muchísimo lo que pasa’
Pesar
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo: “Como Gobierno no- sotros expresamos todo nuestro pesar por esta situación. Estamos preocupados. Nos duele muchísimo lo que está pasando”.
Presupuesto militar es de Bs 2.177 MM
El presupuesto de las Fuerzas Armadas creció entre 2006 y 2014 de Bs 1.176 millones a Bs 2.177 millones, de los que el 80% se encuentra destinado a sueldos de los militares, informó ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
“Por lo tanto, convierte a las Fuerzas Armadas en una institución bastante inercial”, consideró la autoridad en una entrevista con los medios estatales. Añadió que el presupuesto “en términos de Defensa (subió en el mismo periodo) de Bs 1.500 millones a Bs 4.150 millones, 170% más”.
Mencionó el tema en el marco de una explicación sobre la situación en la institución castrense y la demanda de los sargentos y suboficiales, que denuncian discriminación. Aseguró que rige un incremento inversamente proporcional, es decir que quienes ganan menos reciben un mayor incremento.
Quintana puso el ejemplo de 2009, cuando los uniformados de baja graduación —afirmó— recibieron una mejora del 26% frente al 4% para los generales.
Los movilizados plantearon un pliego en el que demandan, entre otros aspectos, igualdad de derechos en la atención médica y de medicamentos; no al abuso de autoridades; inclusión de sargentos y suboficiales abogados en tribunales militares, y que el proyecto de “descolonización” siga su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ministro remarcó que la mayoría de las demandas está atendida y que el tratamiento de la iniciativa legal se encuentra en manos de los legisladores, aunque adelantó el rechazo a propuestas inscritas en esa iniciativa como crear la guardia nacional y eliminar los rangos de sargentos y suboficiales.
“Tengo la impresión de que una gran parte de suboficiales y sargentos han sido mal informados, manipulados, engañados”, cuestionó, y abogó por la reflexión de los movilizados.
Ministro Quintana
Denuncias
Gobierno pedirá informes al Defensor del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia para constatar si se tramitan denuncias de discriminación a suboficiales y sargentos.
Guardia nacional
“Quieren crear una guardia nacional, no existe en la Constitución y plantean una tropa profesional como una estrategia de empleo”; no hay condiciones económicas para aceptarlo, dijo Quintana.
Profesión
En la FAB hay 83 suboficiales y sargentos con profesión al margen de la militar, frente a 56 oficiales; en la Armada 35 frente a 42 oficiales, y en el Ejército 101 frente a 98.
En el exterior
Hay siete oficiales de la FAB como agregados y adjuntos en legaciones, frente a dos suboficiales y sargentos; de la Armada son nueve oficiales y uno de baja graduación; en el Ejército hay cinco oficiales y cuatro suboficiales.
Conflicto
Militares empezaron el 3 de abril las protestas y anuncian radicalizarlas.
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