En una entrevista en el programa ¡Qué Semana!, que se emite por EL DEBER Radio, Edgar Álvarez, dirigente gremial, confirmó la convocatoria a un paro movilizado para el lunes, 10 de febrero. La medida, que se llevará a cabo a nivel nacional, es impulsada por diversos sectores, incluyendo industriales, productores, agropecuarios, exportadores y gremiales.
El paro, según Álvarez, se realiza en rechazo a la disposición séptima de la Ley Financiera 1613, a la consideran confiscatoria y lesiva para el comercio. Esta normativa, según el dirigente, vulnera los derechos de los comerciantes al permitir que autoridades gubernamentales confisquen bienes bajo sospecha de agio o especulación, sin necesidad de un debido proceso judicial.
Movilización sin bloqueos
El dirigente gremial aclaró que, aunque la movilización será masiva, no se realizarán bloqueos de rutas en esta primera instancia. "No queremos perjudicar a la población ni a otros sectores económicos que ya están golpeados", afirmó Álvarez. Sin embargo, aseguró que la posibilidad de bloqueos no está descartada para futuras medidas de presión.
Desde las 8 de la mañana, los gremiales y otros sectores se concentrarán en la plaza del Cementerio, en Santa Cruz. Durante la jornada, las marchas recorrerán el centro de la ciudad y concluirán en la avenida Brasil, en el Mercado Ferretero, a las 4 de la tarde, donde se evaluará la jornada de protesta.
La atención en los mercados será parcial, pero el transporte público y el sistema educativo funcionarán con normalidad. Álvarez destacó la unidad de los sectores productivos en esta medida, enfatizando que la cadena productiva alimenticia está siendo afectada por la nueva normativa.
El dirigente también respondió a críticas sobre divisiones dentro del sector gremial, asegurando que algunos dirigentes han tomado posturas favorables al gobierno, pero que la base gremial está firme en su rechazo a la normativa.
Sin diálogo con el Gobierno
Sobre la posibilidad de negociaciones, Álvarez indicó que el sector no asistirá a ningún diálogo ni socialización de la normativa, ya que consideran que hacerlo sería "validar" la disposición séptima.
Finalmente, indicó que la movilización del lunes será solo el inicio de una lucha constante hasta lograr la derogación de la normativa. "El mandato es estar permanentemente movilizados hasta conseguir la derogación", concluyó.
Cerca de 35 instituciones a escala nacional decidieron apoyar esta movilización. En tanto, el Gobierno aseguró que la movilización es política y radical.
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