Nancy tiene 28 años, de los cuales cuatro años, 10 meses y 18 días está detenida preventivamente en el penal de Palmasola. Es acusada de matar a su hijo de 10 meses, hecho sucedido en noviembre de 2009. Fue detenida al día siguiente y enviada a la cárcel por un juez cautelar desde aquel momento, ya que ella admitió haber cometido el crimen presuntamente aturdida por problemas personales.
La Fiscalía, que solicitó su detención preventiva, la acusó en diciembre de 2010 para ir a un juicio oral, seis meses después de vencido el plazo que la norma procesal penal pone como tope máximo para que se concluya la etapa investigativa. Sin embargo, recién el mes pasado Nancy fue notificada con la acusación, procedimiento que ella rechazó porque supuestamente no lo hicieron con las pruebas de cargo en su contra.
La situación de esta mujer, que de ser hallada culpable por el delito de homicidio por emoción violenta puede ser condenada a un mínimo de dos años de prisión o a un máximo de ocho, es parte de las más de 70.000 causas que deberán ser ‘liquidadas’ desde la siguiente semana por los 14 juzgados cautelares, que a partir de mañana no recibirán nuevos procesos y deben acelerar los casos como el de Nancy, que muestran cómo la retardación de justicia parece haberse convertido en regla.
Altas expectativas
La determinación asumida desde el Tribunal Supremo de Justicia ha generado expectativa entre los litigantes que a diario ‘peregrinan’ en los ambientes del Palacio de Justicia, ya que afirman que la saturación del sistema procesal penal puede descongestionarse.
“Estas nuevas disposiciones pueden hacer que la cantidad de detenidos preventivos baje y solo se queden en el penal aquellos que deben purgar sus penas”, comentó Eladio Carvajal, un abogado que estaba ingresando un memorial para conseguir que su cliente, acusado por el delito de robo, obtenga la libertad preventiva luego de más de un año de estar preso.
Algunos de los juzgadores cautelares, que están en el ‘ojo de la tormenta’ porque son observados como los principales causantes de la retardación de justicia, reconocen tener parte de culpa en esta situación, aunque aclaran que la responsabilidad es compartida con los fiscales, ya que son ellos quienes deben cumplir los plazos procesales y aplicar las disposiciones que la ley les faculta para evitar que las causas se extiendan por meses y años.
Hasta la semana pasada cada uno de los 14 juzgados cautelares recibió un promedio de 1.000 casos nuevos, sin contar que los juzgados antiguos empezaron este año judicial con una carga procesal superior cercana a las 60.000 causas.
Disposiciones cautelares
Alaín Núñez, vocal del Tribunal Departamental de Justicia, señaló que además de que nueve jueces técnicos serán cautelares por algo más de tres meses mientras sus colegas ‘despachan’ los procesos rezagados, se ha pedido que los administradores de justicia apliquen con severidad la norma y velen por el cumplimiento de los plazos legales.
“No se está aplicando la ley, no se cumplen los plazos procesales”, sostuvo Núñez
Cifras
59.502
Causas rezagadas hasta 2012
El poder judicial cruceño comenzó en 2013 con esta cantidad de causas pendientes en el sistema cautelar.
48.040
Procesos sin movimiento
Esta es la cantidad acumulada de inicios de investigación que no tienen movimiento procesal.
RECOMENDACIONES
Mejorando la aplicación de las normativas
1 Los jueces preguntarán a los fiscales, al final de la audiencia cautelar, el tiempo que necesitan para concluir su investigación y así fijar un plazo para que acusen.
2 Los juzgadores cautelares que liquidarán los procesos pendientes priorizarán los casos que tengan detenidos preventivos, para bajar el hacinamiento carcelario.
3 Para evitar excusas y causales para suspender las audiencias, los jueces se instalarán en Palmasola a fin de realizar todas las audiencias que sean necesarias.
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